El nuevo escenario político mexicano
México D.F. – La LXI Legislatura que se inició ayer es clave para el futuro de México. En este trienio (2009-2012) debe configurarse el mapa político mexicano ante los comicios presidenciales de 2012. Además, el gobierno de Felipe Calderón está obligado a recuperar la iniciativa política tras la derrota electoral de julio para afrontar las consecuencias de la crisis económica y la lucha contra el crimen organizado.
La legislatura de los presidenciables
Otro de los temas que estará en juego en esta 61 legislatura es que en un horizonte ya cercano debe empezar a definirse el nombre de los presidenciables, los hombres que en 2012 lucharán por la presidencia. Dos nombres sobresalen entre los demás: el alcalde de México, Marcelo Ebrard del PRD y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.
Como informaban ayer los periódicos Milenio y El Universal ambos tienen a muchos diputados en esta legislatura que pueden ser considerados como aliados. Peña Nieto tendría unos 100 de los 237 y además, algunos analistas consideran que el expresidente Carlos Salinas de Gortari estaría apoyando a Peña Nieto como evidencia la elección de un salinista como Francisco Rojas como coordinador de la bancada priista.
En el PAN, aún no sobresale ninguna figura aunque suenan los nombres de Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Manuel Espino. Además, en la izquierda no hay que descartar nunca a Andrés Manuel López Obrador que si no cuenta con el apoyo del PRD puede optar por otras formaciones, como el PT, ni al presidente nacional del PRD, Jesús Ortega quien ha anunciado su intención de integrar un frente que congregue a organizaciones de izquierda.
La legislatura del "pato rengo"
La derrota del PAN en las elecciones legislativas de junio y la mayoría con la que cuenta el PRI en el legislativo (en alianza con el partido verde) convierten a Felipe Calderón en un presidente con poderes recortados ("pato rengo") antes de tiempo como ya le ocurriera a partir de 2003 a su antecesor Vicente Fox. Para eludir esa sensación, el gobierno aspira a retomar la iniciativa y controlar la agenda política sobre todo en temas como la lucha contra la crisis económica.
Como asegura la revista El Semanario, "el inquilino de Los Pinos está armando la que será la gran estrategia que marcará el tono del segundo periodo de su administración…Según los testimonios, la consigna es abandonar la timidez en la tarea de gobierno y dar vida a la negociación sin miedo".
Todo apunta a que Calderón podría remodelar el gobierno y lanzar "su propia bitácora de medidas para salir de la parálisis y lance señales hacia los ciudadanos en torno de su aparente compromiso para blindar su bolsillo y acabar con la barbarie de la delincuencia". Todo con un objetivo: evitar dar una imagen de debilidad política, dar continuidad a su gestión y centrarse en dos temas: la economía y la seguridad.
La legislatura de la crisis
La 61 legislatura arranca en medio de la peor crisis económica de México en su historia moderna. Este año, la economía se contraerá en torno al 8%. el peor desempeño de toda la región, según la CEPAL. El ejecutivo se enfrenta a un año 2010 muy difícil ya que se prevé que habrá un déficit de 380 mil millones de pesos (29 mil millones de dólares), y por ello el ministro de Hacienda, Agustín Carstens buscará acuerdos con el PRI para relanzar una nueva reformar fiscal.
Carstens confesó a los senadores del PAN que tiene la intención de elevar tarifas y precios de servicios y bienes, como la luz y la gasolina, a fin de obtener 160 mil millones de pesos que permitan cubrir, en parte, el hueco de 380 mil millones que se prevé para 2010. De esos 160 mil millones, 20 mil serán producto de una mejora en la eficiencia recaudatoria.
Las grandes reformas estructurales deberán quedar pospuestas para otro sexenio pues lo urgente (salir de la crisis) tapará lo importante (los cambios integrales para modernizar la economía mexicana). Como aseguraba el director de Análisis y Estrategia para América Latina del Banco Santander, José Juan Ruiz, a INFOLATAM, en México "no existe consenso ni ambiente social para asumir los costes y sacrificios que suponen las reformas por lo que no hay interés en llevarlas adelante en estos momentos".
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