Los costos de la decisión de Rosales
Por María Teresa Romero
Caracas – Lamentablemente, la muy comprensible decisión del alcalde Manuel Rosales de abandonar el país y refugiarse en la muy antigua y humanitaria institución de asilo político, no va a dejar de producirle costos políticos a su liderazgo político opositor; aunque tampoco a la imagen democrática del gobierno de Hugo Chávez y posiblemente a las relaciones entre Venezuela y Perú.
En efecto, si bien la sociedad democrática venezolana comprende que tal decisión es producto de la evidente persecución y saña política de la que Rosales ha sido objeto desde sus exitosas campaña electorales del 2006, 2007 y 2008 (la primera hizo posible que obtuviera el casi 40% de los votos como candidato presidencial de la oposición, la segunda que el gobierno perdiera el referéndum para modificar 69 artículos de la Constitución, y la tercera lo llevó de nuevo a ganar la importante Alcaldía de Maracaibo), ya ella está manifestando desilusión con la pérdida de un nuevo dirigente opositor. Es que, como bien han señalado varios sondeos de opinión pública recientes, la mayoría de los venezolanos antichavistas, o que se sitúan en el sector de los independientes, quiere ver líderes heroicos, que le hagan frente en forma personal y directa a los abusos e injusticias del chavismo, así sea sacrificando sus vidas. Aunque no sea ni justo, ni sensato, ni realista, quieren tener a un gladiador batallando en la actual arena política venezolana.
Aun cuando a una buena parte de los venezolanos –incluso entre muchos del chavismo- no le cabe duda que Manuel Rosales es una víctima de la justicia revolucionaria, que en Venezuela no tendría condiciones para un juicio justo, y que cumplirá un papel importante en el exilio haciendo conocer internacionalmente el creciente talante autoritario de Hugo Chávez y su nueva arremetida judicial en contra de los dirigentes opositores, especialmente aquellos alcaldes y gobernadores que fueron escogidos en las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008, persiste la desilusión, la desmoralización y hasta la desconfianza. Son varios ya los opositores que han debido abandonar el país por razones políticas y ninguno ha podido conservar su liderazgo interno. Más bien se han anulado políticamente.
Además, es obvio que al recibir asilo político, sea en Perú o el cualquier otro país vecino, Rosales tendrá que moderar su discurso político. De hecho, Rosales ya recibió una amonestación pública por parte del canciller peruano por las declaraciones que hiciera en Lima (justo en momentos en que el gobierno peruano estaba reunido para evaluar su petición de asilo político), en las que se pronunció políticamente y atacó a Hugo Chávez calificándolo de "cobarde" y "dictadorzuelo". No por casualidad, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, le recordó públicamente que no puede usar a Perú como plataforma política.
Pero la salida de Rosales también afecta la imagen del gobierno de Chávez ante la comunidad democrática internacional. Rosales no es otro líder opositor más, sino uno que ha sido candidato presidencial, así como alcalde y gobernador del principal estado venezolano dada su riqueza petrolera, situación geoestratégica, y densidad poblacional. Rosales tiene prestigio doméstico y exterior, y le es muy difícil al gobierno demostrar que sólo lo persigue por haber cometido actos de corrupción, ya que desde la campaña electoral para las elecciones regionales de 2008, el propio presidente Chávez manifestó públicamente su voluntad de llevarlo a la cárcel. "Manuel Rosales, vas preso", dijo en esa oportunidad. Inmediatamente después de esta orden presidencial, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, así como la Contraloría General de la república, investigaron y acusaron a Rosales de varios delitos de corrupción. Más tarde, el 11 de diciembre de 2008, la fiscalía venezolana lo acusó formalmente de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometido durante su gestión como gobernador del Estado de Zulia.
Y precisamente, estas evidencias de persecución política, son las que seguramente servirán para que el gobierno de Perú u otro le otorgue asilo político a Manuel Rosales. Pero al hacerlo, ello también le producirá costos en sus relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano.
No importa que Perú, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, le haya otorgado asilo a 93 militares venezolanos que acompañaron a Hugo Chávez en su intentona golpista de 1992. Pese a ello, es probable que el gobierno de Chávez ponga a prueba al de Perú, país con quien ya ha tenido discrepancias e impasses diplomáticos en el pasado. En 2006, tanto Lima como Caracas decidieron retirar sus embajadores luego de un período de tensión diplomática originada por el respaldo que le otorgó el presidente venezolano al candidato peruano Ollanta Humala, quien luego perdió las elecciones ante Alan García. Los gobiernos reanudaron sus lazos diplomáticos a principios de 2007. De hecho, ya la diputada oficialista Desireé Santos Amaral le pidió al gobierno peruano que analice bien el pedido de asilo de Rosales ya que ello podría generar “malestar” en el gobierno y la población venezolana porque “daría la sensación de que está amparando a corruptos”.
Lo lógico sería, como sucedió en 1992, que el gobierno venezolano aceptara la decisión de las autoridades peruanas, aunque no las compartiera. Pero el gobierno de Hugo Chávez es distinto al de entonces gobierno de Carlos Andrés Pérez que respetaba los convenios y tratados internacionales suscritos, en particular el derecho de asilo.
De modo que no es de extrañar que Hugo Chávez ponga “entre la espada y la pared” al gobierno de Alan García, con quien en la actualidad mantiene una relación diplomática y comercial buena, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas entre ambos. En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los mercados latinoamericanos más importantes para las exportaciones peruanas, y en el 2008 la balanza comercial fue positiva para el Perú en US$743 millones.
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