¡Abajo las normas anticompetitivas!

En el año 1994, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) —presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez— publicó un informe con el excitante título de «Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los servicios y atajar el daño causado por los monopolios». El informe recordaba a Francisco Cabarrús que, en el año 1778, concluía que la libertad —este bien tan escaso— debe combatir «el interés de pocos y la ignorancia de muchos».

 

Tan solemne declaración se tradujo en un conjunto de propuestas dirigidas a eliminar normas ineficientes que favorecían a unos pocos en perjuicio de muchos. Y, sobre todo, las propuestas se trasladaron al debate público; una tradición casi extinguida pese a que refleja la prístina expresión de la democracia.

 

Entre las recomendaciones del TDC destacaba su propuesta de «un procedimiento permanente de reforma» que incluía el «presupuesto de las restricciones a la Competencia». La propuesta, formalmente, era simple pero su calado era muy profundo pues consistía «en que el Parlamento, además de los impuestos y los gastos que están explícitos en el Presupuesto, tenga que aprobar —o al menos conocer anualmente— impuestos y gastos que están implícitos en las restricciones a la competencia». Por ejemplo, en el documento se decía que las rentas monopolísticas anuales del sector farmacéutico para el periodo 1984-1991 habían oscilado entre 21.000 y 53.297 millones de pesetas anuales; una magnitud considerable. Pero lo relevante era la afirmación de que «los beneficios resultantes de las restricciones son ingresados por los titulares de las Oficinas de Farmacia». A costa de los enfermos, por supuesto. ¿A qué astronómica magnitud ascenderían ahora estas rentas de monopolio? Dado que las restricciones de la competencia en el sector están especificadas, sería un buen ejercicio para la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y su economista jefe calcular dicha magnitud e impulsar el proceso de reforma. Seguro que sus conclusiones no nos dejarían indiferentes e incluso sorprenderían a sus turiferarios.

 

Ahora, la CNC ha publicado un relevante y potente documento que subraya que «la competencia beneficia a todos» y que «la defensa de la competencia es un deber de todos los poderes públicos». El documento, que parte del supuesto de que «Buena parte de los proyectos normativos o actuaciones administrativas pueden tener impacto sobre el funcionamiento de la competencia», quiere ser una «guía para la elaboración de memorias de competencia de los proyectos normativos». La idea pese a su indudable interés no es nueva. En el documento del TDC citado —que no es mencionado por la CNC— se proponía «que toda disposición normativa —con rango legal o reglamentario— que se proponga aprobar el Gobierno, sea sometido a un "test" de competencia» que se fije en, al menos, dos cuestiones: a)

«señalar si se introduce alguna restricción a la competencia» y b) «Si ése es el caso, justificar por qué no hay otra forma de alcanzar los objetivos públicos que se persiguen».

 

En el documento de la CNC, en la misma línea, se propone que todos los poderes públicos regulen «de forma eficiente desde el punto de vista de la competencia» de manera que se evite «que sea el propio poder público el que, a través de sus actuaciones normativas o administrativas, introduzca restricciones injustificadas a la competencia». Por ello, se sugiere que los poderes públicos elaboren la «memoria de Competencia» y que en el caso de no poder justificar las restricciones a la competencia se modifiquen los proyectos normativos. ¡Gran propuesta! Se refiere también la CNC a las inconcreciones o indeterminaciones de los textos legales o a las contradicciones entre objetivos perseguidos. Como ocurrió, por ejemplo, en un proyecto de ley de ordenación del mercado de tabacos donde se declaraban extinguidos los privilegios y a continuación se exigía una licencia.

 

Lo relevante del documento de la CNC es que menciona una multitud de actividades sometidas a restricciones a la competencia amparadas por normas ineficientes. El propio listado es una guía para la acción. Ahora se trata que la CNC contribuya a liberarnos de la pesada losa de las restricciones a la libertad económica. Me atrevo a sugerir que tras las oficinas de farmacia se siga con el precio de los libros, el suelo, los convenios colectivos, las profesiones colegiadas y el sector comercial. Tras este prolegómeno, la CNC, podría continuar con la distribución de tabaco, el alquiler de vehículos, las telecomunicaciones, las agencias de viaje, el cemento, el transporte por carretera, la energía, y un largo etcétera. Y, sobre todo, debe abordar el asunto de las restricciones impuestas por las administraciones subcentrales.

 

Pero la CNC no debe olvidar que los problemas no se resuelven solos. Como sostenía el TDC, es necesario estimular el debate. Y debe hacerlo porque quienes sí lo estimulan en defensa de sus beneficios monopolísticos son quienes operan protegidos de la competencia, como los boticarios. El interés de unos pocos, la ignorancia de muchos y el bienestar económico lo exigen. En estos momentos en que la crisis requiere, como nunca, el ejercicio de la actividad empresarial sin obstáculos innecesarios debe iluminarse el panorama económico desde la libertad económica como referencia.