La jugada más difícil de Correa
Madrid - El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha debido tomar una de las decisiones más complicadas de su corta vida política: la declaración de la moratoria de su país en el pago de los intereses de los bonos Global 12, por un importe cercano a los 31 millones de dólares. Prueba de sus dificultades ha sido su intenso diálogo con las alturas: "He rezado mucho para que Dios me ayude a tomar la decisión adecuada. Hay grandes riesgos, hay buitres externos e internos. Muchos analistas son asesores de tenedores. Hay muchos banqueros que tienen deuda".
El presidente Correa es economista y teóricamente posee un background más que adecuado para afrontar cualquier aspecto vinculado con la deuda externa. Ahora bien, si aplica a las cuestiones financieras el mismo sesgo ideológico que introduce en sus reflexiones sobre la historia económica latinoamericana es más que probable que el resultado de sus actos suponga grandes turbulencias para todos los ecuatorianos. De hecho, en los últimos días, el riesgo país ha superado los 3.000 puntos y es bastante probable que rápidamente alcance los 5.000.
La suspensión del pago de la deuda viene recubierta de una serie de consideraciones de tipo ético, moral e ideológico, y, también, de un astuto cálculo político relacionado con las próximas elecciones presidenciales, que deberán celebrarse a fines de abril de 2009. En julio de 2007 el presidente creó la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), integrada por técnicos y políticos ecuatorianos y extranjeros. Según el artículo 2º del decreto de creación de la CAIC, su principal objetivo era: "examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos".
Es evidente que semejante presentación ya está presuponiendo buena parte de la respuesta y ésta, como no podía ser de otra manera, fue contundente: una parte importante de la deuda externa ecuatoriana es "ilegítima". Hasta ahora tan peculiar denuncia, que afecta a los prestamistas y no a los responsables ecuatorianos de los desaguisados, en el caso de haberlos, se ha centrado en un préstamo de 234 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), que hizo posible la construcción de la presa hidroeléctrica de San Francisco, por la empresa constructora brasileña Odebretch. Sin embargo, no sería descartable que en un futuro próximo los focos también se centraran sobre préstamos españoles, ya que de 36 contratos de crédito bilateral analizados por la CAIC, 16 son de España. Una serie de ONG españolas han iniciado una campaña para que el gobierno del presidente Zapatero no reaccione si Ecuador suspende el pago de las deudas con España declaradas "ilegítimas", deuda que afecta especialmente a créditos FAD.
Con el telón de fondo de la crisis financiera internacional está claro que el futuro crediticio ecuatoriano va a estar marcado por negros nubarrones. El rumbo por el cual quiere circular el presidente Correa sólo incrementa la inseguridad jurídica de los inversores, que se retraerán de nuevas aventuras en el país. Esto ocurre cuando desde dentro de la empresa estatal ecuatoriana de producción de petróleo (Petroecuador) comienzan a surgir voces advirtiendo que el límite de producción de crudo está cercano si no se invierte más en exploración y prospección y si no se destina más dinero a mantener activos los campos que han iniciado su declive descendente.
Podría pensarse que la nueva política internacional de Ecuador permitiría equilibrar las cosas. Hay fuertes indicios de que el gobierno de Quito finalmente terminaría incorporándose al ALBA, lo que llevaría a reforzar los vínculos con Hugo Chávez. En la misma línea iría la nueva política de alianzas, que busca potenciar los vínculos con Irán y Rusia, de manera de compensar con su ayuda lo que se pierda en los mercados financieros internacionales y la mayor dureza de los organismos multilaterales en caso de que el país marche irremediablemente hacia el default. Sin embargo, se da la circunstancia de que la bajada de los precios del petróleo no sólo afecta a Ecuador sino también a sus nuevos y principales aliados, lo que convertiría el futuro en algo mucho más complicado.
Durante su reciente visita a Irán el presidente Correa señaló de forma rotunda: "Nuestra intención en las relaciones estratégicas con Irán es promover una verdadera identidad del Ecuador como un importante país en América Latina y conseguir la independencia de los Estados Unidos". En verdad, no hacía falta viajar tan lejos ni para autoafirmarse identitariamente, ni para independizarse de los Estados Unidos. El problema de fondo es, como se señaló más arriba, el sesgo ideológico y el profundo nacionalismo con los que Rafael Correa impregna todos sus actos, algunos de los cuales pueden comprometer seriamente el futuro de su propio país.
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