Dos polémicas ajenas

Por Juan Camilo Restrepo
Portafolio

En Argentina, la popularidad de la presidenta Cristina Kitchner anda por el suelo y la inflación por las nubes. Su Gobierno fue derrotado por el estrecho margen de un voto -el de su propio Vicepresidente- en el intento por imponer un impuesto creciente a las exportaciones de granos. En México se debate tozudamente si Pemex (la petrolera estatal) debe aflojar el férreo monopolio para ser la única entidad autorizada para explorar, explotar, refinar y distribuir combustibles.Afortunadamente, ambos debates serían improcedentes en Colombia.

Lo de Argentina fue un pulso de fuerza que ganó el sector rural frente al Gobierno de los Kitchner. Estos últimos aprovechando el alza de los precios internacionales de los granos (especialmente de la soya), quisieron pegarle un manotazo fiscal a los cerealistas con un impuesto creciente, cuya tarifa dependiera de los precios externos.

Su tentativa equivalió a algo así como si el ex presidente López Michelsen durante la bonanza cafetera de 1977, en vez de haber afirmado valientemente como lo hizo que ‘La bonanza era de los cafeteros’, hubiera intentado hacer lo contrario. Se calcula que esta derrota le representó al fisco argentino cerca de 1.500 millones de dólares de pérdidas anuales. Pero ante todo constituye un fracaso político devastador para la mandataria de la Casa Rosada.

Esta es una polémica de improbable ocurrencia en Colombia. De vieja data tenemos aceptado que las exportaciones no deben gravarse con tributos especiales. Las reglas de juego fiscales deben mantenerse, tanto en épocas de bonanza, como en las de malos precios. Cuando se presenten auges inesperados en los precios de los productos básicos, lo que corresponde hacer (para evitar la enfermedad holandesa) es un ahorro general de gasto público. Más que imponer gravámenes arbitrarios a unos pocos sectores. El caso mexicano es diferente, pero igualmente visceral.

El 40% de la gasolina que se consume allí es importada, porque Pemex no alcanza a refinar el total de los combustibles que se consumen. Las reservas de México están cayendo a marchas forzadas, y el Estado mexicano no alcanza a financiar los requerimientos de la expansión de la industria petroquímica.

El Gobierno de Felipe Calderón no ha llegado hasta proponer que se reforme el sacrosanto principio de la Constitución mexicana, que consagra (desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, en los años 30 del siglo pasado), que todo lo que tenga que ver con los hidrocarburos debe ser monopolio estatal.

La propuesta que ha presentado es más modesta. Lo que hace, además de modernizar el gobierno corporativo de Pemex y de dotarla de mayor flexibilidad presupuestal, es permitir que ciertas actividades, tales como la refinación o la distribución, pueda adelantarlas en asocio de otras empresas públicas o privadas. Pero ni así. Mientras se le agota el petróleo, México está incendiado con este debate.

Ésta es también una polémica que sería exótica en Colombia. Donde desde muchos años el sector privado puede participar en el negocio de la distribución de la gasolina y del gas. Donde Ecopetrol va a adelantar, de la mano del sector privado, la ampliación de la refinería de Cartagena por valor de US$2.700 millones como se ha anunciado recientemente. Y donde el nuevo estatuto de Ecopetrol, parcialmente la privatiza, además de dotarla de una mayor flexibilidad presupuestal y corporativa. Países diferentes:
preocupaciones distintas.