Cada uno a su casa

Por Jesús Ruiz Nestosa
ABC Digital

SALAMANCA. La crisis no se vino sola. A medida que iban desapareciendo los puestos de trabajo iban apareciendo otros temores. Entre ellos, tomó fuerza la idea de que los inmigrantes eran uno de los principales responsables de tal situación, pues ellos eran quienes les quitaban esos puestos. En tiempos de bonanza no se pensaba en esto. Era suficiente con ver a ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, peruanos, trabajando en lo alto de los edificios que se multiplicaban sin cesar.Pero ahora las cosas han cambiado y nadie compra un departamento. Y quienes compraron uno como inversión, tratan de desprenderse de él lo más pronto posible.

Durante la pasada campaña presidencial, el candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, utilizó como una de sus propuestas de choque que, si llegaba a la presidencia, iba a obligar a todos los inmigrantes a firmar un documento por el cual se comprometían a adaptarse a las costumbres locales. La idea, en aquel momento, fue motivo de ironías y burlas, especialmente por parte de la oposición, ya que se preguntaban cuáles eran las costumbres a las que había que adaptarse y cuáles no.

Rajoy perdió las elecciones y el siguiente ramalazo, quizá el más fuerte, vino de Italia donde los neofascistas (muchos dicen que lo de «neo» sobra) iniciaron una campaña de pánico contra los gitanos, primero, y los inmigrantes después. Los neofascistas, alentados por el discurso xenófobo, no solo de Berlusconi sino de las más altas autoridades del norte y del sur, desencadenaron una ola de violencia digna de épocas pasadas con heridos, muertos, detenidos, incendios de viviendas, traslado de gente.

En Francia, Sarkozy, que veía su popularidad desmoronarse de manera acelerada a medida que pasaba el tiempo, cuando ya no era suficiente su imagen de playboy ni las fotografías al lado de su novia de entonces, su esposa hoy, Carla Bruni, pues insistió en el tema de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal. Logró que España aceptara en parte su idea, se pulieron las propuestas, se redactaron los documentos, y esta semana se votaron en Bruselas, en el Parlamento Europeo, las nuevas medidas a ser tomadas contra los inmigrantes irregulares.

Una de las medidas más cuestionadas por los grupos defensores de los derechos humanos es la relacionada con el tiempo de detención de los inmigrantes sin papeles. España, donde el tiempo máximo era de cuarenta días, tendrá que ajustarse a las nuevas medidas que han aumentado a seis meses esa detención que se podrá extender por otros doce meses si el inmigrante no coopera con su identificación.

Los menores no acompañados cuyo origen no se pueda determinar (esto es frecuente con quienes vienen de Africa) podrán ser devueltos a otro país, no importa que sea o no el suyo de origen; o bien entregados a tutores que no sean sus padres. Los expulsados no podrán regresar a Europa en un plazo de cinco años.

Amnistía Internacional reaccionó ante esta decisión afirmando que la expulsión de los inmigrantes sin papeles y su devolución a sus países de origen no ofrecen ninguna garantía de que se realicen dentro de normas mínimas de respeto a la dignidad de las personas.

De manera paralela, el Gobierno de España proyecta un sistema de repatriación para los inmigrantes que tengan papeles, ofreciéndoles el pago del pasaje aéreo más lo que le corresponda por su retiro de la Seguridad Social. Podrán regresar después de tres años (otros dicen cinco) y se les reconocerán todos los privilegios que hayan logrado: antigüedad en la Seguridad Social, tarjeta de residencia con el tiempo acumulado y otras ventajas. Pero desde diversos sectores han criticado este plan alegando que no dio resultados positivos en ningún país en que fue aplicado.

Por el momento, hay una cierta cautela en el gobierno, ya que los inmigrantes, con papeles o sin ellos, prestan hoy, incluso después de la crisis en la industria de la construcción, una serie de servicios que no podrán ser cubiertos de otra manera. Entonces habrá que evaluar si los problemas sociales provocados por la inmigración ilegal son más graves que aquellos problemas que ella soluciona.