Guatemala: Democracia en deterioro

Editorial – Siglo XXI

El período que está por finalizar nos deja sinsabores a causa de los conflictos que afectaron el andamiaje político-institucional.

El TSE, la PNC y el sistema de partidos políticos, los principales responsables de crear la desconfianza ciudadana.

Las experiencias que deja el año 2007 en el ámbito político e institucional, marcadas más por el conflicto y el fracaso que por los pasos hacia adelante, deben servirle a los responsables de su conducción como referentes para enmendar y buscar la obligada reorientación de los objetivos del Estado.

No es posible que los guatemaltecos volvamos a vivir situaciones como las observadas durante este período precedente, y cuya principal secuela es el deterioro del andamiaje institucional. Y sin embargo, eso es lo que ocurre cuando las fuerzas de seguridad se involucran en ejecuciones extrajudiciales y cuando el ente responsable de velar por la transparencia en materia político-electoral, ni siquiera es capaz de velar por el cumplimiento de la ley en el campo que le compete. O, peor aún, cuando los integrantes de uno de los organismos estatales fundamentales para la democracia reniegan de su propia naturaleza y se dedican a legislar en procura de beneficios personales.

Por si fuera poco, durante el período que está por finalizar fuimos testigos de cómo algunos representantes de la comunidad internacional nos vendieron anzuelos que, desafortunadamente, nuestros representantes mordieron en aras de propuestas políticamente correctas. Porque ese es, en esencia, el espíritu que rigió la creación de una Comisión Internacional Contra la Impundiad en Guatemala (CICIG) sobre bases legales poco consistentes, o el que inspiró la promulgación de una Ley de Adopciones cuyos alcances están muy lejos de ser los que pretenden sus promotores.

El año 2007, además, pasará a la historia como el ciclo en que se perdió la poca cultura política que habíamos atesorado en las últimas décadas, al ser testigos presenciales de una campaña política plagada de señalamientos de todo color, lo cual incidió negativamente en el ánimo ciudadano al definir la contienda por alrededor de 160 mil votos de diferencia entre el candidato ganador y el que ocupó el segundo lugar.

Y mientras los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se esmeraron por arruinar todo el prestigio construido desde 1984 al negarse a cumplir la obligación de exigir finiquito a quienes aspiraban a puestos de elección popular, el Congreso de la República le emuló al cerrar el año con un intento de autorrecetarse una indemnización y otras prebendas.

En fin, con esta estructura fragmentada como base nos toca continuar el camino hacia la democracia, intención por demás dificultosa.

El año 2008 debe marcar el ciclo para iniciar la lucha y, a la vez, la exigencia de una recomposición del escenario institucional. De no hacerlo, el futuro se anuncia poco alentador.