¿Subsidiaremos a Petro-Perú?

Por Daniel Córdova
El Comercio, Lima

No cabe duda de que el incremento de precios del petróleo (casi 50% desde diciembre del año pasado) es un problema que se debe afrontar. Pero las propuestas formuladas hasta ahora para hacerlo no es la correcta pues se utiliza de manera inadecuada a Petro-Perú. Vayamos a la explicación de los siguientes anuncios.

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas declaró que frente al alza del precio del petróleo, Petro-Perú va a regular las tarifas de los combustibles dejando sus precios artificialmente bajos. Días atrás, la empresa estatal había publicado un plan estratégico, oficializado mediante Resolución Ministerial, en el cual se hace explícita la voluntad de generar utilidades casi nulas. No obstante, en el mismo plan se anunciaban ambiciosos objetivos de expansión, mientras que el presidente de la empresa señalaba que Petro-Perú no necesitaba levantar capital en la Bolsa de Valores porque dispondría de fondos propios para invertir.

La contradicción entre estos anuncios es obvia y el peligro de un manejo deficiente, latente: ¿Si la empresa no va a ganar dinero cómo va a financiar su expansión? ¿Y si no está dispuesta a levantar dinero en la bolsa de donde sacaría el dinero? ¿Se va a endeudar? ¿Vamos a regresar a la época de las empresas estatales deficitarias a costa de los bolsillos de todos los peruanos?

Tampoco parece haber sido suficiente el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que tiende a agotarse con la tendencia al alza del precio del crudo. En estas circunstancias, la única forma de atacar el problema es reducir más o, mejor, eliminar el Impuesto Selectivo a los Combustibles, el cual representa una verdadera distorsión de la estructura tributaria.

Con la reducción o eliminación del Impuesto Selectivo a los Combustibles –algo posible ahora que el Estado recauda más que nunca–se debería dejar de lado la absurda idea de regresar a la intervención del mercado utilizando a las empresas estatales. Con ello se reduciría el riesgo de que Petro-Perú pierda dinero y que, como consecuencia, el fisco tenga que cubrir el hueco.

Queda, sin embargo, el asunto de las pretensiones de expansión de la empresa estatal arriesgando el patrimonio de todos los peruanos. Al margen de ser anticonstitucional, esto no es admisible desde un punto de vista económico, ya que el mundo está lleno de empresas dispuestas a arriesgar en este negocio. Petro-Perú debería pues pasar a manos privadas. Lo correcto sería que el Estado la venda al mejor postor y que utilice los fondos, por ejemplo, para cubrir el déficit de pensiones que tiene acumulado. Con el sector privatizado, la competencia se encargaría de reducir los precios sin recurrir a artificios burocráticos.

Sabemos que el Gobierno actual no tiene entre sus planes dar semejante paso. Queda sin embargo una alternativa: recurrir al capitalismo popular; listar Petro-Perú en la bolsa y transferir su propiedad a manos de miles de pequeños accionistas junto con un operador especializado, adoptando el gobierno corporativo de una empresa transparente y competitiva. Ello con metas claras de rentabilidad y eficiencia. Y con órganos directivos independientes del poder político.

Esta reforma, que puede también hacerse para Sedapal y Electro-Perú, requeriría no solo de audacia política, de una verdadera reforma económica. Requeriría además que la empresa pase al ámbito de la regulación de la Conasev y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Estaría obligada a abrir su información financiera en detalle e informar permanentemente al mercado sobre sus resultados financieros. Algo que no está en los planes.

Entre tanto, ¿quién va a subsidiar a Petro-Perú? Como suele suceder, si se cumplen los planes anunciados, vamos a ser todos los peruanos.