El secuestro: la tragedia colombiana

Por Eduardo Posada Carbó
Infolatam

Barranquilla, Colombia – “Colombia está de luto”, expresó el editorial de El Tiempo, al condenar a las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) por la muerte de once diputados regionales de la Asamblea del Valle que habían mantenido secuestrados desde abril de 2002. El sentimiento de repudio e indignación es por supuesto general: “¡Estupor nacional!”, fue el titular de primera página de El Heraldo, periódico de la ciudad porteña del Caribe, Barranquilla. Solidaridad con “las familias de quienes fueron inmolados por la insania de sus plagiarios” manifestó también el editorial de El País de Cali – la capital del departamento del Valle -, tras responsabilizar así mismo a las Farc de la muerte de los diputados.

La trágica noticia se divulgó, irónicamente, en momentos que parecían nuevamente de esperanza para los secuestrados en Colombia. El mismo día en que se conociera la dolorosa suerte de los diputados, el Eln (Ejército de Liberación Nacional) anunció su compromiso de liberar a los secuestrados que están en su poder, si se firmase un “cese al fuego” que estaría negociando con representantes del gobierno en La Habana. Hace poco, el gobierno sacó unilateralmente de las cárceles a casi dos centenares de presos de las Farc y – por petición del presidente francés -, a su dirigente Rodrigo Granda – hoy en Cuba -, con el propósito de explorar gestiones para la liberación de los secuestrados.

Las circunstancias en que los once secuestrados perdieron sus vidas están aún por precisarse. En un boletín divulgado por las Farc – diez días despúes de cuando habrían sucedido los hechos -, se dice que “murieron en medio de fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar atacó el campamento donde se encontraban”. El Presidente Alvaro Uribe ha negado retundamente que su gobierno hubiese ordenado operación de rescate alguno: “se desconocía el lugar del cautiverio”, y cualquier operación de rescate se habría informado previamente a los familiares de los secuestrados, señaló en un comunicado de 18 puntos, donde el gobierno nacional “acusa al grupo terrorista de las Farc del asesinato de los diputados vallecaucanos”.

Que nadie más conociera sobre unos hechos supuestamente ocurridos el 18 de junio – sobre los cuales las Farc informaron en la madrugada del 28, en un boletín firmado el 23 -, y que no hubiese ni guerrilleros ni soldados muertos o heridos, mientras las únicas víctimas fueron los diputados en cautiverio indican, según el comunicado del gobierno, que los secuestrados no murieron en “fuego cruzado” sino asesinados por parte de las Farc. Tras solicitar el apoyo de la comunidad internacional en su condena al “grupo terrorista de las Farc”, y para la búsqueda de los cadáveres, el gobierno colombiano ha solicitado la formación de “una comisión forense internacional que le explique al mundo las circunstancias de este crimen atroz”.

Las circunstancias no son claras. Lo cierto, indiscutiblemente cierto, es que las once víctimas habían sido secuestradas por las Farc en la sede de la Asamblea del Valle hace más de cinco años y que, desde entonces, formaban parte de un más amplio grupo de dirigentes políticos y miembros de las fuerzas armadas secuestrados, que las Farc mantiene en inhumano y prolongado cautiverio – grupo en que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt es la más notable -. Su propósito aparente es utilizarles para lograr la liberación de los miembros de las Farc capturados por las fuerzas del Estado, hoy en la cárcel, pero con el objetivo final de lograr – a través de un “canje” -, reconocimiento político. Pero a ese grupo se suma además un número mucho más alto de secuestrados por las Farc con explícitos propósitos de extorsión económica, lo que le confiere al problema del secuestro unas dimensiones tan extraordinarias como sumamente atroces.

En los últimos seis años, las tasas de secuestro en Colombia han disminuído de manera significativa. Pero en general el drama del cautiverio de personas ya secuestradas se ha mantenido, aunque ha habido operaciones de rescate – algunas de ellas fallidas -, y algunos han logrado escaparse con éxito de sus captores -. Las cifras son horrendas: Según un informe de El Tiempo (01/07/07), aproximadamente 24 mil colombianos han sido secuestrados en la última década y 1.269 “han muerto o han sido asesinados en cautiverio”. La suerte dolorosa de las víctimas y sus familiares es evidente. “La procesión de un padre” fue el nombre de la crónica conmovedora en la revista Semana, donde se relata la “travesía libertaria” del profesor Gustavo Moncayo, quien va caminando desde Nariño, en el sur del país, hasta Bogotá, “con las manos encadenadas” y una foto de su hijo, secuestrado por las Farc en 1997. Pero el crimen del secuestro y sus horrorosas secuelas afectan a toda la población, entre otras razones, por ser un instrumento intimidatorio contra todo el conjunto social.

Las consecuencias de lo ocurrido sobre las posibilidades de lograr un “acuerdo humanitario” – a través del cual las Farc liberen a los secuestrados y el gobierno deje libres de cárcel a los presos de las Farc -, son, claro está, una gran incógnita. El tema ha adquirido aristas internacionales, en particular por el interés del gobierno francés en la suerte de Ingrid Betancourt – de nacionalidad colombo-francesa -. En efecto, Francia, España y Suiza colaboran hoy en gestiones en búsqueda de tal “acuerdo”. Es posible que, tras lo ocurrido, se incrementen las presiones de la comunidad internacional para que se logre un “acuerdo”. Estas presiones suelen ser mayores frente al gobierno que frente a las Farc. De todas formas, por más que ceda el gobierno, las posibilidades del acuerdo para liberar a los secuestrados depende en últimas de las Farc, responsables del cautiverio y la vida de los secuestrados – una tragedia humana de proporciones dolorosas enormes, a la que la comunidad internacional tendría que prestar mayor atención.