Gobierno insiste en intervenir el sistema financiero a pesar de los daños que esto ocasionaría

Por Dora de Ampuero
IEEP

Las noticias de Prensa del 26 de Junio señalan que el Presidente de la República ha objetado 14 de los 23 artículos de Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito aprobada por el Congreso.

A pesar de que el Congreso eliminó algunas de los artículos de la propuesta original del Proyecto del Ejecutivo, ésta aun conserva un grave tono intervencionista y de carácter político. Por ejemplo, la fijación de las tasas de interés que cobraban los bancos por sus créditos con base en métodos matemáticos establecidos por organismos del estado y no por el mercado. De igual manera, la segmentación de las tasas de interés según el tipo de crédito (vivienda, comercial, micro crédito y consumos). Otra vez, la asignación de los recursos del sistema financiero la realizará el Banco Central y no la demanda evaluada por las entidades del sistema financiero. La insistencia en que la Junta Bancaria establezca políticas sobre el manejo de la liquidez del sistema financiero y fije los techos para el cobro de los servicios bancarios, es completamente inconveniente, por que este organismo está totalmente controlado por el Ejecutivo, por ende se deduce que prevalecería un criterio político en la formulación de políticas financieras.

En un reciente seminario del IEEP el 14 de Junio, se expusieron dos estudios de casos de sistemas financieros: el de Argentina donde el Gobierno ha venido interviniendo en el sistema financiero, y el de Panamá donde no interviene el Gobierno. La historia de intervenciones del Gobierno en la Argentina a través del Banco Central se ha reflejado en la pérdida continua de poder adquisitivo de la moneda nacional (pesos, australes) hasta desembocar en una inflación galopante, hasta que en 1991 se estableció la convertibilidad en que un peso equivalía a un dólar. La convertibilidad, que no es lo mismo que la dolarización, como existe en el Ecuador y en Panamá, fue el camino hacia la crisis económica del 2001.

Panamá conmemoró el año pasado 100 años de estar dolarizado sin Banco Central. Una característica particular es la integración financiera con el mercado de capitales mundial. Panamá cuenta con 81 bancos e instituciones internacionales con más de US$ 38.000 millones en activos que sirven de intermediarios para facilitar el flujo de capitales del exterior hacia proyectos de inversión en el país, o para inversión en el exterior cuando la liquidez aumenta y no hay más proyectos para financiar en el país. Este sistema opera como prestamista de última instancia, por lo cual los propios bancos mantienen sus reservas de liquidez, por lo tanto, el Estado no debe determinar y controlar esas reservas. Las tasas de interés son bajas, equivalentes y a veces menor que en los Estados Unidos, debido al sistema de competencia dentro del sistema financiero que hace bajar las tasas de interés.

¿Quien determina la cantidad de dinero en Panamá no habiendo un Banco Central? La cantidad de circulante y depósitos está determinada por la demanda, no por la oferta del Banco Central. Los bancos se ajustan a los deseos de los agentes económicos. En este sentido el sistema financiero opera con el caso clásico de “Banca Libre” en el cual es el mercado y no el Estado es el que determina la cantidad de dinero. El gobierno no afecta la estabilidad de la economía. Primero, porque no puede monetizar sus déficit o tener una política cambiaria que genere desajustes, o desequilibrar el sistema por una sobre oferta monetaria. La solidez del sistema financiero permite a la banca ofrecer créditos a bajas tasas de interés a 25 y 30 años plazo.

Si se implementan políticas intervencionistas como las propuestas en el sistema financiero ecuatoriano se producirán distorsiones en su relación con la economía real, que se manifestará en una reducción del ahorro y las inversiones y desvío de los flujos de crédito a actividades menos productivas.

Dora de Ampuero es Directora Ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.