De las “tres D” a las “cuatro I”

Por Néstor O. Scibona
La Nación

Néstor Kirchner asumió la presidencia cuando en la economía argentina todavía perduraban los explosivos efectos de las temidas “3 D” (default, devaluación y depósitos confiscados), una pesadilla que se hizo realidad con la crisis de 2001/2002. Ahora, a pocos meses de la finalización de su mandato, los principales interrogantes para el futuro económico podrían sintetizarse en cuatro variables que tienen como común denominador otra letra. Se trata de las “4 I” (inflación, inversión, infraestructura e inclusión social).

La diferencia no reside sólo en la letra inicial. Si las tres D fueron sinónimo del colapso de la convertibilidad, las cuatro I marcan las tareas pendientes para evitar que el actual modelo de dólar alto, superávit gemelos y fuerte impulso a la demanda interna, pueda ingresar en un terreno minado que comprometa a futuro el alto crecimiento económico logrado en los últimos cuatro años y medio.

Aunque resulte sorprendente, alrededor de la importancia de estas asignaturas pendientes existe bastante consenso entre economistas del sector público y del sector privado, si bien pueden existir divergencias sobre las políticas a seguir. Unos y otros, además, coinciden en que lo que vaya a hacerse o dejar de hacer formará parte de la agenda poselectoral, ya sea en las variantes “pingüino”, “pingüina” o bien bajo una más remota alternativa opositora. Lamentablemente, cada vez que hay elecciones en la Argentina, las urgencias políticas casi siempre terminan imponiéndose a las soluciones de más largo plazo.

Un repaso de los diagnósticos que formulan analistas de distintas tendencias permite identificar as características, dificultades y oportunidades que encierran los cuatro componentes de esta agenda, que tarde o temprano serán el eje del debate económico.

Es la gran amenaza. La inflación real en la Argentina está instalada en una meseta de dos dígitos (12/14% anual) que la coloca como una de las más altas en un mundo de inflaciones bajas. A ello se agrega una creciente distorsión de precios relativos, a través de congelamientos tarifarios y subsidios que inducen a un mayor consumo. Los cuestionados índices del Indec agudizan esas distorsiones. Esta insólita manera de mostrar una inflación contenida mientras se flexibilizan algunos precios, obligará en el futuro a seguir manipulando cifras o bien a un sinceramiento estadístico. Ni la evolución de los precios, ni de los salarios, ni de los índices de pobreza, son los que se anuncian oficialmente. El fuerte aumento del gasto público por razones electorales (45% en lo que va del año) tampoco ayuda a contener las presiones inflacionarias. El problema central es que la demanda crece por encima de lo que puede aumentar la oferta en muchos sectores, que operan al límite de su capacidad. Un reciente informe de la consultora Finsoport sostiene que se podría estar llegando a un punto en el cual la inflación afecte el ritmo de crecimiento. La construcción puede ser un caso testigo. Desde un punto de vista macroeconómico, está claro que mantener la demanda con el acelerador a fondo no ayudará a bajar la actual inflación a un dígito y -aún cuando no se espiralice- ello generará “ruido” permanente en la economía.

Inversión

La inversión ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años, pero la mayoría de los analistas sostiene que el nivel actual (superior a 22% del PBI) es insuficiente para mantener en los próximos años el crecimiento del PBI a tasas de 8/9% anual, aún con el favorable contexto externo. Hasta ahora el aumento de la inversión ha acompañado mayormente el crecimiento de la demanda. También ha sido más pronunciada en el sector de la construcción, que en bienes y equipos para ampliar la capacidad productiva. Sin embargo hay sectores muy dinámicos como telecomunicaciones, software, minería, hotelería y, en los últimos tiempos, la industria automotriz. Para agregar tres o cuatro puntos adicionales de inversión, los especialistas señalan que no basta con la perspectiva de mayor facturación y rápido retorno del capital invertido. La certidumbre sobre la inflación, las políticas de precios y tarifas y las reglas de juego impositivas y laborales pasan a cobrar más importancia. Sobre todo cuando la escasez de energía y de personal calificado eleva los costos. También deberán formar parte de la agenda mecanismos para facilitar el financiamiento de proyectos a largo plazo, la revitalización del mercado de capitales o medidas tributarias que incentiven la reinversión de utilidades, al igual que el surgimiento de nuevas empresas y cadenas productivas.

La situación más dramática, largamente anunciada y nunca reconocida, se manifiesta en estos días en la brecha creciente entre la demanda y la oferta de gas y electricidad. Se trata de un serio limitante para el crecimiento ya que en la industria muchos proyectos están supeditados a la certeza sobre el abastecimiento y los precios de la energía. Y aunque hay varias obras en marcha (centrales de ciclo combinado, elevación de la cota de Yacyretá, terminación de Atucha II) no alcanzan a compensar la parálisis de cuatro años de inversión. También hay consenso en el sector de que la política de precios y tarifas en algún momento deberá ser flexibilizada y asociada a incentivos para aumentar la producción y racionalizar el consumo. Sin embargo, algunos avances (como el plan Energía Plus, la extensión de concesiones petroleras bajo compromisos de inversión, la revitalización del plan nuclear, el nuevo contrato para importar gas de Bolivia) están aún pendientes de definición. Otro tanto ocurre con la renegociación de la deuda con el Club de París. Aunque la crisis energética es el cuello de botella más grave, también la infraestructura vial, portuaria y de transporte quedó chica frente al crecimiento de la economía y no hay políticas que definan su expansión y financiación a largo plazo.

Inclusión

La reducción de los todavía altos niveles de pobreza (27%) depende básicamente de una fuerte baja del empleo en negro, que afecta al 41,6% de los asalariados. Según una propuesta de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), la agenda en este terreno debería incluir una reforma que abarate y simplifique al máximo el sistema de aportes previsionales y de salud, especialmente para las empresas más pequeñas, con un aporte único y fácil de fiscalizar, combinado con tarjetas de compra con incentivos fiscales, que concentren los subsidios al consumo sobre los sectores de menores ingresos. Una reforma en esta dirección sería mucho más eficaz que centenares de discursos vacíos sobre inclusión social y complementaría los planes para fomentar la capacitación laboral y los microemprendimientos productivos.

A diferencia de las 3D, que se tornaron inevitables, aún hay tiempo de encarar soluciones a los problemas que plantean las 4I; claro que asumiendo algunos costos políticos. A menos que en la campaña electoral se insista en seguir disfrazando efectos para no ocuparse de las causas.