Libertad de expresión
Por Francisco Abad
Correo del Caroní
No puede existir desinterés público de la sociedad venezolana por el debate que se ha planteado sobre la libertad de expresión, el tema es tan importante que el gobierno no puede pretender que la respuesta de nuestra sociedad sea la indiferencia y el silencio social.
El cierre de RCTV no es un hecho insignificante, sino la respuesta política con la que el gobierno pretende neutralizar la publicidad adversa al régimen consecuencia de los errores, omisiones y desaguisados de sus funcionarios. No se puede acusar a nuestros estudiantes universitarios de tener una respuesta desproporcionada en relación con ese hecho, cuando la libertad de expresión ha sido hasta el momento el modo más eficaz que ha conseguido nuestra sociedad para hacer respetar sus derechos, porque ¿de qué sirve un menú de derechos civiles y políticos escritos en nuestra Constitución si no tenemos medios eficaces para ponerlos en práctica? La libertad de prensa es garantía de que a los ciudadanos se nos respeten otros derechos fundamentales: en ello estriba que este no sea un asuntito menos importante.
Es evidente que una prensa libre permite al pueblo un poder fiscalizador de las instituciones democráticas, lo cual se traduce en reducir espacios a la corrupción, al delito, a la injusticia, a la irresponsabilidad, etc., uno de los mayores éxitos de los medios venezolanos es haber logrado insertar a los ciudadanos de a pie como contralores de la acción social a que están obligados los funcionarios públicos; los medios también han servido de marco de contención para los excesos de los burócratas de turno y gracias a la presión social que se ha ejercido a través de ellos el pueblo ha podido impedir la impunidad total, recordemos el caso del Amparo como ejemplo.
Las pantallas de televisión, las ondas radio eléctricas y las páginas de los diarios son una vitrina donde todos podemos ver, escuchar y leer los acontecimientos que generan los actores de la vida pública de nuestra sociedad. El gobierno debería ser el más interesado en la calidad y veracidad de la información, pero debe aprender a distinguir entre información y propaganda; y los medios en tener a la verdad como objetivo sin dejarse guiar por sus propios intereses. El Estado debe asegurarnos a los ciudadanos el acceso a la verdad de un modo seguro y accesible y los medios están llamados a transmitirla sin importar sus consecuencias. El poder comunicarnos libremente, sin ninguna restricción, sin autocensura, nos permitirá mantener vigentes nuestros valores democráticos y será garantía de una sana convivencia social.
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