Terrorismo de Estado del siglo XXI
Por Víctor Maldonado C.
Correo del Caroní
Un Estado terrorista es aquel que se organiza para confiscarle a la sociedad todos sus espacios de derechos y libertades, usando para ello la mentira sistemática convertida en propaganda política, y exponiendo a los ciudadanos a la violencia, la inseguridad y el amedrentamiento. Nadie que se oponga a un régimen así puede sentirse seguro, porque para éstos todo es válido: Las amenazas a las familias, la invasión a la intimidad, el chantaje, el secuestro, la extorsión, ataques arteros a la reputación y, por supuesto, la cárcel o el exilio.
La cúpula dirigente de un Estado Terrorista repite incesantemente que existe una guerra vertical, que los enemigos están infiltrados en todos los niveles de la sociedad, que hay una confabulación internacional contra los valores absolutos enarbolados por quienes detentan el poder, y que por lo tanto existe la necesidad de responder con el terror, que en boca de Lina Ron, por ejemplo, es presentar a su grupo como el arma disponible de la revolución, capaces de todo.
El segundo rasgo de los Estados Terroristas es la delimitación imprecisa de los hechos punibles y la eliminación del proceso judicial para la determinación de la comisión de un delito. ¿Se ha preguntado Usted, cuál fue el delito de RCTV? ¿Han tratado de averiguar cómo es eso de las amenazas subliminales, de la construcción semiótica del magnicidio, y en cuáles de nuestras leyes esas interpretaciones se constituyen en delitos?
La tercera característica es la imposición clandestina de medidas de coacción estatal, prohibidas por el orden jurídico formal, entre ellas las torturas y los homicidios. ¿Se ha preguntado Ud. sobre quiénes pueden ser los responsables de las ejecuciones ocurridas en el estado Guárico? ¿O sobre las razones por las cuales hay un índice tan alto de muertes por enfrentamiento con la policía? ¿O si fue ajustado a derecho el trato dado por la policía de Miranda a los jóvenes estudiantes?
El cuarto rasgo es la aplicación difusa de medidas violentas de privación de libertad, la propiedad o la vida. ¿Esto no es lo que ocurre con las apropiaciones indebidas vía confiscaciones? ¿Esa no es la lógica de las invasiones de las huestes chavistas? ¿Desde esta premisa no opera el sangriento por ahora que mantiene en vilo los derechos de propiedad? ¿No es acaso el mazo pesado de la arbitrariedad y la fuerza el que se cierne sobre todos nosotros cada vez que ocurre una invasión, una confiscación, una medida arbitraria administrada sin explicación, pero sí con el apoyo de todos los poderes públicos? ¿Recuerdan las tristes declaraciones de la directiva del Congreso contra los estudiantes? ¿Qué hay de Nixon Moreno o de la cárcel de Uson?
Y ese es precisamente el quinto rasgo. El temor fundado que todos tenemos de que nadie está a salvo de la coacción arbitraria por parte de los órganos del Estado. La lista de Tascón, la persecución de los empleados públicos para que marchen, el inolvidable discurso del Ministro Ramírez, la aclamación de los jueces al presidente, con el “uh ah”, la actitud socarrona del fiscal y el Defensor, la nueva consigna militar de patria, socialismo o muerte, y la cotidiana artillería de la peor de las basuras desde el programa “La Hojilla”. Por todas esas conductas, consideradas normales, defendidas y justificadas por el Presidente, cabe preguntarnos ¿Quién está a cargo del Estado de Derecho? ¿Quién resguarda nuestra Constitución?
Nadie. Esa es la respuesta. Porque estamos siendo víctimas de otro de los rasgos de un Estado Terrorista: El dogma ideológico, presentado como pauta absoluta e incuestionable, y desde donde se valida cualquier cosa, cualquier esfuerzo, cualquier crimen, cualquier mentira, cualquier perversión.
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