Patrones con un ojo en Washington

Por Yolanda Arenales
La Opinión

En muchas de las empresas, las irregularidades en el estatus migratorio de los empleados abundan, aunque a menudo no se denuncian o resulta difícil detectarlas

Mientras el debate migratorio continúa en el Senado, los empresarios angelinos mantienen un particular interés en que haya rápido una vía de legalización para los trabajadores indocumentados, la mayoría ya incorporados al mercado laboral.

“La reforma es necesaria para todo el país, pero en Los Ángeles nos toca de lleno con un 36% de población inmigrante en el condado y un 41% en la ciudad”, dice Gary Toebben, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, enfatizando que varias industrias clave de la región —como agricultura, hoteles y restaurantes y construcción— dependen enormemente de la mano de obra inmigrante.

“Muchos negocios están en juego”, afirma Toebben.

Jacob Monty, de Monty Partners, una firma legal que ha creado equipos de auditoría privada compuestos por agentes jubilados de los servicios de Inmigración, lleva meses observando de cerca la situación actual de los empresarios y sostiene que en muchas de las empresas las irregularidades abundan, aunque a menudo es difícil detectarlas.

“Hay más de 30 documentos diferentes con los que se puede acreditar la presencia legal en el país y la calidad de las falsificaciones ha aumentado enormemente, así como los documentos provenientes del robo de identidad”, dice Monty, cuya firma se enfoca en revisar la situación de los trabajadores como lo haría el gobierno, pero sin que haya penalizaciones.

Desde septiembre pasado la firma de Monty ha auditado más de cien empresas, muchas de ellas en Los Ángeles.

“A menudo es difícil para los empresarios detectar las irregularidades porque hay ocasiones en las que los gerentes medios saben de las irregularidades, pero no las notifican a los dueños o directivos, porque ellos son los que lidian con el problema de las contrataciones”, sostiene Monty.

“Tal como están las cosas ahora, es injusto delegar en los empleadores la tarea de agentes de Inmigración, castigándolos si no cumplen, pero no dándoles medios para hacerlo”, señala Monty.

Por su parte, Bruce Fenton, presidente de la firma de inversiones Atlantic Financial Inc., califica la situación actual de “crisis” que está afectando negativamente a la economía del país y duda que la nueva ley pueda solucionarla a largo plazo.

“Puede que sea un remedio temporal, pero el problema sólo se solucionará con una política agresiva de apertura de fronteras”, opina Fenton, convencido de que la escasez de trabajadores está frenando el desarrollo de empresas grandes y pequeñas y es percibida negativamente por los inversionistas que aportan capital a las mismas.

Gabriela Lemus, directora ejecutiva nacional del Consejo de Trabajo para el Avance de Latinoamérica (LCLAA), dice estar cansada de que los factores económicos y empresariales sean el centro de atención de un problema que ella considera sobre todo humano.

“Estados Unidos ha estado impulsando tratados de libre comercio sin plantearse una política coherente de cruce de fronteras”, afirma Lemus, quien considera que con eso el país da una clara preponderancia al movimiento de mercancías sobre el de personas.

Lemus explica que lo que su organización percibe a través del contacto diario con trabajadores —muchos de ellos indocumentados— es un aumento de la xenofobia espoleado por un debate migratorio incoherente con el que se quiere proporcionar a las empresas los trabajadores que necesitan, pero sin garantizarles derechos básicos como la residencia legal permanente o la posibilidad de vivir con sus familias.

Esta semana la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) anunció que, de acuerdo con sus estimaciones, incluso con la aprobación de las llamada visas Z —un permiso especial que permitiría a los indocumentados que ya están en el país residir temporalmente de forma legal mediante el pago de una tarifa—, el número de inmigrantes indocumentados se reduciría sólo en un 25%.

El miedo a declarar su situación a las autoridades —con el consiguiente riesgo de que encuentren alguna objeción a la concesión de la visa— y las dificultades económicas para pagar las tarifas son algunas de las razones que desalentarían a algunos indocumentados de solicitarla.

Rafael González, originario de Oaxaca, México, no ha oído hablar de la visa Z, pero sí de que la regularización de los indocumentados podría implicar enviarlos a su país por un tiempo para que hagan el papeleo desde allí antes de poder regresar legalmente.

“Es una de las cosas que más me asustan. Yo creo que estos señores [los legisladores] no se dan cuenta de que no tenemos dónde volver”, dice González.

Se estima que en EU hay unos 12 millones de indocumentados.

La Unión Internacional de Trabajadores de Norteamérica (LIUNA), que representa a trabajadores de la construcción, se opone rotundamente a la eliminación o reducción de las visas familiares.

Bevin Albertani, directora asociada de legislación de LIUNA, señala que igualmente el sistema de puntos que perfila la ley, y que favorece a los inmigrantes con mayores cualificaciones, deja sin protección a una gran masa que carece de estudios, y que de todos modos es necesaria en muchas industrias del país.

“Simplemente, la propuesta no es realista”, opina Albertani.

Sin embargo, para el sector agrícola, el contenido de la proposición es favorable gracias a la presión de su poderoso cabildeo con el que han garantizado un flujo de trabajadores no cualificados para trabajar en los campos.

“Excepto en este sector, no creo que se pueda encontrar consenso en ningún otro de la comunidad empresarial”, ha declarado Bruce Josten, activista legislativo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Sin embargo, esta organización, como la mayoría de las que representan a los empresarios, considera que aun cuando es imperfecta, la reforma tal como se está concibiendo es preferible a la situación actual.

Pero según Toebben, continuar como hasta ahora “no es una alternativa aceptable para California o EU”.