EE.UU.: Afirman que proyecto en debate crea una ”elite” migratoria

Por Laura Figueroa
The Miami Herald

HRIFA. TPS. NACARA. IRCA. Las leyes de inmigración de Estados Unidos ya parecen una sopa de letras.

Añádanle a la mezcla un sistema de puntos numéricos para evaluar a los inmigrantes, parte del proyecto de ley de inmigración del Senado que quiere legalizar a la mayor parte de los 12 millones de indocumentados que hay en el país, y surge una interrogante inevitable: “¿Cómo me afecta esto a mí?”

Los clientes se lo preguntan a diario al abogado de inmigración miamense Wilfredo ”Willy” Allen.

El plan del sistema de puntuación, que evalúa la capacidad de trabajo, el nivel educativo y la eficiencia en el inglés por encima de los vínculos familiares o el tiempo ya transcurrido en EEUU, podría perjudicar más que ayudar las posibilidades de miles de inmigrantes del sur de la Florida de convertirse en residentes legales. Y la posible cuota de $5,000 para los inmigrantes indocumentados para legalizar su estatus sería una carga fuerte, según los propios inmigrantes.

Así lo expresó una inmigrante nicaragüense en el restaurante El Masayita de Sweetwater: “Es cuestión de quién va a tener dinero para quedarse”.

Con un empleo de cuidar niños que no es fijo, la hondureña Lesbia Ramos tiene un presupuesto restringido para su familia.

Aunque han estado esforzándose por obtener su residencia solicitando el llamado Status de Protección Temporal (TPS) concedido a centroamericanos después del huracán Mitch en 1998, Ramos dice que no sabe cuántos centroamericanos podrían pagar la cuota.

”No digo que no deba haber algún pago, pero la mayoría de las familias que viven en este país sin papeles lo hacen porque querían dejar detrás la pobreza de sus países”, dice Ramos. “La mayoría no puede siquiera pagar la cuenta de la electricidad, por eso es que comparten la vivienda con otras personas”.

La propuesta de inmigración no les gusta tampoco a los dirigentes haitianoamericanos, que dicen que una cláusula que exige que los cabezas de familia regresen a sus países por un período indeterminado de tiempo para solicitar la residencia permanente en Estados Unidos podría ser peligrosa.

”Existe una advertencia del Departamento de Estado que les dice a los estadounidenses que no vayan allí debido a las condiciones”, dijo Marleine Bastien, directora ejecutiva de Mujeres Haitianas de Miami, una agrupación sin fines de lucro. “Imagínense que uno vaya allá para ajustar su estatus, y que Dios no lo quiera, lo secuestren”.

También está la cuestión del costo de la legalización: los inmigrantes haitianos de la Florida podrían ser los que más dificultades tengan para pagar la cuota de $5,000, que afectaría bastante el promedio de $41,000 de ingresos de las familias haitianas, según los cálculos del Censo de EEUU del 2005.

Como contraste, los ingresos promedio de las familias de los 30,529 residentes de la Florida nacidos en la India es de $82,387. Para los casi 10,000 inmigrantes chinos, la cantidad es de $65,259, y para los 24,000 filipinos el promedio es de $65,381.

Bastien, que declaró ante un comité de la Cámara de Representantes para ayudar a los inmigrantes haitianos, dice que varios miembros del Congreso han prometido expandir la Ley de Equidad de Inmigración Para Refugiados Haitianos (HRIFA).

Otra preocupación es el sistema de puntuación del plan del Senado.

Este plan favorece a los que pueden obtener empleos para personal muy calificado, y haría mucho más difícil que los inmigrantes legales y los ciudadanos de EEUU patrocinen a padres o hermanos de sus países de origen para que obtengan sus tarjetas de residentes.

”Nos estamos alejando de la tradición de reunificación familiar hacia un sistema de puntuación”, dijo el ex senador de la Florida Bob Graham. “Esto perjudicará a muchas de nuestras familias de Latinoamérica y del Caribe”.

Bastien dijo que muchos haitianos no sólo confían en que sus familiares en EEUU les envíen dinero a Haití, sino que se aferran a la esperanza de que también les puedan conseguir la entrada en este país.

”Me temo que ese proyecto de ley tiene un enfoque antifamiliar”, dijo Bastien.

También hay cada vez más venezolanos que se han establecido en comunidades de clase media como Doral y Weston desde que el presidente Hugo Chávez empezó a inclinarse hacia un sistema socialista de línea dura al estilo de Cuba.

Muchos venezolanos no están pensando en el proyecto de ley del Senado para resolver sus problemas, sino que tienen puestas sus esperanzas en una medida similar a la Ley de Ajuste Cubano de 1966, surgida durante la Guerra Fría, que les permite a los cubanos convertirse en residentes permanentes después de haber estado un año aquí, lo mismo si llegaron de forma legal que ilegal.

”Necesitamos protección como la tienen los cubanos”, dice Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Venezolanoamericanos Independientes, un grupo de activistas locales. “No tenemos una política que se aplique a todos los venezolanos. Todo depende del agente de inmigración, si a uno le conceden asilo o no”.

Ackerman dice que sería poco probable que un jefe de familia venezolano se mude de nuevo a Venezuela después de seis años en Estados Unidos para solicitar la ciudadanía como lo propone el proyecto de ley.

”Las personas que han venido se han ido de Venezuela porque estaban defendiendo la democracia”, dijo Ackerman. “No pueden regresar allá con ese gobierno. No tendrían futuro alguno allí”.

La venezolana Anabel Navarro dice que ningún precio es demasiado alto para “vivir en paz”.

”Con las condiciones que hay actualmente en Venezuela, no creo que haya un venezolano que dude en pagar cualquier cantidad de dinero para poder vivir seguro aquí”, dijo Navarro, que estaba acompañada de amistades para almorzar en el café Canela, un popular café venezolano de Weston.

La cuota tal vez no sea tan problemática para inmigrantes venezolanos y colombianos, muchos de ellos empresarios y profesionales. Representaría aproximadamente una doceava parte del ingreso promedio de $60,700 por familia de venezolanos que viven en la Florida y menos de una décima parte de los $51,000 promedio de los ingresos de las familias colombianas, según los cálculos del censo.

Con un estimado de 1 millón de indocumentados en la Florida (el estado es el tercero tras California y Texas) el senador demócrata Bill Nelson y el republicano Mel Martínez se dan cuenta de que la inmigración es un tema que llega muy profundo y que divide a los votantes.

”Como la mayoría de los estadounidenses, creo que nuestro sistema de inmigración está roto y hay que arreglarlo”, dijo el senador Bill Nelson en un mensaje electrónico al Miami Herald. “Pero me reservo la opinión sobre un arreglo bipartidista que se está desarrollando en el Senado . . . Voy a insistir en que la ley refuerce nuestras fronteras y a rechazar la amnistía absoluta para los ilegales que ya estén aquí”.

Martínez, que sirvió de mediador en el Senado para este plan, ha dicho que la medida ayudaría a suplir las necesidades de la economía de Estados Unidos y asistiría a la mayoría de los 12 millones de indocumentados del país en el proceso para quedarse aquí legalmente.

Oscar Corral y Tim Henderson, de The Miami Herald, contribuyeron a este reportaje.