La propiedad privada y las reclamaciones en el futuro de Cuba (I)

Por Jorge A. Sanguinetty
Diario Las Americas

Una de las primeras medidas que tendrá que tomar un gobierno democrático en Cuba deberá ser la restauración del derecho a la propiedad privada. La institución de la propiedad privada es la piedra clave de un sistema de gobierno basado en las libertades individuales.

Este principio no es una cuestión teórica, ideológica o abstracta, sino eminentemente práctica y es más fácil de comprender razonando al absurdo: cuando el derecho a la propiedad privada no existe, toda la propiedad es del estado o se concentra en pocas manos, lo que le da al gobierno un poder tal sobre los ciudadanos que puede restringir sus libertades hasta reducirlas a una mínima expresión. Muchos cubanos parecen haber aprendido esta lección de una manera muy dolorosa, mientras hay muchos venezolanos, bolivianos, ecuatorianos y de otros países que no la han aprendido todavía.

Una consecuencia inmediata de la restauración del derecho de propiedad en Cuba será la aparición de cientos de miles de reclamaciones sobre las propiedades confiscadas por Fidel Castro, lo que deberá atender un gobierno democrático. No podrá haber una restauración plena de los derechos de propiedad sin que se reconozcan las pérdidas provocadas por el castrismo. Posiblemente este es uno de los problemas más difíciles al que se enfrentará un gobierno de transición en Cuba y las posibles soluciones no son fáciles. Es una pena que en el exilio cubano este problema no se debata con la seriedad y la profundidad que merece.

Se plantea con frecuencia, aunque superficialmente, que el primer paso en el reconocimiento de las propiedades confiscadas es su devolución a los dueños legítimos. Esto está muy bien, pero presenta algunos problemas prácticos. Las propiedades confiscadas se pudieran agrupar en tres grandes categorías, la de activos físicos (edificios, plantas, terrenos), los inventarios (de bienes de consumo, materia prima, equipos) y la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor).

Desde 1959 hasta la fecha, son pocas las propiedades que no hayan sufrido una transformación física severa. Como podemos apreciar en las fotos que nos llegan de las ciudades cubanas, muchos edificios se han derrumbado y otros están al hacerlo. Esto afecta tanto las edificaciones dedicadas a vivienda como a otras actividades. Igualmente hay muchas plantas industriales y almacenes que han desaparecido o han sido canibalizados y tierras salinizadas o contaminadas. Los inventarios de los comercios, tiendas, almacenes, hospitales, concesionarios de autos, etc. desaparecieron en poco tiempo. No hay que descartar que existan propiedades que hayan quedado más o menos intactas durante todos estos años lo cual puede hacer más fácil su devolución.

Hasta aquí ya hay que reconocer tres grandes problemas. El primero es cómo se van a identificar los legítimos propietarios. En todos estos años, muchos de los dueños originales han fallecido y puede haber varios herederos que reclamen una misma propiedad, algunos incluso de manera litigiosa. El gobierno, por lo tanto tendría que establecer tribunales o arbitrios a lo largo de la isla para encargarse de estos casos y darles una resolución satisfactoria. El segundo problema es que es obviamente imposible que los viejos dueños desalojen a los habitantes actuales, pues esto crearía decenas de miles de desamparados en el país. El problema de las viviendas confiscadas requerirá soluciones en varias etapas. Para aquellos casos en que no sea posible la devolución de la propiedad original el gobierno pudiera contemplar un sistema de compensaciones. En otros casos puede que algunos inquilinos deseen ceder sus moradas a los viejos dueños mediante compensaciones adecuadas y nuevas viviendas.

El tema de las compensaciones nos lleva al tercer problema: la economía cubana no sólo está endeudada y quebrada, sino que su capacidad productiva es muy baja y requiere subsidios externos para mantenerse a flote, condición que probablemente prevalezca en el momento de una transición. Esto significa que el estado no tendrá fondos para pagar esas compensaciones y lo más que podrá hacer es emitir bonos pagaderos a largo plazo y/o certificados de crédito tributario para los antiguos dueños o sus herederos. El reconocimiento de las propiedades intelectuales debe presentar menos dificultades.

Pero las pérdidas por concepto de propiedades físicas no son las únicas que los cubanos han sufrido bajo el régimen actual. En una investigación en curso de los profesores Ariel Ben Yishay y Roger Betancourt sobre las relaciones entre las libertades civiles, las instituciones y el crecimiento de las economías, los autores plantean que el activo más importante que posee una persona es ella misma, su capacidad de generar ingresos, su capital humano. Su persona es su propiedad más importante y la de sus herederos.

La expropiación de un activo físico le impide al dueño continuar devengando el ingreso que el mismo generaba o podría generar. Cuando por otro lado una persona es privada injustamente de su libertad o de su vida, esa persona, su familia y sus herederos sufren pérdidas económicas cuantiosas por los ingresos dejados de percibir y, por lo tanto, tienen el mismo derecho de reclamación sobre el estado responsable por esas pérdidas. Desde 1959, son decenas, posiblemente cientos de miles de cubanos los que calificarían para reclamarle al estado compensaciones similares a las de los dueños de capitales físicos.

¿Cómo podrá Cuba enfrentar en un futuro la suma de todas estas reclamaciones? ¿Qué estrategia deberá adoptar el gobierno de transición?