La herencia de Fujimori

Por Danilo Arbilla
Correo del Caroní

Alberto Fujimori, el ex dictador peruano hoy requerido por la justicia de su país, sigue vigente. Sobre todo en lo que tiene que ver con su método de represión de la prensa y su manejo de la justicia.

Las entrevistas con Fujimori no eran fáciles. Cara de poker, una media o cuarta sonrisa y un tono de voz bajo, casi inaudible. Uno debía concentrarse en oírlo y descifrar lo que decía, para recién después poder argumentar. Era su táctica.

Su gobierno contaba con el apoyo entusiasta de varios diarios populares -de la llamada prensa “chicha”- que lanzaban furibundos ataques contra los opositores del gobierno, sin retacear insultos y con total desapego por la verdad. Se sospechaba que los artículos eran escritos en el Servicio de Información Nacional (SIN), que comandaba Vladimiro Montesinos, desde donde se daba un generoso apoyo financiero a esos tabloides. Cuando cayó el régimen, se supo que las sospechas estaban bien fundadas: el gobierno pagaba entre 15 y 18 mil dólares el titular “catástrofe” de primera plana que abría la historia del día que pergeñaban en el SIN.

Si se le reclamaba por eso, el presidente con aire ingenuo inquiría: ¿me está planteando que los censure? ¿que atente contra la libertad de prensa? “En todo caso que vayan a la justicia, que aquí es independiente”, respondía ufanándose de “su” Poder Judicial.

Fujimori jugaba con las cartas vistas: el 78 por ciento de los jueces era “provisorio” y podía ser removido por él, tras unos meros trámites cosméticos, lo que ponía en tela de juicio la tan cacareada independencia y autonomía judicial. Los riesgos eran muy pocos, pero por cualquier eventualidad todas las sentencias judiciales previamente eran revisadas -y aprobadas- en el SIN. A través de la justicia, muchas veces recogiendo denuncias de “prensa amiga”, se le quitaba la nacionalidad y documentos a los ciudadanos, se intervenía un canal de televisión y se mantenía una permanente amenaza sobre todos los medios de información. En cualquier momento podía pasar que por el reclamo de un accionista, aunque no tuviera ni el 1%, la justicia dispusiera la intervención de la empresa; esto es, del medio periodístico.

Fujimori ya no está, pero sus métodos cada vez están más presentes. Por un lado atacar a la prensa y los periodistas, por la vía de prensa afín o comprada o directamente desde las alturas del poder, y por el otro, utilizar los jueces para lo que sea necesario. La justicia tiene la ventaja de que cuenta con una cierta aureola que le da mayor credibilidad.

Hoy vemos que las preocupaciones, esfuerzos y arremetidas de los Kirchner, los Chávez, los Morales, los Correa están dirigidos a someter al poder judicial. O lo reforman, o ponen sus jueces o los mantienen como provisorios, o arrecian los ataques contra los magistrados o tribunales que no renuncian a su autonomía e independencia. A esa política la acompañan con ataques periódicos a periodistas y medios y la aplicación de medidas para “premiar” a la prensa amiga -la publicidad oficial es el instrumento más común. Como refuerzo y novedad han sumado a los organismos fiscales. Ya están comenzando a aparecer empresas periodísticas que evaden impuestos o defraudan al fisco. Coincide en que siempre se trata de empresas periodísticas independientes o que están en la oposición.

La persecución fiscal, de la que tambien se valía Fujimori, se está transformando en el caballito de batalla preferido. Hacen operar a los “inspectores”, se filtran informaciones a través de la prensa amiga o boba o timorata, se enchastra y si es preciso se recurre a la “justicia” para avalar, jerarquizar y santificar la actuación fiscal en “defensa de los dineros del pueblo”. El sistema es impecable, los recursos formales de defensa, aún donde rija un mínimo de estado de derecho, son engorrosos y, por sobre todas las cosas, es difícil hacerle ver a la opinión pública que se trata de una nueva forma de ataque a la libertad de prensa. Un método más disimulado, más efectivo y que sirve para perseguir a los enemigos y apoyar a los amigos. Los “inspectores” saben dónde tienen que ir a revisar y a dónde no.

La judicialización de la política o la politización de la justicia, más el terrorismo tributario, se han erigido en los mejores sucedáneos para acabar con el sistema de gobierno democrático republicano y para la puesta en práctica de una de las peores formas de terrorismo de estado y, como tales, son las armas elegidas hoy por los neopopulismos autoritarios, herederos de Fujimori. La única diferencia con aquél, es que estos de ahora se autoproclaman progresistas.