“Justicia” autoritaria

Por Armando de la Torre
Siglo XXI

“…Las judicaturas se podían traspasar a voluntad como cualquier otra propiedad”.

Y así, por regia voluntad legislativa se ha esfumado la “ley” abstracta.

La politización de la justicia ha ido de la mano del autoritarismo “social”.

En otros tiempos y lugares anteriores al positivismo jurídico, lo “justo” era declarado por los jueces en el uso de su razón, con total independencia de las veleidades políticas del momento. Sus referentes obligados eran, más bien, la costumbre inveterada (que los iluminaba a través de fallos antecedentes en casos análogos) y, más tarde, el recurso, además, al derecho “natural”.

Los revolucionarios franceses hicieron tábula rasa de todo eso. Su ideal —muy a la Rousseau— era el de un sistema legislativo de hombres “buenos” —porque iguales entre sí— enderezado a un “bien común” discernible por todos.

Muy al fondo les agitaba su profunda y justificable antipatía hacia la aristocracia de toga, aquella de los “parlamentos” del antiguo régimen de monarquías absolutas, en los que las judicaturas se podían traspasar a voluntad como cualquier otra propiedad, y hasta se las podía alquilar. Nadie menos que Montesquieu, por ejemplo, había vendido la suya. Así interpusieron tales jueces obstáculos caprichosos, antes de la Revolución, al camino de necesarias reformas administrativas, y aun las muy razonables propuestas de “reingeniería” de Turgot y Necker fueron bloqueadas sistemáticamente por ellos.

Lograda la República, por un momento se pensó que hasta se podrían redactar leyes con tal precisión y claridad que cualquier lego pudiera valerse de ellas sin necesidad de abogado. Inclusive, con semejante fin en mente, se compuso el Código Civil francés (1804) que lleva el nombre de Napoleón.

Aun el proceso de “casación” fue, en sus inicios, mera herramienta para aclarar el sentido original de la “voluntad” legisladora de los parlamentarios.

Ingenuamente pensaban que la razón, “libre” de prejuicios y supersticiones, estaría a la altura de cualquier desafío jurídico. Los jueces habrían de ser reducidos a la categoría de auxiliares del Legislativo, y su menester rebajado en dignidad, en función del famoso silogismo positivista: premisa mayor, la ley positiva; premisa menor, las circunstancias del caso; conclusión, la de esperar de cualquier razonamiento deductivo válido.

Como parte de este esquema “racionalista” y autoritario hubo de ser añadido, en el siglo XX, el concepto de la justicia “social”: el Estado, esto es, en cuanto autoridad suprema ha de distribuir lo “socialmente producido”. Así lo entendió Benito Mussolini, al instaurar en 1922 el sistema corporativo fascista de sindicatos verticales. Il Duce, por tanto, convertido en árbitro último entre los gremios productivos.

El corporativismo fascista hizo escuela en casi toda Europa; también en nuestra América con Getulio Vargas, Perón, y “la dictadura perfecta” del PRI; hoy, tardíamente resucitado por las figuras despóticas de Castro y Chávez.

Más sorprendente, renovado desde el pensamiento del papa Pío XI, que introdujo la justicia “social” en la doctrina de la Iglesia (1931) con su Encíclica Quadragessimo Anno. Para él, conveniente “tercera vía” entre el individualismo liberal implícito en la justicia contractual y el colectivismo de la justicia distributiva, según los socialistas.

Desde entonces se afianzó, también entre los católicos, la idea de que el Estado, por encima de todo, en su papel legislador, está llamado a redistribuir con justicia “social” (a los ojos de los grupos de presión) lo que el mercado ya había distribuido imparcial y anónimamente.

Y así, por regia voluntad “legislativa”, se ha esfumado la “ley” abstracta, id est, la que no tiene destinatario, en unos países más, en otros menos, como lo prueba la más elemental comparación entre la Finlandia o Dinamarca democráticas y la Cuba y Venezuela autoritarias de hoy.

¿Y en Guatemala?

Basta recordar la impunidad solemnemente legislada a favor de los más violentos malhechores, en aquellos pretendidos acuerdos de “paz” (para mayor escarnio, “firme y duradera…”) de 1996.