Amnistía revela situación de los derechos humanos en la región

América Economía

El problema de los derechos humanos en América Latina es “muy complejo”, con características distintas en cada país, pero con la inseguridad como factor común en toda la región, afirmó Amnistía Internacional.

En el capítulo para América Latina de su informe anual, la organización denunció las violaciones a los derechos humanos “a niveles elevados” en Colombia, la violencia social de Brasil, el maltrato a mujeres y graves delitos de Estado en México. También las duras condiciones penitenciarias en Uruguay y Argentina, donde se registraron además abusos contra poblaciones aborígenes, igual que en Perú, Ecuador y Bolivia.

“Es una triste realidad para gran parte de la población de América Latina y de Estados Unidos que no se respeten los derechos humanos. Y si hay un tema común en toda la región es la inseguridad”, destacó la encargada para la sección Américas de la ONG británica, Susan Lee, informó la agencia italiana ANSA.

La experta explicó que “a raíz de la pobreza, la exclusión, la marginalización de muchos sectores de la población se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y por supuesto son los sectores más marginados, los niños, los indígenas, las mujeres, quienes sufren más la inseguridad”.

Sin embargo, el informe destacó que entre las señales de avance en América latina está el tema de la lucha contra la impunidad.

Al detallar la situación por países, Amnistía Internacional indicó que las violaciones a los derechos humanos en Colombia se siguen cometiendo “a niveles elevados, sobre todo en zonas rurales, cometidas desde las fuerzas armadas y de seguridad, desde organizaciones paramilitares y guerrilleras.

A raíz del conflicto armado interno en Colombia, “la cifra global de personas desplazadas sigue siendo elevada y preocupante”, además de registrarse “nuevos ataques contra sindicalistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, principalmente cometidos por grupos paramilitares”. La ONG resaltó también que “continúan los informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como de homicidios selectivos de civiles y secuestros por parte de fuerzas guerrilleras”.

La violencia originada en los delitos, los enfrentamientos entre bandas y los crímenes organizados desde las cárceles como consecuencia de la pobreza y la exclusión social, constituyen las principales violaciones a los derechos humanos en Brasil, detalló el informe.

El texto hizo hincapié en que las principales afectadas por la violencia fueron “las comunidades más pobres”, y en otro orden afirma que el acceso a la tierra siguió siendo un foco de violaciones de derechos humanos, incluidos desalojos forzados y ataques violentos contra activistas agrarios.

La organización británica afirmó, por otra parte, que el gobierno del presidente Luiz Lula da Silva “se caracterizó por las abundantes denuncias de corrupción política procedentes de todo el espectro político”.

En cuanto a México, el análisis se centró en el abuso contra mujeres, especialmente en los estados del norte del país, donde destacó violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca en el contexto de una dilatada crisis política.

En Venezuela, “la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad continuaron impunes” y sufrieron “amenazas, intimidación y ataques” defensores de derechos y periodistas.

“Las libertades de expresión, asociación y circulación continuaron sometidas a graves restricciones”, indicó AI sobre Cuba, donde dio cuenta de que “disidentes políticos, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos siguieron siendo objeto de hostigamiento, intimidación y reclusión, en algunos casos sin cargos ni juicio”.

El informe indica que en Perú, Ecuador y Bolivia continúan los abusos contra las comunidades indígenas, marginadas en particular del acceso al sistema de salud.

Sobre Bolivia, AI informó además informes recibidos sobre represión a campesinos y mineros, manifestaciones en reclamo de acceso a la tierra y deficiencias en las condiciones penitenciarias.

La organización destacó los avances en la lucha contra la impunidad en Argentina, Chile y Uruguay, aunque advirtió que quedan puntos pendientes en esta materia.

“Concluyeron algunos juicios por violaciones de derechos humanos. Las condiciones penitenciarias no mejoraron. Continuaron las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas”, destacó el grupo en relación a Argentina.

Sobre la situación en Chile, la ONG destacó que la policía “hostigó y maltrató a miembros del grupo indígena mapuche”, dispersaron manifestaciones estudiantiles, haciendo al parecer uso excesivo de la fuerza” y existen “condiciones muy duras en las cárceles y malos tratos a detenidos”.

Con relación a Uruguay, indicó que en las cárceles sigue habiendo hacinamiento condiciones inadecuadas y existe una situación de exclusión social en el país.