Chile: Trabajemos unidos contra el populismo

Por Salvador Valdés Prieto
El Mercurio, Santiago

A fines de 2007 el fisco tendrá 25 mil millones de dólares de ahorros. A ello se suma la capacidad de endeudarse, que estimamos en 20% del PIB (28 mil millones de dólares). Esta suma equivale a tres millones 500 mil pesos en cuatro años, por cada inscrito en los registros electorales. Elevar los subsidios fiscales y bajar los impuestos para transferir hasta esta suma al electorado no pondría en riesgo la solvencia fiscal.

Con datos de 87 países, Mehlum, Moene y Torvik (2006) demuestran que cuando un exportador de recursos naturales obtiene un aumento de precios y excedentes, el resultado de largo plazo depende de la calidad de sus instituciones. Si esa calidad es insuficiente, el país sufre conflictos internos que destruyen su capacidad para crecer después, y una vez agotado el excedente, queda peor que antes. En cambio, si la calidad de las instituciones supera cierto umbral, invierte en forma constructiva y aumenta su crecimiento. Sólo los 15 países más desarrollados del mundo tienen calidad institucional sobre este umbral. Chile no lo superaba cuando en 1965 el precio del cobre subió y se mantuvo alto hasta 1974. Aunque la solvencia fiscal no esté en riesgo, las instituciones y el crecimiento sí lo están.

El senador Frei llamó a “no entregar a la derecha un gobierno con 20 mil o 30 mil millones de dólares en caja”. Este líder de la Democracia Cristiana propone repartir el ahorro fiscal para ganar votos. Para que eso ocurra, la Presidenta Bachelet tendría que prescindir de sus economistas fiscalistas. Ellos se arriesgaron a este despido en 2004, cuando prefirieron la comodidad de la confianza presidencial a crear instituciones inclusivas y resistentes. Si los fiscalistas insistieran en limitar el incremento de gasto al interés real que gana el ahorro, más una rebaja desde 1% a 0% en la meta de superávit estructural -es decir, ofrecer unos 560 mil pesos por elector en cuatro años-, pero fuere considerado ese incremento insuficiente por la Presidenta, serían despedidos.

Apenas prescindiera de los fiscalistas, la Presidenta abandonaría el balance fiscal estructural. El nuevo ministro de Hacienda vaciaría de significado a la contabilidad estructural, porque todas las definiciones están en decretos supremos de Hacienda. Por ejemplo, puede cambiar al comité de expertos para que el precio de largo plazo del cobre sea 290 centavos por libra, sin rebajar a meta de 1%. Así, liberaría a la Concertación para intentar recuperar votos con transferencias populistas: viviendas para la clase media, subsidios de transporte y rebajas de IVA. Lo haría con habilidad, adulando al electorado.

Transferir en pocos años 3,5 millones a cada elector provocaría una caída en el precio real de las divisas, dejando sin empleo a muchos que exportan fruta, leche, salmones y trabajan en actividades sustituidoras de importaciones. Para evitar que los desempleados sufran, los populistas pueden instaurar un seguro de desempleo generoso: los pagos durarían cuatro años, el monto sería 90% del último salario y el tope subiría a 60 UF. También pueden elevar hasta 35% los aranceles a productos importados que afecten el empleo local, y crear subsidios a la exportación de productos con alto contenido de mano de obra. Pueden suplicar comprensión a los países contrapartes en los tratados de libre comercio. En suma, es factible transferir el ahorro fiscal al electorado, sin que éste sufra.

El problema es otro: si la Presidenta acepta la propuesta del senador Frei, destruirá instituciones esenciales para el crecimiento futuro. El gasto fiscal quedará a merced de las fluctuaciones de la caja, ese enorme subsidio de desempleo fomentará el ocio y acabará con los empleos modestos, y el cierre parcial de la economía impulsará a más empresarios hacia el lobby, que se hará más rentable que adoptar nuevas tecnologías. Dentro de pocos años, Chile retrocederá en términos absolutos en lo material, y desde ya en su convivencia. A medida que esto se verifique, los capitales se irán de Chile cada vez más rápido, culminando con una fuga antes de 2010.

La Alianza debería trabajar unida con Bachelet contra el populismo. Es imprudente dejar toda la responsabilidad de resistir a una sola persona. La Alianza debería proponer a la Presidenta una nueva camada de instituciones antipopulistas, que potencien las formas constructivas de competir en política. Entre otras, la Alianza debería ofrecer:

Informar mejor al votante: legislar una condición para que los candidatos de un partido accedan al financiamiento público y a la franja de televisión: que el candidato presidencial de ese partido emita una proyección de los gastos e ingresos fiscales, del desempleo y del crecimiento potencial posterior a su gobierno. La ley definiría los criterios que debe cumplir cada proyección, y haría que ellas fueran auditadas por un comité de expertos fiscales. Este comité sería designado por la Comisión Mixta de Hacienda, previa búsqueda por mérito. Las auditorías se publicarían antes de la elección.

Informar mejor al Congreso: obligar a Hacienda a adoptar una contabilidad devengada. El objetivo es que, cada vez que un gobierno proponga un gasto, informe el impacto sobre el patrimonio fiscal y los riesgos fiscales no contractuales, no sólo el impacto en caja como hace hoy. Por ejemplo, el costo de cada nueva enfermedad AUGE es muy superior al costo en los primeros tres años, debido a la tendencia de aumento en el costo de la medicina y al envejecimiento. La mayor cantidad de policías y gendarmes que exige el aumento de la delincuencia implica un desembolso muy superior al salario, debido al costo de las nuevas pensiones que devengan. La ley también debería exigir asignar una porción del ahorro ya acumulado a cubrir los riesgos fiscales.