Desigualdad social: equivocada obsesión

Por Álvaro Fischer Abeliuk
El Mercurio

Resulta paradójico que tanto en 1997, el momento más alto del ciclo económico anterior, como durante la campaña presidencial de 2005, el momento más alto del siguiente, hayan surgido con más fuerza los ataques en contra del modelo económico vigente. Ilustra el primer caso la discusión entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes” —estos últimos fustigaban al modelo económico por no resolver los problemas de la desigualdad—, el llamado “grito de Aguiló” y la crítica del ex Presidente Aylwin al fenómeno de los “malls” como templos del consumismo. El segundo caso queda reflejado en el hecho de que la desigualdad social fuese la protagonista del debate eleccionario, incluidas las declaraciones de Felipe Lamarca, la “corrección” al modelo como bandera de lucha de la dirigencia DC, la plataforma de protección social de Bachelet y el “humanismo cristiano” como el esfuerzo de la derecha de sumarse a ese carro. ¿Por qué en nuestro país cuando el desarrollo económico comienza a dar sus frutos, en vez de perseverar en el modelo que lo está permitiendo, se le quiere sustituir, corregir o modificar?

Más generalmente, ¿por qué Latinoamérica, y no sólo Chile, sufre del mismo fenómeno? En la segunda mitad de la década de 1980, cuando Chile superó la crisis de la deuda externa mediante la profundización de las reformas económicas —equilibrio macro, privatización, institucionalización del marco regulatorio, entre otras—, el resto del continente hizo caso omiso de ellas, ahondando sus propios problemas. Cuando finalmente comenzó a adoptarlas, a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, y éstas comenzaron a dar resultados, rápidamente empezaron a ser criticadas porque las mencionadas reformas no habían resuelto los problemas de pobreza y desigualdad de la región. Dependiendo del detractor, se culpaba a la globalización, al mercado o al “neoliberalismo” de preservar las desigualdades. A su vez, se propiciaban distintas variantes de antiguas y fracasadas recetas como método para corregirlas.

La impaciencia de los países latinoamericanos por repartir la riqueza antes de crearla, por utilizar la herramienta política de compadecerse de los más necesitados (lamentablemente en todo el espectro político) en vez de otorgarles las herramientas para su superación, está en la raíz de su incapacidad para alcanzar el desarrollo y en su perenne tendencia al populismo, que sólo exacerba los problemas.

El caso chileno, sin embargo, muestra una desviación de ese camino. A pesar de que los chilenos aún tienen visiones políticas y morales opuestas respecto de los últimos 30 años de su historia —aunque ahora pareciera que crecientemente se dirigen hacia miradas más consensuadas—, el desarrollo económico ha seguido una senda consistente. El mercado, la propiedad privada, la globalización, el libre comercio y las redes de protección social han estado presentes en ese esquema, con las variaciones que los analistas quieran distinguir. La persistencia de un modelo de desarrollo coherente, iniciado por el gobierno militar y no desmantelado por la Concertación —por un esfuerzo de responsabilidad política encomiable—, ha permitido alcanzar los logros que el país puede exhibir, que no sólo lo separan del resto del continente, sino que lo tienen a las puertas del desarrollo. Estos 30 años de perseverancia de todo un país, sin dejarse atraer por el permanente llamado de quienes esgrimen la desigualdad social como arma para cambiar de curso, son su mayor activo y los resultados que comienza a exhibir se los debe de manera importante a ese hecho.

Sin embargo, los fantasmas siguen estando presentes. Hay líderes latinoamericanos, como Chávez y Morales, que consideran que un TLC con EE.UU. es una traición a sus pueblos; en nuestro país, el actual Gobierno ha preferido priorizar la red de protección social por sobre la educación y el crecimiento. Como dijo el analista Héctor Soto, “cuando queríamos (desarrollarnos) no podíamos, y ahora que podemos pareciera que no queremos”. La desigualdad es un problema que efectivamente conspira contra la paz social, pero priorizar su solución por sobre la creación de riqueza y capital humano implica no aprender de la lección que el país sufrió trágicamente en los últimos 40 años de su historia.