Algunas demagogias del sur
En los años 70 la gente en las calles de Buenos Aires con frecuencia se quejaba del imperialismo yanqui, y de cómo Argentina y todos los países de Latinoamérica habían sufrido sus consecuencias.
Aquellos fueron tiempos difíciles, similares a los que encaramos actualmente. Estados Unidos combatía una guerra impopular en Vietnam, la cual pocas naciones latinoamericanas apoyaban o entendían. El Ché Guevara era un ícono que había sido recientemente asesinado, un santo ante los ojos de muchos argentinos.
Por supuesto, Estados Unidos era culpable de todo lo malo que había ocurrido y era responsable de que una rica nación latinoamericana, la octava o novena economía del mundo en 1945, se convirtiera en un país pobre e ingobernable. Los generales controlaban el poder. La inflación estaba fuera de control. Los mercados de vegetales, legumbres y las carnicerías fijaban los precios de los alimentos dos veces al día, por la mañana y por la tarde.
Un estadounidense en Buenos Aires podía vivir y ahorrar dinero con un sueldo de $800 mensuales. Un viaje en taxi de la casa al trabajo costaba cinco centavos de dólar, un pasaje de autobús costaba una décima de centavo de dólar. En 10 meses, se devaluó de 350 por dólar a 1,400 pesos por dólar.
Los argentinos tenían razón para protestar.
Pero el imperialismo americano tenía muy poco que ver con lo que ocurría. Los servicios ferroviarios, las compañías de electricidad y los bancos, de capitales extranjeros, pertenecían a países europeos, específicamente de Gran Bretaña. Así que cuando los argentinos se quejaban del imperialismo americano, más bien debían protestar en contra de los ingleses.
Algo similar ocurre ahora en Bolivia, donde el presidente Evo Morales, a pesar de que habla de moderación y diplomacia, acaba de nacionalizar la industria de gas y petróleo, poco después de asumir el poder. No lo hizo de manera civilizada, como lo había prometido. Un día amanecieron tropas bolivianas ocupando las instalaciones.
Ahora las empresas tienen 180 días para negociar nuevos contratos con el gobierno. Pero Morales ya ha dicho que no hay alternativa: o cumplen con las onerosas exigencias o, de plano, expropiará las instalaciones. Las compañías multinacionales fueron sorprendidas y algunas reaccionaron indignadas. Otras, parecen resignadas a su suerte.
Nuevamente, la retórica de un gobierno revolucionario habla de devolver lo que los imperialistas codiciosos habían despojado al pueblo. Implícita en todo esto está la creencia de que las compañías nacionalizadas son estadounidenses.
Pero igual que en el caso de Argentina hace 36 años, la vasta mayoría de las corporaciones que operan en Bolivia son de otros países Es un problema que Bolivia debe resolver con aliados socialistas que gobiernan Argentina, Brasil y España: una disputa entre camaradas.
Es importante notar la diferencia entre lo que el presidente venezolano Hugo Chávez puede hacer y lo que puede lograr el presidente Morales. A Chávez le entra el dinero a chorro de los pozos petroleros trabajando a plena capacidad de producción. Morales, en cambio, necesita mucho capital para poder convertir las reservas de gas bolivianas en un complejo productivo que genere ingresos.
Si, existe la posibilidad de que China pueda querer invertir en Bolivia, del mismo modo que ha anunciado que hará en aguas ubicadas al norte de Cuba.
Si esto ocurre, la geopolítica cambiará dramáticamente. ¿Permitirá Estados Unidos que China invierta y aproveche las vastas reservas de petróleo y gas en el hemisferio? ¿Hasta cuándo aceptará Estados Unidos el creciente intervencionismo de Hugo Chávez en los asuntos internos de otros países del hemisferio?
Chávez siempre tiene una nueva amenaza. Retiró a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Ahora, amenaza hacer lo mismo con el acuerdo de libre comercio suscrito con México en 1989. Chávez dice que el pacto no beneficia los intereses de Venezuela.
No obstante, ni el mismísimo Chávez se ha atrevido a hacer lo que ha hecho Evo Morales en sus primeras semanas de mandato. Puede ser que Argentina, Brasil y España acepten las nuevas condiciones impuestas por el gobierno boliviano en aras de la solidaridad socialista.
Sin embargo, ¿aceptarán la decisión boliviana de aumentar en 66 por ciento el precio del gas? ¿Y quién pagará por este incremento? ¿Serán los gobiernos? ¿O los ricos y los pobres de Argentina y Brasil que necesitan el gas para vivir?
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