Ningún gobierno del hemisferio occidental sabe qué hacer con los migrantes venezolanos. Los habitantes de los países de acogida se vuelven cada vez más inquietos y en ocasiones xenófobos. Sin embargo, todas las señales apuntan a una continuidad de los flujos masivos. El número de emigrantes venezolanos podría acercarse pronto al número de sirios que han huido de su país y generar una crisis en América Latina comparable a la que sacudió a Europa en 2015.
En los primeros 15 años de la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cientos de miles de venezolanos huyeron a los Estados Unidos, Colombia, Panamá, España y otros países. Al principio esto fue un asunto gradual de en su mayoría gente de clase alta y media. Luego, en medio del colapso económico y político de Venezuela en 2014, el éxodo se aceleró. Gente de todos los estratos de la sociedad comenzó a dirigirse hacia las salidas. En los últimos años, el colapso de Venezuela se ha convertido en el peor desastre humanitario del hemisferio.
Cuatro millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2,3 millones se han marchado en los últimos años debido a las condiciones inhumanas en el país, según Human Rights Watch. Colombia, al otro lado de la frontera occidental, ha recibido más de un millón; Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina han recibido cientos de miles más cada uno. En muchos casos, los migrantes se han establecido temporalmente en ciudades fronterizas, lo que ha desbordado la infraestructura local. A veces las tensiones han desencadenado violencia: En Pacaraima, un punto de entrada en Brasil, la población local atacó las tiendas de campaña de los migrantes en agosto después de un asalto al propietario de un restaurante local.
Los países latinoamericanos fueron bastante hospitalarios al inicio de la crisis, pero últimamente han comenzado a imponer duros controles a la migración. Ecuador y Chile están exigiendo pasaportes, los cuales son casi imposibles de conseguir para los migrantes. Chile exige costosos certificados de antecedentes penales. Brasil ha movilizado al ejército en las zonas fronterizas y está haciendo retroceder a los migrantes. Los políticos están convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios de los reclamos sociales. Ricardo Belmont, candidato a la alcaldía de Lima, dijo recientemente que el gobierno peruano tenía un plan secreto para naturalizar a un millón de venezolanos a cambio de sus votos. Añadió en un lenguaje vulgar que las mujeres venezolanas lucían demasiado bien formadas para estar huyendo del hambre.
Para poner fin a la confusa y arbitraria situación de los migrantes, la región debería admitir que los migrantes son refugiados conforme la Declaración de Cartagena de 1984. Puede hacerlo a través del Grupo de Lima, una instancia multilateral creada el año pasado para hacer frente a la crisis venezolana. Esto normalizaría la situación de los migrantes y les permitiría incorporarse a la economía y a la sociedad. También proporcionaría un mecanismo para tratar con los futuros migrantes, que tal vez podrían ser distribuidos entre los países participantes de forma voluntaria.
Según la Convención del Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, sólo se debe conceder la condición de refugiado a aquellos que huyen de la persecución política. Pero bajo el más amplio acuerdo de Cartagena, que 15 países latinoamericanos han incorporado a su propia legislación, los venezolanos que huyen de las violaciones a los derechos humanos y del colapso del Estado claramente merecen asilo.
Al negarse a conceder el estatuto de refugiado a los venezolanos y optar en cambio por medidas limitadas y ad hoc, los gobiernos latinoamericanos afirman que están impidiendo que una situación temporal se torne permanente y evitando compromisos costosos. No va a funcionar. Los costos están aumentando debido a que los gobiernos son reacios a expulsar a los migrantes, prefiriendo en cambio presionar a Venezuela para que acepte ayuda humanitaria. Saben que las condiciones allí son insostenibles. Mientras tanto, la ambigüedad sobre la situación de los migrantes venezolanos en los países de acogida está obligando a muchos a amontonarse en las zonas fronterizas donde están generando problemas para sí mismos y para los demás. Esto les impide integrarse a las comunidades nacionales y a los mercados laborales formales.
Los Estados Unidos también deberían ser más acogedores. Los venezolanos, en su mayoría de clase media, que han volado a Miami han conseguido en gran medida obtener asilo, pero representan sólo una pequeña fracción de los que se encuentran atrapados en un limbo legal en América Latina. Las democracias liberales del hemisferio occidental deberían acordar compartir la responsabilidad por las víctimas humanitarias del tirano venezolano. Todos ellos se beneficiarían de las contribuciones de los venezolanos desesperados por vivir y trabajar en libertad y paz.
Traducido por Gabriel Gasave
Abran la puerta a los migrantes venezolanos
Ningún gobierno del hemisferio occidental sabe qué hacer con los migrantes venezolanos. Los habitantes de los países de acogida se vuelven cada vez más inquietos y en ocasiones xenófobos. Sin embargo, todas las señales apuntan a una continuidad de los flujos masivos. El número de emigrantes venezolanos podría acercarse pronto al número de sirios que han huido de su país y generar una crisis en América Latina comparable a la que sacudió a Europa en 2015.
En los primeros 15 años de la dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cientos de miles de venezolanos huyeron a los Estados Unidos, Colombia, Panamá, España y otros países. Al principio esto fue un asunto gradual de en su mayoría gente de clase alta y media. Luego, en medio del colapso económico y político de Venezuela en 2014, el éxodo se aceleró. Gente de todos los estratos de la sociedad comenzó a dirigirse hacia las salidas. En los últimos años, el colapso de Venezuela se ha convertido en el peor desastre humanitario del hemisferio.
Cuatro millones de venezolanos viven en el extranjero, de los cuales 2,3 millones se han marchado en los últimos años debido a las condiciones inhumanas en el país, según Human Rights Watch. Colombia, al otro lado de la frontera occidental, ha recibido más de un millón; Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina han recibido cientos de miles más cada uno. En muchos casos, los migrantes se han establecido temporalmente en ciudades fronterizas, lo que ha desbordado la infraestructura local. A veces las tensiones han desencadenado violencia: En Pacaraima, un punto de entrada en Brasil, la población local atacó las tiendas de campaña de los migrantes en agosto después de un asalto al propietario de un restaurante local.
Los países latinoamericanos fueron bastante hospitalarios al inicio de la crisis, pero últimamente han comenzado a imponer duros controles a la migración. Ecuador y Chile están exigiendo pasaportes, los cuales son casi imposibles de conseguir para los migrantes. Chile exige costosos certificados de antecedentes penales. Brasil ha movilizado al ejército en las zonas fronterizas y está haciendo retroceder a los migrantes. Los políticos están convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios de los reclamos sociales. Ricardo Belmont, candidato a la alcaldía de Lima, dijo recientemente que el gobierno peruano tenía un plan secreto para naturalizar a un millón de venezolanos a cambio de sus votos. Añadió en un lenguaje vulgar que las mujeres venezolanas lucían demasiado bien formadas para estar huyendo del hambre.
Para poner fin a la confusa y arbitraria situación de los migrantes, la región debería admitir que los migrantes son refugiados conforme la Declaración de Cartagena de 1984. Puede hacerlo a través del Grupo de Lima, una instancia multilateral creada el año pasado para hacer frente a la crisis venezolana. Esto normalizaría la situación de los migrantes y les permitiría incorporarse a la economía y a la sociedad. También proporcionaría un mecanismo para tratar con los futuros migrantes, que tal vez podrían ser distribuidos entre los países participantes de forma voluntaria.
Según la Convención del Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, sólo se debe conceder la condición de refugiado a aquellos que huyen de la persecución política. Pero bajo el más amplio acuerdo de Cartagena, que 15 países latinoamericanos han incorporado a su propia legislación, los venezolanos que huyen de las violaciones a los derechos humanos y del colapso del Estado claramente merecen asilo.
Al negarse a conceder el estatuto de refugiado a los venezolanos y optar en cambio por medidas limitadas y ad hoc, los gobiernos latinoamericanos afirman que están impidiendo que una situación temporal se torne permanente y evitando compromisos costosos. No va a funcionar. Los costos están aumentando debido a que los gobiernos son reacios a expulsar a los migrantes, prefiriendo en cambio presionar a Venezuela para que acepte ayuda humanitaria. Saben que las condiciones allí son insostenibles. Mientras tanto, la ambigüedad sobre la situación de los migrantes venezolanos en los países de acogida está obligando a muchos a amontonarse en las zonas fronterizas donde están generando problemas para sí mismos y para los demás. Esto les impide integrarse a las comunidades nacionales y a los mercados laborales formales.
Los Estados Unidos también deberían ser más acogedores. Los venezolanos, en su mayoría de clase media, que han volado a Miami han conseguido en gran medida obtener asilo, pero representan sólo una pequeña fracción de los que se encuentran atrapados en un limbo legal en América Latina. Las democracias liberales del hemisferio occidental deberían acordar compartir la responsabilidad por las víctimas humanitarias del tirano venezolano. Todos ellos se beneficiarían de las contribuciones de los venezolanos desesperados por vivir y trabajar en libertad y paz.
Traducido por Gabriel Gasave
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