Se busca a Guillermo Zuloaga

Washington, DC—No sorprende la orden de detención contra Guillermo Zuloaga, accionista principal y presidente de Globovisión, último canal de televisión independiente de Venezuela. Lo que sorprende es que Hugo Chávez haya tardado tanto en hacer lo que quienes siguen la heroica resistencia de Globovisión contra el dictador esperaban desde hace mucho.

Cuando en 2007 Chávez sacó del aire a RCTV, decana de la televisión venezolana, Globovisión supo que tenía la soga al cuello. Pero, a pesar de una vertiginosa serie de tretas judiciales y actos de intimidación, el canal de Zuloaga mantuvo sus investigaciones periodísticas. Aún cuando el gobierno acusó falsamente a Zuloaga, también dueño de dos concesionarias de autos, de esconder vehículos para elevar sus precios, el presidente de Globovisión siguió luchando. Mientras tanto, otros críticos —alcaldes, gobernadores, intelectuales, empresarios— eran arrestados u obligados a abandonar el país. El último fue Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del Zulia, que pasó un tiempo en la cárcel por afirmar que su país se había convertido en un imán para narcotraficantes. Pero por algún motivo Chávez estimó que no convenía el zarpazo definitivo contra Zuloaga, potente símbolo de la libertad de expresión, cuya brevísima detención en marzo pasado ya causó protestas internacionales.

Ahora, eso ha cambiado. Zuloaga tiene orden de captura: el gobierno quiere sofocar el último rescoldo de libertad en la televisión. La oportunidad de las operaciones de Chávez contra opositores clave responde siempre a una cierta racionalidad. La orden de arresto contra Zuloaga revela la gravedad de lo que sucede allí a tres meses de las elecciones legislativas que darán a la oposición una presencia en el Congreso por primera vez en años (se abstuvo de participar en los últimos comicios legislativos).

Los escándalos de corrupción alcanzaron hace poco su cénit cuando 30.000 toneladas de comida importada podrida fueron descubiertas en los almacenes de empresas estatales. Venezuela, que padece una escasez crónica por los controles de precios, importa el 70 por ciento de sus alimentos. Es una cruel ironía que, debido a la corrupción oficial, el mismo gobierno que rutinariamente acusa a los distribuidores particulares de acumular alimentos con fines especulativos esté negándoles productos básicos a personas dependientes de su política asistencialista. Esto le ha costado a Chávez, cuya popularidad ha caído al 48 por ciento.

Otro factor de peso es el colapso del orden público. Según un reciente estudio sobre la primera década de Chávez en el poder, realizado por 25 institutos latinoamericanos bajo la dirección del “think tank” chileno Libertad y Desarrollo, unas 150.000 personas han perdido la vida por violencia delincuencial hasta ahora. El endurecimiento del sistema autoritario conlleva, vaya paradoja, un aumento exponencial del pandillaje. Ex policías y soldados son parte del crimen organizado.

El contexto económico, ya ensombrecido con una caída del 6 por ciento en la producción en el primer trimestre del año y una inflación de 30 por ciento, amenaza al régimen. Como sucedió en 2007, cuando el gobierno respondió a una crisis económica con nacionalizaciones en las áreas del petróleo, las telecomunicaciones, la electricidad, la banca y el acero, Chávez ha decidido intervenir ahora 18 empresas de distribución de alimentos, el Banco Federal (uno de cuyos directores lo es también de Globovisión) y 80 bancos de inversión y firmas bursátiles. En los últimos cinco años, más de 762 empresas privadas han sido expropiadas. Cada ola nacionalizadora es justificada con el argumento de que la empresa privada instiga el desorden económico. Resultado: el Foro Económico Mundial ubica ya a Venezuela en el puesto 113 en el ranking de competitividad.

No es de extrañar que el gobierno se haya convencido de que es hora de obliterar lo que queda de la libertad de expresión. Chávez ya controla 72 estaciones de televisión, 400 estaciones de radio y 18 periódicos, y ha infligido más de 1.000 horas de tortura verbal a los televidentes con discursos que los medios tienen obligación de transmitir. Pero eso no basta. Globovisión, un medio relativamente pequeño que se ha agigantado a ojos de millones de venezolanos, es intolerable en un Estado que pretende ser una segunda Cuba.

El año pasado, un grupo de extranjeros invitados al 25 aniversario de Cedice, el instituto venezolano, cenamos con Guillermo Zuloaga. Le preguntamos cuánto tiempo más estaba dispuesto a luchar. “Cuanto sea necesario”, respondió. “Ellos vendrán por mí, pero eso no nos detendrá. Incluso si nos cierran, estamos preparados para continuar transmitiendo desde el extranjero. Nunca nos rendiremos”.

Hace unos días, cuando Zuloaga pasó a la clandestinidad, Chávez lo llamó cobarde. El dictador sabía bien que se enfrenta a un enemigo mucho más valiente que él.

(c) 2010, The Washington Post Writers Group