Desde que asumió el cargo, Barack Obama ha tenido que lidiar con una economía en caída libre, una auto-generada “crisis” del cuidado de la salud y su intento de “reforma”, y una creciente insurgencia del Talibán en Afganistán. Hasta ahora, Iraq ha permanecido lo suficientemente tranquilo como para que muchos en los medios de comunicación y el público hayan reorientado su atención hacia las guerras del momento en Afganistán, Yemen y Somalia. La relativa paz (interrumpida de vez en cuando por un ataque violento) en Irak puede estar a punto de evaporarse y provocar otra crisis para el presidente.
La Comisión de Responsabilidad y Justicia iraquí no dispensa ninguna de las dos cosas, y se encuentra dirigida por Ahmed Chalabi, un agente iraní sospechado que engañó a la demasiado receptiva administración Bush para que invadiese Irak, y Ali Faisal al-Lami, quien fue detenido por terrorismo.
La Comisión ha descalificado a más de 500 candidatos para las próximas elecciones parlamentarias de marzo. Los candidatos eran en su gran mayoría sunitas, y la inhabilitación podría muy bien volver a encender a la insurgencia sunita o generar una guerra civil entre chitas y sunitas.
La prohibición, aprobada por el Primer Ministro chiita Nuri al-Maliki, ayuda convenientemente a su mixta alianza electoral chiita-sunita, irónicamente llamada Coalición Para el Estado de Derecho, al socavar a su principal rival, la similarmente mixta coalición de Iraqiya, que postula a un vicepresidente, ex primer ministro, y prominente político sunita a quien se le ha prohibido presentarse. Por supuesto, en un conflicto de intereses tan típico de Irak, la coalición chiita de Chalabi y al-Lami también se beneficia de la inhabilitación de los candidatos sunitas.
En 2005, los sunitas también se sintieron privados de sus derechos, lo que llevó a una creciente insurgencia y a la guerra civil con los chiitas en 2006 y 2007. Así que la decisión de esta comisión irregular podría tener dramáticas consecuencias.
El pronunciamiento de la comisión pareció conmocionar a los diplomáticos estadounidenses y extranjeros, que consideran que la reducción de la violencia en Irak se ha producido porque ha funcionado la “edificación institucional” liderada por los Estados Unidos e impuesta artificialmente a punta de pistola. Pero en la mayoría de las sociedades, las leyes e instituciones suelen venir después de un consenso societario y un acuerdo informal entre las facciones. Poco de eso existe en Irak, de modo tal que la Constitución, las leyes e instituciones adoptadas bajo la presión de una potencia ocupante son tan sólo una apariencia. La descalificación lisa y llana de los candidatos, más típica de las autocracias como la de Irán, es meramente un síntoma de la prolongada naturaleza fracturada de la sociedad iraquí.
Hasta que esas fisuras subyacentes sean resueltas, la reducción de la violencia sólo será temporal—causada principalmente por el pago estadounidense a los insurgentes sunitas, antes de la limpieza étnica que separó a las facciones beligerantes, y el súbito agotamiento por la guerra en lugar de la formación de un consenso societario en un país artificial. Históricamente, en otros conflictos etno-sectarios similares, la violencia ha ido y venido con el tiempo. Como decía con sarcasmo el gran jugador de beisbol Yogi Berra, “No está terminado hasta que esté terminado”. Y no va a terminar pronto.
Además de la prohibición de los candidatos en los comicios, otros síntomas de las continuas divisiones han sido las dificultades para sancionar las leyes que regulen la elección de marzo y el control de los recursos petroleros, las luchas internas en las tan cacareadas coaliciones electorales mixtas (especialmente en la recientemente anunciada de Iraqiya), la imposición de facto en las áreas sunitas de Bagdad de la ley marcial por parte del ejército dominado por los chiitas, y, lo más inquietante, la aparente lealtad de algunas unidades de las fuerzas de seguridad iraquíes a sus facciones etno-sectarias kurdas, chiitas o sunitas antes que al Estado iraquí.
Debido a que una reiteración de la privación de los derechos civiles a los sunitas y una reacción hostil es posible, está creciendo la presión para una férrea intervención de los EE.UU. a fin de motivar a las coaliciones iraquíes para que alcancen un compromiso sobre los candidatos inhabilitados, evitando así la violencia y garantizando un proceso electoral más suave. Sin embargo, incluso si se alcanza un compromiso, no se resuelve la artificialidad subyacente del proyecto de los EE.UU. para mantener unido a Irak.
La inhabilitación de los candidatos para los comicios es un canario en la mina de carbón y dramáticamente pone de relieve la amenaza que la renovada violencia plantea para el loable plan de Obama de retirar a las fuerzas de los EE.UU. de Irak a finales del próximo año.
Traducido por Gabriel Gasave
¿La próxima crisis para Obama?
Desde que asumió el cargo, Barack Obama ha tenido que lidiar con una economía en caída libre, una auto-generada “crisis” del cuidado de la salud y su intento de “reforma”, y una creciente insurgencia del Talibán en Afganistán. Hasta ahora, Iraq ha permanecido lo suficientemente tranquilo como para que muchos en los medios de comunicación y el público hayan reorientado su atención hacia las guerras del momento en Afganistán, Yemen y Somalia. La relativa paz (interrumpida de vez en cuando por un ataque violento) en Irak puede estar a punto de evaporarse y provocar otra crisis para el presidente.
La Comisión de Responsabilidad y Justicia iraquí no dispensa ninguna de las dos cosas, y se encuentra dirigida por Ahmed Chalabi, un agente iraní sospechado que engañó a la demasiado receptiva administración Bush para que invadiese Irak, y Ali Faisal al-Lami, quien fue detenido por terrorismo.
La Comisión ha descalificado a más de 500 candidatos para las próximas elecciones parlamentarias de marzo. Los candidatos eran en su gran mayoría sunitas, y la inhabilitación podría muy bien volver a encender a la insurgencia sunita o generar una guerra civil entre chitas y sunitas.
La prohibición, aprobada por el Primer Ministro chiita Nuri al-Maliki, ayuda convenientemente a su mixta alianza electoral chiita-sunita, irónicamente llamada Coalición Para el Estado de Derecho, al socavar a su principal rival, la similarmente mixta coalición de Iraqiya, que postula a un vicepresidente, ex primer ministro, y prominente político sunita a quien se le ha prohibido presentarse. Por supuesto, en un conflicto de intereses tan típico de Irak, la coalición chiita de Chalabi y al-Lami también se beneficia de la inhabilitación de los candidatos sunitas.
En 2005, los sunitas también se sintieron privados de sus derechos, lo que llevó a una creciente insurgencia y a la guerra civil con los chiitas en 2006 y 2007. Así que la decisión de esta comisión irregular podría tener dramáticas consecuencias.
El pronunciamiento de la comisión pareció conmocionar a los diplomáticos estadounidenses y extranjeros, que consideran que la reducción de la violencia en Irak se ha producido porque ha funcionado la “edificación institucional” liderada por los Estados Unidos e impuesta artificialmente a punta de pistola. Pero en la mayoría de las sociedades, las leyes e instituciones suelen venir después de un consenso societario y un acuerdo informal entre las facciones. Poco de eso existe en Irak, de modo tal que la Constitución, las leyes e instituciones adoptadas bajo la presión de una potencia ocupante son tan sólo una apariencia. La descalificación lisa y llana de los candidatos, más típica de las autocracias como la de Irán, es meramente un síntoma de la prolongada naturaleza fracturada de la sociedad iraquí.
Hasta que esas fisuras subyacentes sean resueltas, la reducción de la violencia sólo será temporal—causada principalmente por el pago estadounidense a los insurgentes sunitas, antes de la limpieza étnica que separó a las facciones beligerantes, y el súbito agotamiento por la guerra en lugar de la formación de un consenso societario en un país artificial. Históricamente, en otros conflictos etno-sectarios similares, la violencia ha ido y venido con el tiempo. Como decía con sarcasmo el gran jugador de beisbol Yogi Berra, “No está terminado hasta que esté terminado”. Y no va a terminar pronto.
Además de la prohibición de los candidatos en los comicios, otros síntomas de las continuas divisiones han sido las dificultades para sancionar las leyes que regulen la elección de marzo y el control de los recursos petroleros, las luchas internas en las tan cacareadas coaliciones electorales mixtas (especialmente en la recientemente anunciada de Iraqiya), la imposición de facto en las áreas sunitas de Bagdad de la ley marcial por parte del ejército dominado por los chiitas, y, lo más inquietante, la aparente lealtad de algunas unidades de las fuerzas de seguridad iraquíes a sus facciones etno-sectarias kurdas, chiitas o sunitas antes que al Estado iraquí.
Debido a que una reiteración de la privación de los derechos civiles a los sunitas y una reacción hostil es posible, está creciendo la presión para una férrea intervención de los EE.UU. a fin de motivar a las coaliciones iraquíes para que alcancen un compromiso sobre los candidatos inhabilitados, evitando así la violencia y garantizando un proceso electoral más suave. Sin embargo, incluso si se alcanza un compromiso, no se resuelve la artificialidad subyacente del proyecto de los EE.UU. para mantener unido a Irak.
La inhabilitación de los candidatos para los comicios es un canario en la mina de carbón y dramáticamente pone de relieve la amenaza que la renovada violencia plantea para el loable plan de Obama de retirar a las fuerzas de los EE.UU. de Irak a finales del próximo año.
Traducido por Gabriel Gasave
Defensa y política exteriorIrak
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