Los expertos a favor de la administración están tratando de sofocar a un grupo de generales retirados que solicita que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld renuncie. Estos expertos sostienen que dicha crítica subvierte el principio del control civil sobre las fuerzas armadas. Pero en verdad, la república se ve beneficiada con tal franco comportamiento.
El control civil de las fuerzas armadas resulta crucial para la preservación de una república libre. Casos de fuerzas armadas poderosas que se tornan politizadas tienen un largo historial en la destrucción de democracias. Incluso en los Estados Unidos, donde los militares han permanecido, afortunadamente, bastante apolíticos, el Presidente Truman despidió al engreído General Douglas MacArthur por insubordinación durante la Guerra de Corea. Franklin Delano Roosevelt había previamente declarado que MacArthur era el hombre más peligroso de los Estados Unidos.
Más recientemente, tanto el General Richard Myers como el General Peter Pace actuaron como animadores de la política estadounidense en Irak, en sus roles consecutivos de Jefes del Estado Mayor Conjunto. Como los consejeros militares de mayor antigüedad de la nación, están pasando de brindar lecciones sobre cuestiones militares al peligroso ámbito político de defender públicamente una política. Por supuesto, es improbable que el General Pace sea despedido por sus recientes comentarios respecto de que a la intervención en Irak le estaba yendo espléndidamente. Dejando a un lado la obvia cuestión de la credibilidad, el verdadero interrogante es sí el General Pace tiene que ser cómplice de las políticas de cualquier administración. La respuesta debería ser un resonante “no”.
Algunos pueden argumentar que como un crítico de la guerra, estoy adoptando un doble estándar—acepto con beneplácito la defensa de los generales retirados de despedir a Rumsfeld, no obstante que considero impropio el jubiloso apoyo a la guerra por parte de generales en servicio activo. Pero así como considero que el General Pace debería renunciar debido a sus comentarios, sostendré que cualquier general en servicio activo que haya tenido la audacia de pronunciarse en contra de la guerra también debiera ser despedido. La diferencia es que los generales retirados están, pues, retirados y se les debería permitir expresar opiniones políticas como a cualquier otro ciudadano civil. El debate público se beneficia de su pericia militar previa, ya sea que se encuentren a favor o en contra de la continuidad de la guerra. Por ejemplo, a fin de refutar las acusaciones de los generales retirados críticos, el ahora retirado General Myers realizó recientemente la aprovechada aserción de que Rumsfeld jamás intimidó a los miembros del Estado Mayor Conjunto durante la planificación de la guerra de Irak. Los comentarios de Myers son perfectamente lícitos, incluso si su credibilidad está sospechada. Cuando los generales en actividad elogian o critican públicamente la política de alguna administración presidencial (está bien que suministren consejería militar privada), ello también puede mejorar el debate público pero tal beneficio resulta ensombrecido por la politización de las fuerzas armadas. Esa politización socava el control civil sobre las fuerzas armadas.
Si los generales en actividad se oponen tanto a la política de alguna administración que ello los pone fuera de sí, deberían contenerse de expresar su disenso en público hasta después de su renuncia. Como ciudadanos privados, ya no forman parte de la cadena de mando militar y deberían ser capaces de expresar lo que les plazca.
¿Pero qué ocurre sí, como muchos creemos, los generales retirados están actuando como voceros encargados de difundir la insatisfacción entre los oficiales en actividad al mando de Rumsfeld, debido a su estilo de administración dominante y su manejo incompetente de la situación en Irak? Este resultado es optimo para la república en virtud de que pone en alerta al público de que muchos expertos militares son críticos del desempeño de la administración, pero no se socava el control civil sobre las fuerzas armadas por el hecho de que los oficiales militares en actividad critiquen públicamente a su liderazgo civil. Los oficiales activos no tienen ninguna influencia sobre los puntos de vista y las declaraciones de los retirados, pero pueden perfectamente concordar con ellos.
Tal vez uno podría preguntarse por qué muchos de estos generales retirados no asumieron antes una actitud principista. Pero, más vale tarde que nunca. Quizás deberían pedir que su ex colega, el General Pace, se una a Donald Rumsfeld en la fila de los desocupados.
¿Deberían los generales retirados pronunciarse en contra de Rumsfeld?
Los expertos a favor de la administración están tratando de sofocar a un grupo de generales retirados que solicita que el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld renuncie. Estos expertos sostienen que dicha crítica subvierte el principio del control civil sobre las fuerzas armadas. Pero en verdad, la república se ve beneficiada con tal franco comportamiento.
El control civil de las fuerzas armadas resulta crucial para la preservación de una república libre. Casos de fuerzas armadas poderosas que se tornan politizadas tienen un largo historial en la destrucción de democracias. Incluso en los Estados Unidos, donde los militares han permanecido, afortunadamente, bastante apolíticos, el Presidente Truman despidió al engreído General Douglas MacArthur por insubordinación durante la Guerra de Corea. Franklin Delano Roosevelt había previamente declarado que MacArthur era el hombre más peligroso de los Estados Unidos.
Más recientemente, tanto el General Richard Myers como el General Peter Pace actuaron como animadores de la política estadounidense en Irak, en sus roles consecutivos de Jefes del Estado Mayor Conjunto. Como los consejeros militares de mayor antigüedad de la nación, están pasando de brindar lecciones sobre cuestiones militares al peligroso ámbito político de defender públicamente una política. Por supuesto, es improbable que el General Pace sea despedido por sus recientes comentarios respecto de que a la intervención en Irak le estaba yendo espléndidamente. Dejando a un lado la obvia cuestión de la credibilidad, el verdadero interrogante es sí el General Pace tiene que ser cómplice de las políticas de cualquier administración. La respuesta debería ser un resonante “no”.
Algunos pueden argumentar que como un crítico de la guerra, estoy adoptando un doble estándar—acepto con beneplácito la defensa de los generales retirados de despedir a Rumsfeld, no obstante que considero impropio el jubiloso apoyo a la guerra por parte de generales en servicio activo. Pero así como considero que el General Pace debería renunciar debido a sus comentarios, sostendré que cualquier general en servicio activo que haya tenido la audacia de pronunciarse en contra de la guerra también debiera ser despedido. La diferencia es que los generales retirados están, pues, retirados y se les debería permitir expresar opiniones políticas como a cualquier otro ciudadano civil. El debate público se beneficia de su pericia militar previa, ya sea que se encuentren a favor o en contra de la continuidad de la guerra. Por ejemplo, a fin de refutar las acusaciones de los generales retirados críticos, el ahora retirado General Myers realizó recientemente la aprovechada aserción de que Rumsfeld jamás intimidó a los miembros del Estado Mayor Conjunto durante la planificación de la guerra de Irak. Los comentarios de Myers son perfectamente lícitos, incluso si su credibilidad está sospechada. Cuando los generales en actividad elogian o critican públicamente la política de alguna administración presidencial (está bien que suministren consejería militar privada), ello también puede mejorar el debate público pero tal beneficio resulta ensombrecido por la politización de las fuerzas armadas. Esa politización socava el control civil sobre las fuerzas armadas.
Si los generales en actividad se oponen tanto a la política de alguna administración que ello los pone fuera de sí, deberían contenerse de expresar su disenso en público hasta después de su renuncia. Como ciudadanos privados, ya no forman parte de la cadena de mando militar y deberían ser capaces de expresar lo que les plazca.
¿Pero qué ocurre sí, como muchos creemos, los generales retirados están actuando como voceros encargados de difundir la insatisfacción entre los oficiales en actividad al mando de Rumsfeld, debido a su estilo de administración dominante y su manejo incompetente de la situación en Irak? Este resultado es optimo para la república en virtud de que pone en alerta al público de que muchos expertos militares son críticos del desempeño de la administración, pero no se socava el control civil sobre las fuerzas armadas por el hecho de que los oficiales militares en actividad critiquen públicamente a su liderazgo civil. Los oficiales activos no tienen ninguna influencia sobre los puntos de vista y las declaraciones de los retirados, pero pueden perfectamente concordar con ellos.
Tal vez uno podría preguntarse por qué muchos de estos generales retirados no asumieron antes una actitud principista. Pero, más vale tarde que nunca. Quizás deberían pedir que su ex colega, el General Pace, se una a Donald Rumsfeld en la fila de los desocupados.
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