El terrorismo es una amenaza difusa que exige soluciones difusas. Un paso práctico tendiente a combatir el terrorismo doméstico es una ciudadanía armada que ejercite el derecho a portar armas que le concede la Segunda Enmienda.
Hasta que ocurre un secuestro o una explosión, puede ser imposible decir quién es un terrorista y qué será tomado como blanco. La paranoia esparcida por esta incertidumbre es una de las armas empuñadas por los terroristas. Dependen del hecho de que las fuerzas de seguridad no pueden estar en todas partes y de que, a medida que usted haga su vida de todos los días, nunca se sentirá seguro.
La gente debe ahora desempeñar un papel más activo en su propia protección. Es importante para los ciudadanos ordinarios y responsables poder a poseer y portar armas para protegerse a sí mismos, a sus familias, y a los transeúntes inocentes.
En Israel, cerca del diez por ciento de la población adulta tiene permisos para portar armas encubiertas. En un artículo en el Wall Street del 28 de septiembre, el Dr. John Lott, Investigador Académico Senior en la Escuela de Leyes de Yale University, comentó respecto a cómo las políticas de armas de Israel proporcionan una barrera contra el terrorismo, dificultando que sus ciudadanos se conviertan en víctimas. Lott estima que para igualar este índice per cápita de permisos de portación en los Estados Unidos, “los estadounidenses tendrían que incrementar el número de permisos de 3.5 millones a casi 21 millones.”
La estrategia de una ciudadanía armada ofrece muchas ventajas. No imposibilita otras opciones ni viola libertades civiles; no requiere de una conscripción; y no le cuesta nada al contribuyente.
Es una parte fundamental del carácter estadounidense el defender al inocente incluso en situaciones de elevado riesgo. Los pasajeros-héroes del Vuelo 93 de United Airlines, que se adelantaron a sus secuestradores y derribaron el avión antes de que pudiese impactar contra su blanco previsto, murieron para salvar las vidas de personas en tierra—gente que no conocían. Pero solamente 33 estados permiten que los ciudadanos respetuosos de la ley porten armas. Las políticas de “derecho-a-portar” alentarían a las personas comunes a defenderse por sí mismas.
Los Estados Unidos tiene una larga tradición de ciudadanos privados que participan en la defensa durante las épocas de guerra. Tan atrás como la Guerra Revolucionaria, a los civiles que cumplían ciertos requisitos (tales como otorgar un depósito de seguridad) les eran concedidas “Cartas de Marque y de Represalia” por parte del Congreso, las cuales les permitían armar “una nave privada de guerra.” Durante la Revolución estadounidense y la guerra de 1812, estos “justicieros privados” fueron particularmente eficaces contra los británicos que alentaban a los piratas a incautar y saquear a los buques mercantes estadounidenses.
El 25 de septiembre, el Representante Ron Paul, republicano por Tejas, recomendó que el Congreso considere ejercer su facultad constitucional para conceder Cartas de Marque y de Represalia. “Hoy, tenemos un nuevo tipo de piratería mortal, en el cielo alto sobre nuestro país. La solución que los fundadores pergeñaron bajo estas circunstancias fue la de que el Congreso concediese Cartas de Marque y de Represalia,” dijo Paul. Una vez más, esta estrategia tiene ventajas. No imposibilita otras opciones; no involucra necesariamente a las libertades civiles ni entraña un rediseño de la geopolítica; apunta estrechamente a los terroristas sin ningún costo para el contribuyente.
Paul no es el único que aboga por esta estrategia. En su ensayo “Dejemos que los Justicieros Privados Atrapen a Bin Laden,” Larry Sechrest—un Investigador Asociado del The Independent Institute—argumenta a favor de un retorno a la justicia privada. Cita a Thomas Jefferson diciendo, “Cada estímulo posible debe ser otorgado a los justicieros privados (contra un enemigo) en las épocas de guerra.”
¿Cómo luciría tal empresa privada hoy día? Quizás se asemejaría a la recompensa de $5 millones—recaudada solamente mediante el financiamiento privado—que el FBI ha establecido para Usama bin Laden. Otra muestra de la actual justicia privada es la recompensa de mil millones de dólares que actualmente está siendo recaudada por un grupo de ejecutivos de alta tecnología para los líderes del Al-Qaida.
Creo en la utilización de la fuerza como autodefensa. Pero incluso la gente que no desea poseer un arma o participar en la caza de recompensas—o cuyas creencias religiosas les impiden hacerlo—pueden aún tomar ellos mismos medidas prácticas contra el terrorismo.
La infraestructura de la sociedad es uno de los principales blancos de los terroristas: los sistemas de transporte y de agua, las redes de electricidad y de teléfono. Destruir el World Trade Center no fue simplemente un acto de asesinato y de simbolismo anti-estadounidense: fue diseñado para interrumpir el status quo financiero. Esto significa que preservar el status quo de la vida cotidiana y del comercio es un acto de anti-terrorismo.
La gente debería seguir el mismo consejo ofrecido por la situación planteada con el cambio de siglo respecto de las computadoras, conocido como Y2K, y sus proyectados cortes de los servicios. Deberían almacenar algunas semanas de alimentos, de agua, de gasolina, y de otras cosas esenciales para la vida.
Esto no es acaparamiento. Es auto confianza. Y significa gastar el dinero que algunos expertos creen que hará a la economía cambiar y prosperar.
Pueden también llegar a involucrarse en el fortalecimiento de la infraestructura de sus comunidades. Mi esposo y yo somos miembros voluntarios del Servicio de Radio Aficionados de Emergencia (ARES su sigla en inglés). Durante las emergencias—causadas por actos de Dios o del hombre—la comunicación que depende de los teléfonos o de la electricidad es vulnerable. A través del ARES, hemos trabajado en nuestro condado para establecer una red de radioaficionados y equipar a las estaciones de las agencias claves como la Cruz Roja y el departamento de bomberos.
Solamente unas pocas “soluciones” al terrorismo pueden caber dentro de los límites extraordinarios de una breve columna semanal. Pido que los lectores escriban y que ofrezcan sus propias sugerencias constructivas.
Traducido por Gabriel Gasave
El abuso infantil legal
El terrorismo es una amenaza difusa que exige soluciones difusas. Un paso práctico tendiente a combatir el terrorismo doméstico es una ciudadanía armada que ejercite el derecho a portar armas que le concede la Segunda Enmienda.
Hasta que ocurre un secuestro o una explosión, puede ser imposible decir quién es un terrorista y qué será tomado como blanco. La paranoia esparcida por esta incertidumbre es una de las armas empuñadas por los terroristas. Dependen del hecho de que las fuerzas de seguridad no pueden estar en todas partes y de que, a medida que usted haga su vida de todos los días, nunca se sentirá seguro.
La gente debe ahora desempeñar un papel más activo en su propia protección. Es importante para los ciudadanos ordinarios y responsables poder a poseer y portar armas para protegerse a sí mismos, a sus familias, y a los transeúntes inocentes.
En Israel, cerca del diez por ciento de la población adulta tiene permisos para portar armas encubiertas. En un artículo en el Wall Street del 28 de septiembre, el Dr. John Lott, Investigador Académico Senior en la Escuela de Leyes de Yale University, comentó respecto a cómo las políticas de armas de Israel proporcionan una barrera contra el terrorismo, dificultando que sus ciudadanos se conviertan en víctimas. Lott estima que para igualar este índice per cápita de permisos de portación en los Estados Unidos, “los estadounidenses tendrían que incrementar el número de permisos de 3.5 millones a casi 21 millones.”
La estrategia de una ciudadanía armada ofrece muchas ventajas. No imposibilita otras opciones ni viola libertades civiles; no requiere de una conscripción; y no le cuesta nada al contribuyente.
Es una parte fundamental del carácter estadounidense el defender al inocente incluso en situaciones de elevado riesgo. Los pasajeros-héroes del Vuelo 93 de United Airlines, que se adelantaron a sus secuestradores y derribaron el avión antes de que pudiese impactar contra su blanco previsto, murieron para salvar las vidas de personas en tierra—gente que no conocían. Pero solamente 33 estados permiten que los ciudadanos respetuosos de la ley porten armas. Las políticas de “derecho-a-portar” alentarían a las personas comunes a defenderse por sí mismas.
Los Estados Unidos tiene una larga tradición de ciudadanos privados que participan en la defensa durante las épocas de guerra. Tan atrás como la Guerra Revolucionaria, a los civiles que cumplían ciertos requisitos (tales como otorgar un depósito de seguridad) les eran concedidas “Cartas de Marque y de Represalia” por parte del Congreso, las cuales les permitían armar “una nave privada de guerra.” Durante la Revolución estadounidense y la guerra de 1812, estos “justicieros privados” fueron particularmente eficaces contra los británicos que alentaban a los piratas a incautar y saquear a los buques mercantes estadounidenses.
El 25 de septiembre, el Representante Ron Paul, republicano por Tejas, recomendó que el Congreso considere ejercer su facultad constitucional para conceder Cartas de Marque y de Represalia. “Hoy, tenemos un nuevo tipo de piratería mortal, en el cielo alto sobre nuestro país. La solución que los fundadores pergeñaron bajo estas circunstancias fue la de que el Congreso concediese Cartas de Marque y de Represalia,” dijo Paul. Una vez más, esta estrategia tiene ventajas. No imposibilita otras opciones; no involucra necesariamente a las libertades civiles ni entraña un rediseño de la geopolítica; apunta estrechamente a los terroristas sin ningún costo para el contribuyente.
Paul no es el único que aboga por esta estrategia. En su ensayo “Dejemos que los Justicieros Privados Atrapen a Bin Laden,” Larry Sechrest—un Investigador Asociado del The Independent Institute—argumenta a favor de un retorno a la justicia privada. Cita a Thomas Jefferson diciendo, “Cada estímulo posible debe ser otorgado a los justicieros privados (contra un enemigo) en las épocas de guerra.”
¿Cómo luciría tal empresa privada hoy día? Quizás se asemejaría a la recompensa de $5 millones—recaudada solamente mediante el financiamiento privado—que el FBI ha establecido para Usama bin Laden. Otra muestra de la actual justicia privada es la recompensa de mil millones de dólares que actualmente está siendo recaudada por un grupo de ejecutivos de alta tecnología para los líderes del Al-Qaida.
Creo en la utilización de la fuerza como autodefensa. Pero incluso la gente que no desea poseer un arma o participar en la caza de recompensas—o cuyas creencias religiosas les impiden hacerlo—pueden aún tomar ellos mismos medidas prácticas contra el terrorismo.
La infraestructura de la sociedad es uno de los principales blancos de los terroristas: los sistemas de transporte y de agua, las redes de electricidad y de teléfono. Destruir el World Trade Center no fue simplemente un acto de asesinato y de simbolismo anti-estadounidense: fue diseñado para interrumpir el status quo financiero. Esto significa que preservar el status quo de la vida cotidiana y del comercio es un acto de anti-terrorismo.
La gente debería seguir el mismo consejo ofrecido por la situación planteada con el cambio de siglo respecto de las computadoras, conocido como Y2K, y sus proyectados cortes de los servicios. Deberían almacenar algunas semanas de alimentos, de agua, de gasolina, y de otras cosas esenciales para la vida.
Esto no es acaparamiento. Es auto confianza. Y significa gastar el dinero que algunos expertos creen que hará a la economía cambiar y prosperar.
Pueden también llegar a involucrarse en el fortalecimiento de la infraestructura de sus comunidades. Mi esposo y yo somos miembros voluntarios del Servicio de Radio Aficionados de Emergencia (ARES su sigla en inglés). Durante las emergencias—causadas por actos de Dios o del hombre—la comunicación que depende de los teléfonos o de la electricidad es vulnerable. A través del ARES, hemos trabajado en nuestro condado para establecer una red de radioaficionados y equipar a las estaciones de las agencias claves como la Cruz Roja y el departamento de bomberos.
Solamente unas pocas “soluciones” al terrorismo pueden caber dentro de los límites extraordinarios de una breve columna semanal. Pido que los lectores escriban y que ofrezcan sus propias sugerencias constructivas.
Traducido por Gabriel Gasave
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