La feminista radical Eliza Toledo lo llama “uno de los ataques más significativos contra nuestros derechos.” Elizabeth Schroeder, directora asociada de la Southern California ACLU (siglas para la Unión Estadounidense por las libertades Civiles del Sur de California,) se preocupa de que “el mismo pudiese convertirse en una ola, como otros ataques… quizás ellos [los varones de raza blanca] están asustados al ver que las minorías calificadas y las mujeres son capaces de obtener empleos.”
¿Qué es lo que ha iniciado esta inquietud? El ataque contra la acción afirmativa.
En California, el asambleísta Bernie Richter ha propuesto una enmienda constitucional para prohibirle al estado otorgarle a alguien un tratamiento preferencial en el sector público en base a su raza, sexo, color, grupo étnico, u origen nacional. La enmienda tiene mucho apoyo; de acuerdo con encuestas recientes, la mayoría de los californianos están desilusionados con la acción afirmativa. Si la medida es aprobada por la Asamblea y el Senado, los votantes de California tendrán la palabra final en una votación en marzo de 1996. Si la misma es bloqueada—tal vez en la Asamblea, donde el Vocero Willie Brown hará campaña contra ella—es probable que se convierta en una iniciativa electoral.
Jesse Jackson ya ha equiparado el apoyo del gobernador Pete Wilson a la medida con el racismo del ex gobernador de Alabama George Wallace. Muchas feministas atribuyen el movimiento al sexismo de los varones de raza blanca. La camarilla política Afro-Estadounidense de la Legislatura estadual la atribuye al racismo. Los demócratas del estado acusan a los republicanos de oportunismo político.
La última acusación tiene algún fundamento.
En Washington, los líderes republicanos sospechan que las políticas de derechos civiles de Clinton pueden ser su debilidad mortal. Si un debate parlamentario sobre la legislación anti-acción afirmativa puede ser agendado para el próximo otoño, la cuestión con certeza se convertirá en un contencioso electoral. Si continúa apoyando el tratamiento preferencial para las mujeres y las minorías, Clinton se arriesgará a alienar a los estadounidenses que resienten tales políticas. Por otra parte, el apartarse de la acción afirmativa lo perjudicaría entre los elementos importantes en la base del poder demócrata, especialmente los votantes negros. Los republicanos serían tontos de perderse tal dorada oportunidad.
¿Qué hay respecto de la acusación de sexismo? Como una feminista acreditada, me siento calificada para decir: “Esto es un disparate, un disparate sobre zancos.” Iré un paso más lejos: en mi opinión, aquellos quienes son pro-mujeres deberían ser anti-acción afirmativa. Deberían aplaudir al senador Phil Gramm cuando tiene el nervio para declarar: “Necesitamos de la competencia libre y justa. Necesitamos de la igualdad de oportunidades y de la oportunidad ilimitada para todos. Pero no deberíamos tener privilegios especiales.”
Una feminista contra la acción afirmativa puede ser vista como un espectáculo extraño. Después de todo, la política fue ostensiblemente designada para alentar a las mujeres calificadas y a la minorías a postularse a empleos y competir en un nivel no discriminatorio. ¿Cómo podría objetar eso una feminista razonable?
Fácilmente. Y en base a numerosos fundamentos.
Pero antes de hacerlo, es importante trazar una distinción. Las políticas de acción afirmativa que hoy día se están debatiendo tienen poca similitud con las directivas presidenciales emitidas a mediados de los años 60. Las palabras “acción afirmativa” fueron utilizadas oficialmente por vez primera en la Orden Ejecutiva 11256, emitida por el Presidente Johnson en septiembre de 1965. Esta orden exigía a las empresas con contratos gubernamentales reclutar agresivamente a mujeres y a miembros de las minorías—como solicitantes de empleos. Dentro de este conjunto de reclutas, sin embargo, todos los postulantes debían ser juzgados en base a sus méritos.
El documento fundamental de la acción afirmativa, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, establece que es ilegal para cualquier empleador:
(1) fallar o rehusar contratar o despedir a algún individuo, o de otra manera discriminar contra algún individuo respecto de su compensación, términos, o privilegios laborales debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de dicha persona.
(2) limitar, segregar, o clasificar a sus empleados o postulantes a un empleo de cualquier forma que pudiese privar a algún individuo de las oportunidades laborales o de otra forma que afecte su condición como empleado, debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de dicha persona.
Las políticas actuales de la acción afirmativa violan el Título VII al exigir cuotas no oficiales, las cuales pueden ser cubiertas solamente a través de un tratamiento preferencial. De esta manera, cuando el Jefe de personal de la Casa Blanca Leon Panetta sostiene que aquellos quienes desean eliminar la preferencia están tratando de “volver a atrás el reloj sobre los derechos civiles,” expone su ignorancia de la redacción del Título VII. (o es eso, o es que él está sutilmente halagando a sus oponentes por desear regresar a las intenciones originales del movimiento de los derechos civiles. Pero de todas formas lo dudo.) Pero ya sea que estemos tratando con la acción afirmativa original o con su reencarnación a lo Frankenstein, el punto subsiste: el tratamiento preferencial perjudica a las mujeres. Permítaseme explicar por qué.
Tres razones fundamentales han sido ofrecidas para justificar los privilegios laborales para las mujeres: (1) el bien social, (2) la justicia compensatoria, y (3) el ideal de la igualdad.
El Bien Social
El argumento del bien social sostiene que la sociedad se enriquecerá con el progreso de las mujeres. Esta justificación se encuentra socavada por el hecho de que las feministas generalmente conceden que ellas respaldarían la política incluso si la misma disminuyese el bienestar general de la sociedad.
Lo cual la misma ciertamente hace. El efecto secundario más siniestro de la acción afirmativa puede ser que la misma fomenta el mismo mal que ella pretende curar: el prejuicio en contra de las mujeres. Para cubrir sus cuotas, los empleadores deben contratar a mujeres no calificadas, promover a las mujeres demasiado rápidamente, o transferirlas inapropiadamente a otros departamentos. Cuando estas mujeres fracasan, ello parece ser una confirmación de su insuficiencia. Recíprocamente, cuando las mujeres competentes tienen éxito por sí mismas, el mismo es asignado a que ellas fueron mimadas por políticas preferenciales. Las mujeres exitosas solían ser acusadas de acostarse en su camino a la cima. En la actualidad, los hombres pueden acusarlas de acostarse con el gobierno.
¿Y qué ocurre con los hombres contra los cuales se discrimina? Un informe de AP del 12 de febrero de 1995 citaba al bombero de San Francisco Ray Batz, quien solía llamarse a sí mismo un demócrata liberal:
He observado a mi departamento tornarse desmoralizado, denigrado, envilecido, degradado. Todos caen dentro de una o incluso más de una clase protegida. Es decir, todos a excepción de los varones de raza blanca.
Estamos contratando a mujeres diminutas. El tamaño ya no es as un criterio para los bomberos. [Pero la diversidad] no carga con una abuela escaleras abajo en el medio de la noche.
Tal resentimiento se traduce naturalmente en un sexismo exaltado. La acción afirmativa es tierra fértil para el mal al que la misma ostensiblemente se opone. Tal vez esto sea inevitable para una política que otorga una condición especial a su propia versión del sexismo al sistema legal. Asignar los empleos mediante un sistema de cuotas en vez de en función del mérito tiene desastrosas consecuencias económicas en el largo plazo. Y aplica una cuña entre el valor individual y el éxito económico.
La Justicia Compensatoria
La segunda justificación más común para la acción afirmativa es el argumento de la justicia compensatoria. Este afirma que cualquiera que lesiona a una persona inocente debería compensar a la parte perjudicada por el daño. Esto es suficientemente razonable.
Pero la acción afirmativa va mucho más lejos. La misma afirma que los descendientes de partes perjudicadas deberían también ser compensados. Después de todo, las mujeres de hoy aún viven con las consecuencias de la discriminación del pasado. En esencia, el estado debe ser utilizado como un historiador remediador, para enmendar las equivocaciones del pasado.
Existen dos objeciones básicas a esta posición: primero, la mayoría de los individuos que reciben la compensación no son las víctimas de la discriminación; y segundo, la mayoría de las personas que solventan la compensación no son los perpetradores.
Abrumadoramente, los perpetradores, como las víctimas, están muertos. Herbert Deane, en su libro “Justice—Compensatory and Distributive,” explica:
se les está pidiendo a los miembros presentes de la sociedad que asuman la responsabilidad no sólo por los actos injustos en el presente o en el pasado reciente en los cuales pueden no haber tenido participación alguna, sino también por actos de discriminación que fueron desarrollados mucho antes de que ellos nacieran, y cuando sus padres y abuelos pueden no haber sido en absoluto estadounidenses, sino que pueden haber padecido de persecución y de discriminación, por ejemplo, en Europa Oriental.
La acción afirmativa no sólo no intenta siquiera identificar a los herederos de las mujeres victimizadas. La misma amontona a todas las mujeres dentro de una clase, no trazando distinción alguna entre la privilegiada hija de un Rockefeller y el descendiente directo de un esclavo negro. Ni la misma intenta identificar a aquellos que realmente discriminan. Los varones de raza blanca, como una clase, son obligados a aceptar la culpa colectiva.
Somos todos víctimas y beneficiarios de nuestros ancestros, no tan sólo económicamente, sino física y culturalmente—en virtualmente cada aspecto de lo que somos. Esta no es una cuestión para la teoría legal; es un accidente de la naturaleza. Nací dentro de una familia trabajadora de clase baja que no podía proveerme de clases de música, libros de tapa dura, y otros refinamientos. Por otra parte, heredé la virtualmente indestructible buena salud de mis campesinos ancestros irlandeses. Las circunstancias de mi nacimiento no fueron ni justas ni injustas; meramente fueron. Y allí donde no hubo injusticia, ¿cómo puede existir compensación?
La mujeres no se hacen favor alguno al reclamar privilegios. Eso solamente fortalece el paternalismo por el cual ellas sufrieron tanto tiempo.
El Ideal de la Igualdad
El tercer argumento común para la acción afirmativa está basado en el ideal de la igualdad: las mujeres deberían ser iguales a los hombres. ¿Pero qué clase de igualdad está siendo defendida? ¿La social? ¿La económica? ¿La legal?
Tradicionalmente, en los Estados Unidos, la igualdad ha significado igual tratamiento ante la ley e igual acceso al poder político. Este modelo se centra en el individuo y en su relación con el estado.
La igualdad promovida por la acción afirmativa demanda igual acceso a la riqueza y a las oportunidades. Este modelo se centra en clases de personas y en su relación con otras clases, o con la sociedad en general.
Estos dos conceptos son incompatibles. La acción afirmativa se burla del idéntico trato ante la ley. Y ese es un derecho por el que las mujeres han luchado, y luchado duro, durante siglos. Durante gran parte del siglo diecinueve, las mujeres eran excluidas de las universidades y de los sindicatos, impedidas de ejercer actividades tales como la medicina, y—bajo el matrimonio—perdían a menudo todo título a cualquier pequeña remuneración que estuviesen autorizadas a ganarse. Cuando Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton batallaron para que las mujeres fuesen explícitamente mencionadas en la Constitución, lo hicieron a fin de asegurar el igual trato ante la ley.
La acción afirmativa no hace nada por las mujeres cuyo objetivo es la igualdad legal. La acción afirmativa apunta a la igualdad socioeconómica. La misma brega por la justicia distributiva.
Justicia: Distribuida y Libre
Durante la turbulencia social de los 60 y 70, una frase política ganó popularidad: “discriminación institucional.” Esto se refería a los arreglos institucionales que excluían u obstaculizaban a ciertas clases de personas para participar en la distribución del poder. La discriminación institucional no es lo mismo que el prejuicio personal. Por ejemplo, una compañía podría decidir contratar a individuos de su comunidad en función de un sentido de orgullo local. Pero la comunidad podría no contener a ninguna mujer calificada. Así, en base a motivos desprejuiciados—e incluso loables—la compañía puede distribuir los empleos de una manera desproporcionada. Las buenas intenciones y la falta de prejuicio no son una defensa contra este cargo.
En el corazón de este tema se encuentra la cuestión de cuánto poder—económico, social, y político—debería ser distribuido por toda la sociedad. ¿Cómo se alcanza la justicia?
Para las feministas individualistas, como yo, la justicia no es una cuestión de alcanzar un fin estatal en particular, tal como la igualdad o la no discriminación. La visión individualista de la justicia está orientada a los medios. Es decir, mientras una situación social sea no violenta y voluntaria, se aproxima a la justicia tanto como los mortales pueden hacerlo. Esto puede no producir una sociedad perfecta, pero es lo mejor que podemos hacer.
En contraste, las feministas estatistas poseen un concepto de justicia orientada a los fines. El fin perseguido es la igualdad socioeconómica para las mujeres. Y virtualmente cualquier medio—incluido el uso de la fuerza para regular las actitudes y el comportamiento pacífico—es justificado. Esto es porque las feministas que se lamentan contra la discriminación no vacilan en emplear esa herramienta en reversa si la misma sirve a su propósito.
Hay una triste ironía aquí. En nombre de la justicia del género, las feministas están mutilando a la más segura de las salvaguardias que las mujeres han tenido jamás en contra de la discriminación: el mercado libre. El mercado tiende a promover los intereses de las mujeres, no porque el mismo sea una arena de justicia, sino porque los empresarios desean generar ganancias. La discriminación es costosa: la misma aliena a los clientes y reduce el conjunto de empleados talentosos. En su búsqueda de beneficios, los empleadores tienden a ser ciegos al color y al sexo. El mercado es un gran nivelador de prejuicios.
Pero para mucha feministas, el mercado libre es un proceso caótico—una anarquía de preferencias no dirigidas. ¿Cómo, ellas demandan, puede tal caos desenfrenado producir posiblemente un bien social? Contrastan al mercado con la sociedad ordenada propuesta por los ingenieros sociales, en la cual los planificadores coordinan y canalizan el comportamiento individual en aras del bien común. Esta es una falsa dicotomía. La verdadera alternativa no es entre el caos y el orden, sino entre dos formas incompatibles de orden: una espontánea, la otra militar.
Las feministas estatistas desean imponer un orden militar en el cual los individuos sean organizados dentro de clasificaciones sexualmente correctas marchando en ordenada formación hacia la igualdad del género. El mercado libre se encuentra bajo un desventaja comparativa; a primera vista, el mismo parece ser aleatorio, no ordenado. Pero imaginemos este escenario. Flotando entre las nubes, usted tiene la visón de Dios de un mercado de pulgas celebrándose debajo suyo. La gente fluye a través de los pasillos ad hoc, tomando sus bienes y regateando con los propietarios del puesto. La escena parece ser un completo caos.
¿Qué está realmente ocurriendo? Una masa de individuos se encuentra espontánea e independientemente buscando sus propios intereses. Cuando surgen discusiones respecto de los bienes, los conflictos son no violentos y se resuelven privadamente. Todas las ventas ocurren porque benefician a ambas partes. Ninguna es perjudicada. Lo que usted está observando es una forma extremadamente sofisticada e intrincada de orden que eficientemente satisface las metas individuales sin violencia.
La verdadera elección en la acción afirmativa no es entre el caos y el orden, sino entre la libertad y el control.
El Pronóstico
La acción afirmativa puede perfectamente volverse una cuestión infernal para los demócratas. Los republicanos han tomado el dominio moral y se encuentran presentando un ataque frontal total. La acción afirmativa surge como un contencioso electoral en California. Casos judiciales que desafían a las políticas preferenciales se encuentran pendientes en varios estados. Y la Suprema Corte está ahora inclinada a fruncir el ceño contra la acción afirmativa federal, con los Jueces Rehnquist, O»Connor, Thomas, Kennedy, y Scalia proclives a votar contra ella.
El estratega demócrata Duane Garrett sintetizó la actitud de su partido hacia la controversia sobre la acción afirmativa de esta manera: “La mayoría de los demócratas con los que he hablado están simplemente desviando sus ojos y esperando que la misma se esfume.” Siempre pueden esperar.
Traducido por Gabriel Gasave
¿Qué es lo que afirma la Acción Afirmativa?
La feminista radical Eliza Toledo lo llama “uno de los ataques más significativos contra nuestros derechos.” Elizabeth Schroeder, directora asociada de la Southern California ACLU (siglas para la Unión Estadounidense por las libertades Civiles del Sur de California,) se preocupa de que “el mismo pudiese convertirse en una ola, como otros ataques… quizás ellos [los varones de raza blanca] están asustados al ver que las minorías calificadas y las mujeres son capaces de obtener empleos.”
¿Qué es lo que ha iniciado esta inquietud? El ataque contra la acción afirmativa.
En California, el asambleísta Bernie Richter ha propuesto una enmienda constitucional para prohibirle al estado otorgarle a alguien un tratamiento preferencial en el sector público en base a su raza, sexo, color, grupo étnico, u origen nacional. La enmienda tiene mucho apoyo; de acuerdo con encuestas recientes, la mayoría de los californianos están desilusionados con la acción afirmativa. Si la medida es aprobada por la Asamblea y el Senado, los votantes de California tendrán la palabra final en una votación en marzo de 1996. Si la misma es bloqueada—tal vez en la Asamblea, donde el Vocero Willie Brown hará campaña contra ella—es probable que se convierta en una iniciativa electoral.
Jesse Jackson ya ha equiparado el apoyo del gobernador Pete Wilson a la medida con el racismo del ex gobernador de Alabama George Wallace. Muchas feministas atribuyen el movimiento al sexismo de los varones de raza blanca. La camarilla política Afro-Estadounidense de la Legislatura estadual la atribuye al racismo. Los demócratas del estado acusan a los republicanos de oportunismo político.
La última acusación tiene algún fundamento.
En Washington, los líderes republicanos sospechan que las políticas de derechos civiles de Clinton pueden ser su debilidad mortal. Si un debate parlamentario sobre la legislación anti-acción afirmativa puede ser agendado para el próximo otoño, la cuestión con certeza se convertirá en un contencioso electoral. Si continúa apoyando el tratamiento preferencial para las mujeres y las minorías, Clinton se arriesgará a alienar a los estadounidenses que resienten tales políticas. Por otra parte, el apartarse de la acción afirmativa lo perjudicaría entre los elementos importantes en la base del poder demócrata, especialmente los votantes negros. Los republicanos serían tontos de perderse tal dorada oportunidad.
¿Qué hay respecto de la acusación de sexismo? Como una feminista acreditada, me siento calificada para decir: “Esto es un disparate, un disparate sobre zancos.” Iré un paso más lejos: en mi opinión, aquellos quienes son pro-mujeres deberían ser anti-acción afirmativa. Deberían aplaudir al senador Phil Gramm cuando tiene el nervio para declarar: “Necesitamos de la competencia libre y justa. Necesitamos de la igualdad de oportunidades y de la oportunidad ilimitada para todos. Pero no deberíamos tener privilegios especiales.”
Una feminista contra la acción afirmativa puede ser vista como un espectáculo extraño. Después de todo, la política fue ostensiblemente designada para alentar a las mujeres calificadas y a la minorías a postularse a empleos y competir en un nivel no discriminatorio. ¿Cómo podría objetar eso una feminista razonable?
Fácilmente. Y en base a numerosos fundamentos.
Pero antes de hacerlo, es importante trazar una distinción. Las políticas de acción afirmativa que hoy día se están debatiendo tienen poca similitud con las directivas presidenciales emitidas a mediados de los años 60. Las palabras “acción afirmativa” fueron utilizadas oficialmente por vez primera en la Orden Ejecutiva 11256, emitida por el Presidente Johnson en septiembre de 1965. Esta orden exigía a las empresas con contratos gubernamentales reclutar agresivamente a mujeres y a miembros de las minorías—como solicitantes de empleos. Dentro de este conjunto de reclutas, sin embargo, todos los postulantes debían ser juzgados en base a sus méritos.
El documento fundamental de la acción afirmativa, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, establece que es ilegal para cualquier empleador:
(1) fallar o rehusar contratar o despedir a algún individuo, o de otra manera discriminar contra algún individuo respecto de su compensación, términos, o privilegios laborales debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de dicha persona.
(2) limitar, segregar, o clasificar a sus empleados o postulantes a un empleo de cualquier forma que pudiese privar a algún individuo de las oportunidades laborales o de otra forma que afecte su condición como empleado, debido a la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional de dicha persona.
Las políticas actuales de la acción afirmativa violan el Título VII al exigir cuotas no oficiales, las cuales pueden ser cubiertas solamente a través de un tratamiento preferencial. De esta manera, cuando el Jefe de personal de la Casa Blanca Leon Panetta sostiene que aquellos quienes desean eliminar la preferencia están tratando de “volver a atrás el reloj sobre los derechos civiles,” expone su ignorancia de la redacción del Título VII. (o es eso, o es que él está sutilmente halagando a sus oponentes por desear regresar a las intenciones originales del movimiento de los derechos civiles. Pero de todas formas lo dudo.) Pero ya sea que estemos tratando con la acción afirmativa original o con su reencarnación a lo Frankenstein, el punto subsiste: el tratamiento preferencial perjudica a las mujeres. Permítaseme explicar por qué.
Tres razones fundamentales han sido ofrecidas para justificar los privilegios laborales para las mujeres: (1) el bien social, (2) la justicia compensatoria, y (3) el ideal de la igualdad.
El Bien Social
El argumento del bien social sostiene que la sociedad se enriquecerá con el progreso de las mujeres. Esta justificación se encuentra socavada por el hecho de que las feministas generalmente conceden que ellas respaldarían la política incluso si la misma disminuyese el bienestar general de la sociedad.
Lo cual la misma ciertamente hace. El efecto secundario más siniestro de la acción afirmativa puede ser que la misma fomenta el mismo mal que ella pretende curar: el prejuicio en contra de las mujeres. Para cubrir sus cuotas, los empleadores deben contratar a mujeres no calificadas, promover a las mujeres demasiado rápidamente, o transferirlas inapropiadamente a otros departamentos. Cuando estas mujeres fracasan, ello parece ser una confirmación de su insuficiencia. Recíprocamente, cuando las mujeres competentes tienen éxito por sí mismas, el mismo es asignado a que ellas fueron mimadas por políticas preferenciales. Las mujeres exitosas solían ser acusadas de acostarse en su camino a la cima. En la actualidad, los hombres pueden acusarlas de acostarse con el gobierno.
¿Y qué ocurre con los hombres contra los cuales se discrimina? Un informe de AP del 12 de febrero de 1995 citaba al bombero de San Francisco Ray Batz, quien solía llamarse a sí mismo un demócrata liberal:
He observado a mi departamento tornarse desmoralizado, denigrado, envilecido, degradado. Todos caen dentro de una o incluso más de una clase protegida. Es decir, todos a excepción de los varones de raza blanca.
Estamos contratando a mujeres diminutas. El tamaño ya no es as un criterio para los bomberos. [Pero la diversidad] no carga con una abuela escaleras abajo en el medio de la noche.
Tal resentimiento se traduce naturalmente en un sexismo exaltado. La acción afirmativa es tierra fértil para el mal al que la misma ostensiblemente se opone. Tal vez esto sea inevitable para una política que otorga una condición especial a su propia versión del sexismo al sistema legal. Asignar los empleos mediante un sistema de cuotas en vez de en función del mérito tiene desastrosas consecuencias económicas en el largo plazo. Y aplica una cuña entre el valor individual y el éxito económico.
La Justicia Compensatoria
La segunda justificación más común para la acción afirmativa es el argumento de la justicia compensatoria. Este afirma que cualquiera que lesiona a una persona inocente debería compensar a la parte perjudicada por el daño. Esto es suficientemente razonable.
Pero la acción afirmativa va mucho más lejos. La misma afirma que los descendientes de partes perjudicadas deberían también ser compensados. Después de todo, las mujeres de hoy aún viven con las consecuencias de la discriminación del pasado. En esencia, el estado debe ser utilizado como un historiador remediador, para enmendar las equivocaciones del pasado.
Existen dos objeciones básicas a esta posición: primero, la mayoría de los individuos que reciben la compensación no son las víctimas de la discriminación; y segundo, la mayoría de las personas que solventan la compensación no son los perpetradores.
Abrumadoramente, los perpetradores, como las víctimas, están muertos. Herbert Deane, en su libro “Justice—Compensatory and Distributive,” explica:
se les está pidiendo a los miembros presentes de la sociedad que asuman la responsabilidad no sólo por los actos injustos en el presente o en el pasado reciente en los cuales pueden no haber tenido participación alguna, sino también por actos de discriminación que fueron desarrollados mucho antes de que ellos nacieran, y cuando sus padres y abuelos pueden no haber sido en absoluto estadounidenses, sino que pueden haber padecido de persecución y de discriminación, por ejemplo, en Europa Oriental.
La acción afirmativa no sólo no intenta siquiera identificar a los herederos de las mujeres victimizadas. La misma amontona a todas las mujeres dentro de una clase, no trazando distinción alguna entre la privilegiada hija de un Rockefeller y el descendiente directo de un esclavo negro. Ni la misma intenta identificar a aquellos que realmente discriminan. Los varones de raza blanca, como una clase, son obligados a aceptar la culpa colectiva.
Somos todos víctimas y beneficiarios de nuestros ancestros, no tan sólo económicamente, sino física y culturalmente—en virtualmente cada aspecto de lo que somos. Esta no es una cuestión para la teoría legal; es un accidente de la naturaleza. Nací dentro de una familia trabajadora de clase baja que no podía proveerme de clases de música, libros de tapa dura, y otros refinamientos. Por otra parte, heredé la virtualmente indestructible buena salud de mis campesinos ancestros irlandeses. Las circunstancias de mi nacimiento no fueron ni justas ni injustas; meramente fueron. Y allí donde no hubo injusticia, ¿cómo puede existir compensación?
La mujeres no se hacen favor alguno al reclamar privilegios. Eso solamente fortalece el paternalismo por el cual ellas sufrieron tanto tiempo.
El Ideal de la Igualdad
El tercer argumento común para la acción afirmativa está basado en el ideal de la igualdad: las mujeres deberían ser iguales a los hombres. ¿Pero qué clase de igualdad está siendo defendida? ¿La social? ¿La económica? ¿La legal?
Tradicionalmente, en los Estados Unidos, la igualdad ha significado igual tratamiento ante la ley e igual acceso al poder político. Este modelo se centra en el individuo y en su relación con el estado.
La igualdad promovida por la acción afirmativa demanda igual acceso a la riqueza y a las oportunidades. Este modelo se centra en clases de personas y en su relación con otras clases, o con la sociedad en general.
Estos dos conceptos son incompatibles. La acción afirmativa se burla del idéntico trato ante la ley. Y ese es un derecho por el que las mujeres han luchado, y luchado duro, durante siglos. Durante gran parte del siglo diecinueve, las mujeres eran excluidas de las universidades y de los sindicatos, impedidas de ejercer actividades tales como la medicina, y—bajo el matrimonio—perdían a menudo todo título a cualquier pequeña remuneración que estuviesen autorizadas a ganarse. Cuando Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton batallaron para que las mujeres fuesen explícitamente mencionadas en la Constitución, lo hicieron a fin de asegurar el igual trato ante la ley.
La acción afirmativa no hace nada por las mujeres cuyo objetivo es la igualdad legal. La acción afirmativa apunta a la igualdad socioeconómica. La misma brega por la justicia distributiva.
Justicia: Distribuida y Libre
Durante la turbulencia social de los 60 y 70, una frase política ganó popularidad: “discriminación institucional.” Esto se refería a los arreglos institucionales que excluían u obstaculizaban a ciertas clases de personas para participar en la distribución del poder. La discriminación institucional no es lo mismo que el prejuicio personal. Por ejemplo, una compañía podría decidir contratar a individuos de su comunidad en función de un sentido de orgullo local. Pero la comunidad podría no contener a ninguna mujer calificada. Así, en base a motivos desprejuiciados—e incluso loables—la compañía puede distribuir los empleos de una manera desproporcionada. Las buenas intenciones y la falta de prejuicio no son una defensa contra este cargo.
En el corazón de este tema se encuentra la cuestión de cuánto poder—económico, social, y político—debería ser distribuido por toda la sociedad. ¿Cómo se alcanza la justicia?
Para las feministas individualistas, como yo, la justicia no es una cuestión de alcanzar un fin estatal en particular, tal como la igualdad o la no discriminación. La visión individualista de la justicia está orientada a los medios. Es decir, mientras una situación social sea no violenta y voluntaria, se aproxima a la justicia tanto como los mortales pueden hacerlo. Esto puede no producir una sociedad perfecta, pero es lo mejor que podemos hacer.
En contraste, las feministas estatistas poseen un concepto de justicia orientada a los fines. El fin perseguido es la igualdad socioeconómica para las mujeres. Y virtualmente cualquier medio—incluido el uso de la fuerza para regular las actitudes y el comportamiento pacífico—es justificado. Esto es porque las feministas que se lamentan contra la discriminación no vacilan en emplear esa herramienta en reversa si la misma sirve a su propósito.
Hay una triste ironía aquí. En nombre de la justicia del género, las feministas están mutilando a la más segura de las salvaguardias que las mujeres han tenido jamás en contra de la discriminación: el mercado libre. El mercado tiende a promover los intereses de las mujeres, no porque el mismo sea una arena de justicia, sino porque los empresarios desean generar ganancias. La discriminación es costosa: la misma aliena a los clientes y reduce el conjunto de empleados talentosos. En su búsqueda de beneficios, los empleadores tienden a ser ciegos al color y al sexo. El mercado es un gran nivelador de prejuicios.
Pero para mucha feministas, el mercado libre es un proceso caótico—una anarquía de preferencias no dirigidas. ¿Cómo, ellas demandan, puede tal caos desenfrenado producir posiblemente un bien social? Contrastan al mercado con la sociedad ordenada propuesta por los ingenieros sociales, en la cual los planificadores coordinan y canalizan el comportamiento individual en aras del bien común. Esta es una falsa dicotomía. La verdadera alternativa no es entre el caos y el orden, sino entre dos formas incompatibles de orden: una espontánea, la otra militar.
Las feministas estatistas desean imponer un orden militar en el cual los individuos sean organizados dentro de clasificaciones sexualmente correctas marchando en ordenada formación hacia la igualdad del género. El mercado libre se encuentra bajo un desventaja comparativa; a primera vista, el mismo parece ser aleatorio, no ordenado. Pero imaginemos este escenario. Flotando entre las nubes, usted tiene la visón de Dios de un mercado de pulgas celebrándose debajo suyo. La gente fluye a través de los pasillos ad hoc, tomando sus bienes y regateando con los propietarios del puesto. La escena parece ser un completo caos.
¿Qué está realmente ocurriendo? Una masa de individuos se encuentra espontánea e independientemente buscando sus propios intereses. Cuando surgen discusiones respecto de los bienes, los conflictos son no violentos y se resuelven privadamente. Todas las ventas ocurren porque benefician a ambas partes. Ninguna es perjudicada. Lo que usted está observando es una forma extremadamente sofisticada e intrincada de orden que eficientemente satisface las metas individuales sin violencia.
La verdadera elección en la acción afirmativa no es entre el caos y el orden, sino entre la libertad y el control.
El Pronóstico
La acción afirmativa puede perfectamente volverse una cuestión infernal para los demócratas. Los republicanos han tomado el dominio moral y se encuentran presentando un ataque frontal total. La acción afirmativa surge como un contencioso electoral en California. Casos judiciales que desafían a las políticas preferenciales se encuentran pendientes en varios estados. Y la Suprema Corte está ahora inclinada a fruncir el ceño contra la acción afirmativa federal, con los Jueces Rehnquist, O»Connor, Thomas, Kennedy, y Scalia proclives a votar contra ella.
El estratega demócrata Duane Garrett sintetizó la actitud de su partido hacia la controversia sobre la acción afirmativa de esta manera: “La mayoría de los demócratas con los que he hablado están simplemente desviando sus ojos y esperando que la misma se esfume.” Siempre pueden esperar.
Traducido por Gabriel Gasave
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