Bolivia: Sector de Telecomunicaciones y Políticas del Gobierno

Por Roberto Orihuela
POPULI

Los Poder Ejecutivo en el mes de abril ha promulgado tres importantes Decretos Supremos que se vinculan con el sector de Telecomunicaciones. 1. D.S. 29087 del 2 de abril, que instruye la creación de un comité encargado de negociar con Telecom Italia para recuperar el control accionario de ENTEL S.A. 2. D.S. 29100, del 23 de abril, derogó el D.S. 28172, aprobado el 19 de mayo de 2005, el cual concedía al Ministerio de Desarrollo Económico la facultad de certificar las inversiones de las capitalizadas. 3. D.S. 29101, del 23 de abril, obligó a las AFP (BBVA Previsión S.A. y Futuro) a transferir las acciones que eran administradas por estas instituciones a favor del Estado Nacional.

La nueva política gubernamental lleva consigo un conjunto de complicaciones legales, técnicas y financieras que atentan contra el principio de no discrecionalidad de la normativa y la seguridad jurídica. Por ejemplo, con respecto a la anulación de la normativa que certifica las inversiones realizadas en el sector de telecomunicaciones se pueden encontrar ciertas contradicciones con los informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Por un lado, altos funcionarios públicos anunciaron que la inversión realizada por esta entidad solamente habría alcanzado los USD 466 millones, monto menor al compromiso asumido de USD 610 millones en el proceso de la capitalización. Por otro lado, el ente regulador a través de sus distintos informes ratificó la inversión comprometida en el proceso de capitalización, incluso, según esos estudios, la inversión habría superado el monto comprometido. Es decir, existen contradicciones en ambas entidades públicas por lo que se hace dificultosa la completa aseveración de una de las dos partes. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que la alternativa a la no capitalización habría sido mucho peor, es decir, sí el Estado no habría capitalizado la empresa de telecomunicaciones ¿Se habría invertido por lo menos el monto de USD 466 millones que postula el gobierno? La respuesta es incierta, pero dada la experiencia que se tiene, seguramente las posibilidades de inversión habrían sido mucho menores, y tal vez, ni siquiera se hubiese llegado a invertir los USD 466 millones.

Al margen de los problemas propios de cada normativa dispuesta, la concepción que alienta a construir un Estado Productor en el sector de telecomunicaciones también puede conllevar serios riesgos para el bienestar de la población. Según la información difundida por los medios de comunicación, el gobierno busca obtener el control de la empresa de telecomunicaciones a través de la posesión mayoritaria de la acciones de la empresa.

Sin embargo, la experiencia empírica nacional e internacional en el sector de telecomunicaciones, evidencia que este tipo de estructura organizacional no es la más conveniente para un mercado altamente competitivo. Claro ejemplo, se puede evidenciar en la experiencia cubana, donde la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), empresa mixta con mayor participación estatal, ha mostrado serias deficiencias en la atención a su población. Por ejemplo, las tarifas no han descendido como se evidencia en los otros países donde se impulsó la privatización, el acceso a Internet y telefonía móvil es limitado, incluso comparando con los resultados mostrados en nuestro país. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de cada 100 habitantes en Bolivia; 5,22 son usuarios de Internet.

En cambio, en Cuba, de cada 100 habitantes, solamente 1,68 es usuario de Internet. Adicionalmente, según la misma fuente, en la década de los años noventa, Cuba mostraba mejores indicadores en el tráfico de llamadas internacionales que nuestro país. Sin embargo, para el año 2005, la situación se revirtió, y Bolivia muestra mejores indicadores que los evidenciados en Cuba, donde se tiene una empresa de telecomunicaciones mixta con mayor participación estatal.

En breve, la búsqueda de promover el Estado Productor en el sector de telecomunicaciones puede no ser el camino más idóneo, especialmente, en un mercado altamente competitivo que requiere de decisiones rápidas, técnicas y libres de injerencia política para desarrollar el sector de forma efectiva y eficiente.