¿Mayor control?

La interferencia estatal sobre la intermediación financiera se ha acentuado en todo el mundo, por especial influencia de EE.UU. y su política de control del lavado de dinero, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y, luego, en la antiterrorista.

Se supone que esos males se combaten mejor con el disuasivo que significaría la posibilidad de detectar operaciones en dinero en efectivo, incluso de montos pequeños, que podrían estar detrás de las variadas mafias que mueven en el mundo cifras siderales, tradicionalmente ligadas a mercados negros como el de venta de armas y otros.

En Chile, el control sobre la banca se ha acentuado, exigiéndose comités de alto nivel en torno a estos delitos, y un aparato administrativo con modernas y caras técnicas de computación, que procuran investigar operaciones personales ligadas a flujos monetarios de explicación no evidente, al menos en una primera aproximación. Se ha reforzado el aparato oficial en torno a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las superintendencias pertinentes y, paulatinamente, la libertad de comercio de las personas se ve afectada por el Estado, aun con riesgo de mal uso de la información, sin que esté clara la eficacia de esta política en la sanción de los verdaderos delincuentes.

El control se ha extendido a las casas de cambio, con una suerte de registro para operaciones menores, desde cinco mil dólares. Esto implica costos más altos, que podrían afectar la operación de las unidades pequeñas, muy lejanas de las grandes transacciones del lavado de dinero. Los verdaderos lavadores de éste no sólo lo hacen con operaciones monetarias, sino reales, y los enormes montos involucrados en el mundo actual poco tienen que ver con pequeños comerciantes y empresarios ligados a negocios en dinero en efectivo.

Las políticas disuasivas de actividades ilegales deben ser baratas y eficaces, lo que, al parecer, no es el caso. Ellas, además, no deben partir de la base de que todas las personas sean culpables, por lo que se investiga su variado actuar comercial y financiero, llegando incluso a temas personales.

Estas medidas represivas deberían evaluarse técnicamente en sus beneficios y costos, antes de intensificar prácticas que atenten contra la libertad y los derechos de las personas. Esto cobra urgencia, pues el Gobierno propone ahora que la UAF, que ya puede levantar el secreto bancario (con la venia de un ministro de Corte de Apelaciones), pueda hacer también otro tanto con el secreto tributario que resguarda el SII, sin la aprobación previa de tribunales. Semejante facultad simplemente administrativa puede prestarse a abusos, y parece estar en colisión con el derecho a la privacidad personal consagrado en la Constitución.