La eterna agonía de Colombia

Por Jorge Castañeda
Diario Las Americas

Colombia está en mejor estado que en muchos años, gracias en gran parte a la conducción del Presidente Álvaro Uribe, pero sigue siendo un lugar lleno de paradojas que enfrenta retos extraños y difíciles. Las guerrillas de la FARC han mantenido por años como rehenes a las víctimas de sus secuestros. Todavía hay niños soldados en los grupos paramilitares, y existen comprometedoras grabaciones de video en las que participan importantes políticos colombianos y poderosos narcotraficantes. Quizás lo más increíble de todo es que hay miembros de guerrillas que se niegan a salir de prisión y un gobierno que insiste en liberarlos contra su voluntad.

Hace algo más de un año Uribe fue reelecto por una abrumadora mayoría que fue testimonio de su popularidad y de la eficacia de la política de “seguridad democrática” de combatir tanto a las guerrillas como a la violencia generalizada del país. El más antiguo sistema bipartidista de América Latina resultó afectado en esas elecciones, ya que el candidato de Polo Democrático ganó más votos que su contendor del Partido Liberal, dando por fin expresión electoral a las fuerzas de izquierda, que nunca habían podido ver más potencial de cambio en las urnas que en la lucha en las montañas.

Habían llegado a su fin las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Incluso el cuestionable trato al que Uribe llegó con los grupos paramilitares de derecha de las AUC, perdonando a hasta 30.000 de sus miembros sus horrendos crímenes a cambio de que se desarmen, parecía haber tenido éxito. Con Uribe al mando, Colombia parecía avanzar.

Sin embargo, gran parte de este éxito se ha venido abajo desde entonces, y tanto Colombia como Uribe se ven hoy en serios problemas. Los así llamados escándalos de la parapolítica han significado un duro golpe para su gobierno, haciendo que algunos miembros de su gabinete se vean obligados a renunciar y avergonzando a otros, entre ellos el presidente mismo. Las fotografías, videos y grabaciones de audio de políticos y jefes paramilitares (incluido uno que se jacta de haber matado personalmente a más de 300 de sus enemigos) han desacreditado a una elite política que, si bien nunca fue popular, ahora ve confirmada de manera gráfica las sospechas que muchos tenían de ella.

Por años los activistas y especialistas en derechos humanos han sospechado lo obvio: el surgimiento de un enorme ejército paralelo, cruel, bien entrenado y bien armado para luchar contra las guerrillas no fue algo espontáneo. Muchos creían que se trataba de una política deliberada diseñada y ejecutada por la elite oficial política y militar para hacer la guerra sin tener que rendir cuentas de ello. Las relevaciones de la parapolítica o paragate parecen confirmar también otra sospecha: la distinción entre los paramilitares y los carteles de la droga, como la que hay entre las guerrillas y los carteles, está llena de matices y sombras.

Lamentablemente, estas revelaciones llegan en el peor momento posible. El Tratado de Libre Comercio con EE.UU. quedó en peligro en el momento en que los republicanos perdieron su mayoría en ambas cámaras del Congreso, en noviembre pasado. Aún así parecía tener más probabilidades de ser aprobado que los otros dos acuerdos comerciales pendientes con países latinoamericanos (Panamá y Perú). Ahora parece que el más cercano aliado del Presidente George W. Bush en el hemisferio no sólo verá rechazado el acuerdo comercial, debido a inquietudes de la Cámara de Representantes y el Senado acerca de los derechos humanos, sino que también podría perder el Plan Colombia, el enorme -y tremendamente controvertido- programa de ayuda estadounidense que canalizó decenas de miles de millones de dólares a Colombia desde fines de los años 90, al parecer para combatir los carteles de la droga pero también -de hecho- para apoyar la contrainsurgencia.

Uribe ha dedicado semanas a buscar directa y personalmente el apoyo de legisladores estadounidenses claves, y no hay duda de que él mismo es su mejor defensor. Sin embargo, tal como el ex Vicepresidente de Estados Unidos Al Gore se negó a participar como conferencista en el mismo encuentro en el que Uribe participaría en Miami, muchos miembros del Congreso se niegan a aprobar un acuerdo de libre comercio o un paquete de ayuda que puede vincularlos con un gobierno mancillado por terribles violaciones a los derechos humanos, complicidad con jefes del narcotráfico, o ambas cosas.

Estados Unidos nunca ha querido incluir realmente los temas de derechos humanos en los tratados comerciales; a lo sumo, y sólo cuando se han visto obligados a ello, los presidentes de EE.UU. han aceptado incorporar capítulos sobre conservación ambiental y derechos laborales. La Unión Europea piensa diferente; en su acuerdo de libre comercio y cooperación económica con México, por ejemplo, insistió en la inclusión de una “cláusula democrática” (y lo logró) que estipulara que los beneficios económicos estarían vinculados en una relación de dependencia con el respeto constante del sistema democrático y los derechos humanos.

El triste historial de derechos humanos de Colombia está afectando la reputación internacional de su gobierno y dando argumentos a quienes desean sabotear el TLC. Por ejemplo, los demócratas proteccionistas del Congreso de EE.UU. han podido blindarse de las acusaciones de que se oponen al libre comercio si rechazan el TLC con Colombia, porque lo más probable es que ratifiquen los acuerdos con Panamá y Perú.

¿Puede Uribe sobrevivir a sus actuales penurias? La respuesta es -casi con total certidumbre- “sí”, a menos que el embrollo de la parapolítica lo toque personalmente, o Estados Unidos rechace explícitamente el TLC o ponga condiciones para renovar los fondos del Plan Colombia.

La caída política de Uribe afectaría negativamente a todos los actores, pero el rechazo del TLC por razones de derechos humanos sentaría un precedente saludable. En una región donde están aumentando las amenazas a la democracia y a los derechos humanos, vincular la política comercial y económica a estos temas no es una mala idea. Puede que Uribe no se merezca ese destino, pero la historia funciona de maneras insondables.

Jorge G. Castañeda, ex ministro de Relaciones exteriores de México (2000-2003), es Profesor distinguido global de Política y Estudios latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.

Copyright: Project Syndicate, 2007. www.project-syndicate.org

Traducido del inglés por David Meléndez Torme.