Las leyes injustas

Por Armando de la Torre
Siglo XXI

Desde el punto de vista del positivismo jurídico rampante, una ley no puede ser tenida injusta.

Sin una justicia imparcial (“el que la hace la paga”), y pronta, no habrá paz.

La administración de la justicia se ve ulteriormente complicada por la legislación que en ocasiones puede pecar de injusta.

Desde el punto de vista del positivismo jurídico rampante en Guatemala y en el resto de Iberoamérica, una ley no puede ser tenida injusta. La ley es la ley.

Pero para quienes creemos que por encima de la voluntad política de los legisladores hay un fuero superior que obliga en conciencia y al cual se puede apelar más allá de la ley positiva, —ya sean los principios del derecho natural o las analogías de la costumbre inveterada—, las leyes positivas sí pueden ser calificadas de “injustas”.

Serían aquellas que establecen privilegios que otorgue antojadizamente el poder constituido, en violación de los derechos iguales legítimos de los demás ciudadanos. Tales fueron, por ejemplo, las del conocido Apartheid sudafricano, o las de la segregación racial en ciertos Estados del sur de los Estados Unidos hasta 1967. O aun la concesión de monopolios que autorizaban las monarquías absolutas europeas dos o tres siglos atrás, y que fueron el pretexto tanto para la Revolución “Gloriosa” liberal en Inglaterra en 1688 como para la Americana de casi un siglo después.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de Nuremberg, también fueron reconocidas como injustas las leyes raciales del III Reich, decretadas en 1935.

La “injusticia” de esos casos célebres consistía, en último análisis, en la privación de ciertos derechos —otrora llamados “naturales”— a una minoría de ciudadanos, por ser anteriores y superiores al Estado. Esa misma injusticia es atribuible a las autoridades responsables de crímenes de “lesa humanidad”, como los cometidos por los nazis contra los judíos durante el Holocausto, o en los más recientes casos de genocidio en Bosnia y Ruanda, sobre los que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya ha dictado sentencias condenatorias.

Inclusive en la esfera internacional estrictamente política, la renuencia de Turquía a reconocer el genocidio infringido contra los armenios hace casi cien años es tenida como reserva suficiente para negarle al actual gobierno turco su tan deseado acceso a la Unión Europea.

Es decir, que la igualdad de derechos fundamentales de todos los ciudadanos ante la ley se ha convertido en el filtro ineludible para la determinación de la justicia de las leyes positivas.

¿Y en Guatemala?

Igual de mal que en muchos otros países del Tercer Mundo.

El formalismo absurdo que se exige de los procesos, la redacción ambigua de las leyes positivas, la politización de los cargos de magistrados y jueces, la ineptitud de algunos fiscales en el Ministerio Público, el tráfico de influencias desde el Congreso, la falta de preparación de muchos policías, la intromisión de oenegés financiadas desde el extranjero, y hasta ciertas normas constitucionales desacertadas, además de la mala fe de algunos periodistas prejuiciosos que juzgan y condenan públicamente de antemano a ciertos acusados —sobre todo si son militares—, y, entre nosotros, los “acuerdos de paz”: todo ha coadyuvado a la impunidad generalizada de los delincuentes y aun a la reclusión carcelaria de inocentes.

El tema de los privilegios es el más sensible de todos, porque a su sombra se crean intereses que con el tiempo se tornan dificilísimos de erradicar.

Sin embargo, privilegios habría de haber para los menores de edad, las mujeres embarazadas, los discapacitados y los muy ancianos.

Hayek propuso para su legitimización el criterio de que los no privilegiados habrían de estar de acuerdo con la concesión de privilegios para los miembros de esas categorías.

Sin una justicia imparcial (“el que la hace la paga”), y pronta, no habrá paz, y sin la paz no habrá progreso.

Esa debería ser nuestra primera prioridad y, empero, muy pocos son los candidatos a puestos de elección popular que la hayan hecho suya.

Al final, otros tantos prototipos de impunidad o de linchamiento.