Chile: Efectos de la errónea normativa laboral

Editorial – El Mercurio

La equivocada creencia de que las empresas tienen amplio espacio para fijar las remuneraciones de los trabajadores olvida que los principales determinantes de esos salarios son, en realidad, los consumidores, mediante los precios que están dispuestos a pagar por los bienes que ofrecen las empresas. Con esos precios también se pagan los retornos al capital, pero éstos se determinan en un mercado global muy competitivo y se mueven con gran rapidez entre países y entre industrias. Por tanto, es muy difícil que esos retornos estén sistemáticamente por encima o por debajo de los niveles determinados por los mercados globales.

Los pagos a los trabajadores no podrán superar, pues, lo que resulte de restar los retornos del capital del precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Siempre existe cierta indeterminación que abre algún espacio de negociación, pero si el marco así resultante favorece en demasía a una de las partes, es inevitable que se afecte la asignación de recursos.

Las legislaciones laborales muy inflexibles crean un marco que favorece sólo a algunos trabajadores, aquellos que están contratados en las industrias donde estas regulaciones son especialmente restrictivas. Éstos tienden a tener salarios que están por encima de su productividad y, dado que los consumidores no están dispuestos a pagar precios más altos, afectan en el corto plazo los retornos del capital. Las empresas adaptan su estructura productiva a esta nueva realidad, invirtiendo más en tecnología o buscando modos alternativos de contratación. Se crea así una categoría de trabajadores protegidos, los “insiders” en la literatura especializada, y otra de trabajadores no protegidos o “outsiders”. Estos últimos incluyen a personas a las que les cuesta encontrar empleos estables o que, por ejemplo, son empleados mediante arreglos contractuales más precarios. En Chile, la baja tasa de empleo y la alta rotación entre los trabajadores más nuevos indican los costos que se imponen a los sectores “no protegidos”.

La subcontratación, tal como se conocía en nuestro país, era una opción que conjugaba la posibilidad de acercar los salarios a la verdadera productividad de los trabajadores, sin dejarlos en indefensión. Hubo abusos en la aplicación de ese marco legal, pero ellos no justificaban los cambios legislativos que ocurrieron.

Ahora se los ha dotado de una capacidad de presión que están aprovechando para sumarse al sector protegido. Nuestro país observa cómo diversas empresas han sido afectadas por la movilización de contratistas con demandas salariales que no guardan relación con su productividad. Codelco está sufriendo dichas demandas, acompañadas de actos de violencia inaceptables. En semanas recientes, empresas privadas han sido afectadas por situaciones similares. Los trabajadores han obtenido conquistas importantes y, seguramente, también las obtendrán en el caso de Codelco, pese a que se las consiga por la violencia.

Pero no cabe engañarse. En el mediano y largo plazo, esto significará que se contrate a menos trabajadores, y cada punto de crecimiento generará menos empleo que en el pasado. Es el fenómeno que ya vivió Europa en los años 70 y 80, donde la falta de visión respecto de los desafíos y realidades del mercado laboral hizo -como está ampliamente documentado- que se intensificara la razón capital-producto, elevando persistentemente las tasas de desempleo. En Chile se renuncia a aprender de la experiencia de otros países, y eso tiene costos inescapables. Ellos no son sólo económicos: los brutales desmanes que ya se han registrado en Codelco serán seguidos, como es tradicional, por concesiones del Gobierno, creando un precedente más que incentive a otros grupos a adoptar también la violencia como arma de negociación.