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Demandas colectivas hechas en casa
5/4/2002
Alexander T. Tabarrok

Se supone que la justicia es ciega, pero esa ficción es difícil de mantener cuando los abogados contribuyen con millones de dólares a las campañas electorales de sus jueces preferidos. En estados como Texas, Alabama, y Virginia Occidental, donde las elecciones judiciales son fuertemente partidistas, no resulta improbable que los jueces recauden cientos de miles o aún millones de dólares en contribuciones a sus campañas. Sospechosamente, la mayoría de las contribuciones provienen de abogados, quienes invariablemente se vinculan a causas que tramitan por ante estos mismos jueces.

Las fuertes sumas de dinero en las elecciones judiciales se entrecruzan con otro vergonzoso secreto de los tribunales estadounidenses: “la cocina casera,” es decir la tendencia de los tribunales estaduales a ser prejuiciosos contra las corporaciones acusadas ubicadas fuera del estado. Richard Neely, un ex juez en el Tribunal de Apelaciones de Virginia Occidental, explicaba de esta manera sus incentivos como un juez electo: “En la medida en que me sea permitido redistribuir la riqueza de las empresas de fuera del estado a los demandantes damnificados en el estado, continuaré haciéndolo. No solamente duermo mejor cuando otorgo el dinero de alguien más, sino que eso hace a la seguridad de mi cargo, debido a que los demandantes del estado, sus familias, y sus amigos me reelegirán.”

Los comentarios de Neely están respaldados por la información existente. En una investigación publicada en 1999 en el Journal of Law and Economics, mi coautor, Eric Helland, y yo encontramos que las sentencias contra los acusados de fuera del estado son en promedio unos $250.000 más altas en los estados que emplean a las elecciones partidistas para seleccionar a sus jueces en comparación con las dictadas en aquellos estados que utilizan otros métodos de selección judicial.

Comprobamos adicionalmente a esta teoría al observar los pronunciamiento efectuados por los jueces federales, quienes eran designados y no elegidos. De manera importante, encontramos un prejuicio hacia los de fuera del estado solamente cuando los jueces elegidos de manera partidista se encontraban involucrados en estas causas pero no cuando causas similares eran removidas de los tribunales estaduales y juzgadas por ante los jueces federales.

La “cocina casera” es particularmente notoria en las demandas de acción colectiva o de clase. Muchas de estas demandas son una estafa diseñada para enriquecer a los abogados demandantes. El chanchullo es simple. Encuéntrese cualquier pretexto para una demanda en tanto la clase de individuos involucrada sea muy grande—millones de potenciales demandantes es perfecto. Demándese al acusado y consígase que la clase sea certificada por un tribunal estadual donde el juez es amistoso debido a la generosas—y perfectamente legales—contribuciones que usted ha realizado a su campaña electoral. Aliéntese al acusado a aceptar un acuerdo que incluya millones de dólares en honorarios de los letrados y un pago simbólico, usualmente un cupón, para los demandantes.

Es seguro decir que la mayoría de los jueces, ya sean elegidos o designados, dictaminan sin prejuicios. Pero todo lo que insume llevar a las sentencias por las nubes es un solo juez deseoso de dirigir a los jurados hacia pronunciamientos multimillonarios en dólares. A esos se debe que los abogados de todos los Estados Unidos vuelen hacia estados como Texas y Alabama para incoar sus demandas colectivas o de clase.

La “cocina hogareña” interfiere con la buena política pública incluso en estados como California, que no poseen elecciones judiciales partidistas. Algunos estados, por ejemplo, sabiamente alientan el uso de productos farmacéuticos genéricos debido a que estos son considerablemente más económicos que los productos de marca. De manera similar, ciertos estados alientan el uso de repuestos para automóviles genéricos porque los mismos son mucho más baratos que los repuestos del fabricante original del automóvil. Como con los productos farmacéuticos, no hay evidencia alguna que los repuestos genéricos para los autos sean de una calidad inferior que las partes producidas por el fabricante original.

No obstante, en una reciente acción colectiva, un tribunal estadual de Illinois se pronunció a favor de los querellantes y de sus abogados más de mil millones de dólares debido a que la firma State Farm Insurance Co. alentaba el uso de repuestos automotrices genéricos. Temiendo reclamos similares, otras compañías de seguros están exigiendo en la actualidad que solamente partes del fabricante original sean utilizadas. El cambio hacia no genéricos más costosos y la reducción de la competencia resultante en el mercado de las auto partes incrementa las primas de los seguros en el ámbito nacional. Pese a que los tribunales federales difícilmente sean perfectos, ellos al menos tienden a tomar en consideración un espectro más amplio de cuestiones y de intereses de lo que lo hacen los tribunales parroquiales estaduales.

Un buen primer paso tendiente a remediar estas injusticias sería disminuir la capacidad de iniciar demandas de las asociaciones de demandantes ante jueces amistosos de los tribunales estaduales. El Congreso puede hacer esto mediante el incremento de la jurisdicción que los tribunales federales tienen sobre las grandes demandas colectivas o de clase. Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes recientemente sancionado, por ejemplo, le otorga a los tribunales federales jurisdicción sobre las demandas colectivas cuando los demandantes provienen de diversos estados distintos y el total de lo reclamado excede los $2 millones. Una jurisdicción federal aumentada de las acciones colectivas colocará las decisiones en manos de los jueces que poseen una visión nacional y que no precisan cocinar en casa para recaudar fondos para sus campañas de reelección.

Traducido por Gabriel Gasave


Alexander Tabarrok es Senior Fellow en The Independent Institute, Profesor Asociado de Economía en la George Mason University, director de los libros del Instituto, Entrepreneurial Economics, The Voluntary City (con D. Beito y P. Gordon), y Changing the Guard: Private Prisons and the Control of Crime.




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