La gran mayoría de las discusiones acerca del gobierno de Hugo Chávez asumen que su administración ha reencauzado de manera significativa a las prioridades de la política pública venezolana respecto de los pobres y discriminados del país. Estas opiniones favorables de los esfuerzos de Venezuela para poner fin a la pobreza están por lo general acompañadas por referencias a recientes modificaciones en el enfoque social del gobierno, y particularmente a sus bien conocidas Misiones—el conjunto de programas sociales iniciado en 2003 destinado a todo lo que va desde el analfabetismo en los adultos a los altos precios de los alimentos.

La efectividad de estos programas en incrementar los estándares de vida de los pobres de Venezuela a menudo no es puesta en duda. Sin embargo, lo cierto es que sabemos notablemente poco respecto de sus verdaderos efectos. Dado que la mayor parte de estos programas están destinados a componentes del bienestar no vinculados con los ingresos, sus efectos no pueden ser evaluados mediante la medición de las tendencias en los índices de pobreza, los que de todas formas han evidenciado una mejora insignificante en comparación con aquella experimentada durante los anteriores auges petroleros. Las estadísticas confiables que miden directamente el progreso en materia de salud y educación son escasas. La poca información que existe, no obstante, no bosqueja nada que se asemeje ni remotamente a la magnitud de los logros sostenidos por los funcionarios del gobierno y los comentaristas internacionales.

Tómense, por ejemplo, las estadísticas del Ministerio de Planificación sobre el peso y la estatura de los niños. Según estas series, el porcentaje de recién nacidos y bebes con peso insuficiente y que están por debajo del peso estándar para un recién nacido se incrementó de hecho de 8,4 al 8,8 por ciento desde que Chávez asumió el cargo en 1999. Las tasas de mortalidad infantil y de la mortalidad de los recién nacidos han disminuido, pero su reducción no es diferente a aquella alcanzada por Venezuela en años anteriores o por otros países latinoamericanos. En efecto, existe poca evidencia de que el gobierno venezolano esté siquiera tratando de hacer algo distinto de sus predecesores: La proporción del gasto social en relación al total del gasto público, actualmente en el 40,6 por ciento, es casi idéntica al nivel alcanzado durante el periodo de aplicación de las reformas de libre mercado en n 1992-93 (40,1 por ciento).

A pesar de estas realidades, los funcionarios gubernamentales de manera rutinaria formulan contundentes declaraciones acerca del éxito de sus programas sociales—afirmaciones que son comúnmente tomadas en sentido literal por la opinión pública internacional. Considérese, por ejemplo, la declaración oficial del gobierno de Venezuela como un “territorio libre de analfabetismo” del 25 de octubre de 2005, cuando anunció que el programa de alfabetización diseñado por cubanos denominado Misión Robinson había tenido éxito en enseñarle a 1,5 millones de venezolanos a leer y escribir en tan solo dos años. Algunos de los representantes de más alto rango de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, incluido el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el director general de la UNESCO Koichiro Matsuura, expresaron su reconocimiento y aprobación por este supuesto logro.

Dada la extensa literatura académica que documenta los muy bajos índices de éxito de los programas de alfabetización a gran escala, uno podría haber esperado un poquito más de escepticismo. Incluso una mirada superficial a las cifras del gobierno revelará profundas inconsistencias en la historia oficial. Para empezar, parecería terriblemente dificultoso enseñar a 1,5 millones de personas cómo leer y escribir dado que, según el censo de 2001, había solamente 1.000.008 individuos analfabetos en Venezuela. De hecho, el número de venezolanos analfabetos nunca ha excedido de 1,5 millones de adultos desde que la nación comenzó a recolectar estadísticas en 1936. El gobierno también sostuvo haber movilizado al 1,8 por ciento de la fuerza laboral del país como entrenadores rentados del programa. El problema es que las estadísticas oficiales sobre el empleo no exhiben ninguna evidencia de que estos entrenadores fueron alguna vez contratados y las cifras del presupuesto oficial no muestran evidencia alguna de que fueron incluso pagados.

En un reciente trabajo de investigación que realicé conjuntamente con Daniel Ortega y Edward Miguel, utilicé los datos sin procesar de los archivos de las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas venezolano para estimar los índices de alfabetización en Venezuela durante el periodo en el que el programa Robinson fue implementado. Nuestros resultados no muestran evidencia alguna de la dramática reducción en el analfabetismo sostenida por el gobierno venezolano. Según nuestras estimaciones, en la segunda mitad de 2005—el primer periodo tras la declaración gubernamental concerniente a la erradicación del analfabetismo—existían aún 1.014.441 venezolanos analfabetos con más de 15 años de edad, tan solo a penas menos que los 1.107.793 individuos analfabetos registrados durante la primera mitad de 2003 (antes de que comenzara el programa Robinson). El análisis estadístico llevado a cabo por nuestro trabajo demuestra que gran parte de esta declinación absoluta en el número de venezolanos analfabetos puede ser remontarse a cambios en la estructura de la edad antes que a cualquier efecto del programa de alfabetización del gobierno.

El periodista estadounidense Sydney Harris escribió alguna vez que, “creemos lo que deseamos creer, lo que nos agrada creer, lo que satisface nuestros prejuicios y alimenta nuestras pasiones”. Chávez ha galvanizado a gran parte de la izquierda internacional con el ideal de una revolución democrática popular en la cual los pobres del país se han puesto de pie para reparar las profundas injusticias sociales. Existe una profunda diferencia, sin embargo, entre aquellas creencias idealizadas y las realidades que enfrentan los pobres venezolanos. La rectificación de las profundas inequidades económicas y sociales de la región es un imperativo moral, pero sencillamente no está aconteciendo bajo el gobierno de Hugo Chávez.

Traducido por Gabriel Gasave


Francisco Rodríguez es Asociado Adjunto en el Independent Institute y Profesor Asistente de Economía y Estudios Latinoamericanos en la Wesleyan University.