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Cuidado con los científicos
1/4/1999
Bruce L. Benson

Varios comentaristas políticos se lamentan de la creciente apatía entre la población en edad de votar, pero no considero que sea la apatía la que aleja a muchos potenciales votantes de los cuartos de votación. Muchos de nosotros nos preocupamos bastante respecto de qué están haciendo los políticos; lo que ocurre es que simplemente no confiamos en ninguno de ellos.

Richard Nixon, Lyndon Johnson, Bill Clinton, y cientos de otros como ellos, elegidos para cargos federales, estaduales y locales, han destruido la credibilidad de los políticos en general. Y esta enfermedad política es contagiosa. Lamento decir que la misma se ha difundido en mi profesión. Muchos economistas han sido arrastrados el proceso político como funcionarios gubernamentales o consultores pagos para proporcionar opiniones “expertas” sobre virtualmente cada lado de cada debate político, lo que ha causado que la economía perdiese gran parte de su credibilidad. En verdad, hay casi tantos chistes sobre economistas como sobre abogados.

La economía es, por supuesto, una ciencia social (o en algunos círculos, una “ciencia blanda”), por lo que nuestro laboratorio es el complejo mundo real y resulta relativamente sencillo encontrar evidencia selectiva en apoyo de alguna posición política.

Las ciencias físicas (o “ciencias duras”) no son sin embargo, tampoco inmunes a la enfermedad política. El proceso político en la Environmental Protection Agency (Agencia Para la Protección del Medio Ambiente o EPA según sus siglas en inglés) ha dejado esto en claro de manera abundante. Por ejemplo, el año pasado mientras invalidaba una parte de un informe del año 1993 de la EPA sobre el humo del tabaco de segunda mano, un juez federal concluyó que la “EPA públicamente comprometió una conclusión antes de que la investigación hubiese comenzado, . . . ajustando el procedimiento científico y las normas científicas para validar la conclusión pública de la Agencia, y utilizando de manera agresiva su autoridad para diseminar los descubrimientos a fin de establecer un esquema reglamentario de facto . . . y para influir sobre la opinión pública.”

En particular,

  • Un documento político, el cual presumiblemente había sido escrito después de que se realizara el análisis científico y de que fuera revisado por otros expertos, fue redactado antes de que el análisis estuviese completo.

  • Para proporcionar apoyo científico para las conclusiones predeterminadas de la EPA, sus científicos tuvieron que “seleccionar sus datos.” El informe contenía una revisión selectiva de la literatura científica que ignoraba tanto a varios estudios relevantes como a críticas de parte de lo que se citaba. El mismo contenía también un re-análisis estadístico de 11 estudios estadounidenses, ninguno de los cuales proporcionaba apoyo para las conclusiones deseadas a los niveles estándar de la confiabilidad estadística. Al re-analizar esos estudios al unísono (empleando el “meta-análisis”) y al abandonar el estándar comúnmente aceptado para la confiabilidad estadística (doblando efectivamente las posibilidades de equivocarse), la EPA fue capaz de apoyar la conclusión predeterminada que evidencia que existe un “sustancial impacto en la salud pública.”

  • La validez del re-análisis no puede ser evaluada debido a que el informe de la EPA no suministra información suficiente acerca de los estudios y el proceso, llevando al juez a concluir que “el tribunal enfrenta la desagradable posibilidad de que la EPA adoptó una metodología para cada capítulo, sin explicación, basada en el resultado buscado en el capítulo.” Además, si los dos estudios estadounidenses más recientes que se encontraban disponibles por entonces (uno financiado por el National Cancer Institute y el otro por la World Health Organization) hubiesen sido incluidos en el re-análisis, los resultados aparentemente no hubiesen sido estadísticamente significativos incluso en el nivel más bajo de confiabilidad.

Podría continuar, pero el punto es que la EPA, supuestamente una agencia cuyas políticas se encuentran basadas en la evidencia científica válida, está deseando manipular a esa evidencia en su afán por alcanzar una agenda política. De hecho, pese a este pronunciamiento judicial y de numerosos estudios que contradicen la posición de la EPA, la Administradora Carol Browner describió al fallo del tribunal como “inquietante” debido a que “está ampliamente aceptado” que los supuestos peligros en el informe son “muy reales.” Al parecer, la amplia aceptación de una idea es suficiente justificación para una política, ¡ya sea que la evidencia científica la respalde o no! La posibilidad de que el informe engañoso de la EPA pueda haber influenciado esta “amplia aceptación” no parece ser tampoco la cuestión.

Cuestionando la Integridad

La EPA está apelando el fallo judicial, razón por la cual el caso está lejos de concluir. Algunos funcionarios de la agencia han incluso cuestionado la integridad del juez en razón de que el mismo se encuentra radicado en Carolina del Norte, el estado líder en la producción de tabaco del país. Pero el mismo juez falló, tan sólo un año antes, que la Administración de Alimentos y Fármacos posee autoridad para regular a los cigarrillos, no obstante las fuertes protestas por parte de la industria tabacalera.

El juez tampoco fue la única persona en preocuparse acerca del informe. Dos documentos internos de la EPA de su Oficina de Criterio y Evaluación Medio Ambiental afirmaron, antes de que el Informe de 1993 fuese emitido, que el mismo se encontraba malamente concebido y presentado, que el mismo exageró la supuesta relación causal, y que las conclusiones eran injustificadas. Fundamentalmente, el fallo del tribunal aparentemente ha tan sólo descubierto la punta del iceberg.

En 1992, la propia Junta Consultiva de Ciencias de la EPA se lamentaba de que la agencia le prestaba una atención inadecuada a la revisión por parte de los pares y a la evaluación de la calidad, “apoyando las iniciativas de la EPA sobre fundamentos científicos no sólidos y afectando la credibilidad de la agencia.”

Más y más científicos de la EPA se encuentran también alarmados de cómo la política es realizada de manera creciente a expensas de la integridad científica. Probablemente, todos los científicos que trabajan para la EPA están preocupados acerca de las cuestiones medioambientales y predispuestos a apoyar políticas fuertes. Pero algunos también se preocupan acerca de la credibilidad de su agencia y de sus disciplinas científicas.

Por ejemplo, David Lewis, un investigador en microbiología, arriesgó sus 27 años de carrera en la EPA al escribirle a Browner y al Vicepresidente Al Gore deplorando el deterioro de la ciencia en la agencia. Al no tener respuesta alguna, publicó un artículo intitulado “EPA Science: Casualty of Election Politics” en el altamente respetada publicación académica Nature, sosteniendo que la agencia le otorga “una prioridad más alta al hecho de emitir reglamentaciones que a desarrollar a la ciencia subyacente.” En otra parte, atacó a las pruebas de la toxicidad del agua residual de la agencia por considerarlas no confiables.

Estudios subsecuentes desarrollados fuera de la agencia avalan sus críticas, y quizás como resultado de ello, la agencia ya no emplea más esos exámenes. Pero Lewis fue incluso acusado por parte de funcionarios de la EPA con una serie de violaciones éticas. Sintió la necesidad de incoar una demanda delatando lo que acontecía ante el Departamento de Trabajo, el cual concluyó que los funcionarios de la EPA habían violado seis leyes federales al acosarlo.

Difundido Escepticismo

A pesar de la venganza de Lewis, los reclamos por parte de un empleado podrían ser rechazados, pero él no está solo. La creciente complejidad de las propias reglas internas de la EPA, junto con un compromiso de castigar a cualquiera que no se atenga a esas reglas, le ha dado a la administración de la EPA una discreción considerable, la cual puede ser empleada para acosar a denunciantes y a otros que expresan su falta de satisfacción con las actividades [p. 15] o procedimientos de la agencia. Y tal acoso se está volviendo algo común.

El 10 de junio de 1998, más de una docena de empleados de carrera de la agencia enviaron una carta al Washington Times “arriesgando nuestras carreras en vez de elegir permanecer en silencio” acerca de la “notoria mala conducta” en la EPA. La carta explica que la “venganza contra los denunciantes . . . en cada nivel de la administración” y otros “comportamientos ilegales o irresponsables por parte de los administradores” a fin de alcanzar sus agendas políticas “ponen en peligro a la adecuada aplicación de la ley.”

En otras palabras, mientras estos empleados consideraban que existe un papel adecuado para la EPA en hacer cumplir restricciones medioambientales científicamente válidas, veían ese rol como siendo puesto en peligro, tal como lo hizo Lewis. Algunos laboratorios científicos que no siguen la “línea partidaria” se encuentran al parecer siendo acusados por la oficina del Inspector General de la EPA por supuestas prácticas corruptas, a pesar de que los jueces administrativos federales están desestimando dichas causas y acusando al Inspector General de llevar a cabo investigaciones de mala fe. (Véase Bonner R. Cohen, “Polluted Agency” National Review, 1 de agosto de 1998, pp. 38-39.)

No importa qué posición sobre el humo de segunda mano o la medición de la calidad del agua o cualquier clase de otras cuestiones políticas uno apoye, los científicos deberían de estar inquietos por la politización de sus investigaciones. Cuando a prácticas mezquinas tales como aquellas reveladas por Lewis y el juez federal se las hacen pasar como ciencia, la gente comienza a dudar de otras recomendaciones políticas “científicamente justificadas” y de los estándares regulatorios. Los críticos de las políticas que van desde la protección del ozono hasta la protección del dioxín y de otros supuestos cancerígenos han simplemente hecho eso.

Los partidarios de aquellas políticas por supuesto atacan los argumentos científicos de sus oponentes, haciendo que las ciencias físicas luzcan como las ciencias sociales -capaces de proporcionar cualquier propuesta motivada políticamente. Aquellos de nosotros que ya rechazamos las aseveraciones efectuadas por los políticos y los científicos sociales “expertos” en la retención de las causas políticas, nos encontramos desarrollando la misma actitud respecto de las afirmaciones de los biólogos, los químicos, y otros científicos físicos, al menos cuando su investigación es citada en la arena de las políticas públicas. Si los científicos no se ponen firmes contra la manipulación política de sus investigaciones, su credibilidad será pronto similar a la de los políticos, de los abogados, y de los economistas.

Traducido por Gabriel Gasave


Bruce L. Benson es Profesor e Investigador en Economía en la Florida State University, Asociado Senior en The Independent Institute, y autor del libro del Instituto, To Serve and Protect: Privatization and Community in Criminal Justice (New York University Press, 1998).




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