República vs. Estado plurinacional: choque de dos formas de estado en Bolivia

1. El origen de la ruptura institucional

Hace exactamente veinte años (21/01/2006), Evo Morales fue entronizado en las ruinas de Tiahuanacu como “líder indígena”, un acto simbólico y premonitorio que inauguró el desmontaje sistemático de la República y la democracia. El Estado Plurinacional (EP) se consolidó jurídicamente tras la promulgación de la CPE de 2009, fruto de un proceso inconstitucional, ilegal y cruento.

Esta ruptura institucional se gestó a partir del quiebre del orden democrático mediante el inicio del golpe progresivo de 2003 y la posterior reforma inconstitucional de la CPE (Ley 2631/2004), la cual introdujo la figura de la Asamblea Constituyente al margen de los mecanismos de reforma vigentes en ese entonces. Dicha Asamblea, además de poseer un origen ilícito y sesionar en la ilegalidad y de forma cruenta, produjo un texto constitucional espurio y de carácter “dirimidor” y no refrendario, quebrando el principio de soberanía popular al sustituir el pacto social por una imposición partidaria.

Dos décadas después, el resultado es un Estado fallido; un modelo agotado donde el poder central ha renunciado a su función primordial de imponer la ley y garantizar el orden, dejando a la ciudadanía en la absoluta indefensión y a merced de la criminalidad, el corporativismo y la anomia.

2. Definiciones necesarias: La naturaleza de la organización política

Para entender el alcance y profundidad de la crisis, debemos distinguir entre dos visiones antagónicas (irreconciliables):

La República (Forma de Estado): Del latín Res publica (“cosa pública”). El Estado pertenece a todos los ciudadanos por igual. Se fundamenta en la unidad nacional y el imperio de la ley. Su objetivo es proteger la libertad del individuo frente a cualquier abuso, fundamentalmente del Estado.

El Estado Plurinacional (Etapa de transición): Su objetivo estratégico fue servir de fase intermedia para la edificación del “socialismo comunitario”. Para alcanzarlo, el modelo se diseñó para desarticular los principios republicanos y las instituciones de la democracia liberal, considerados por sus ideólogos como “herencias coloniales”.

Este sistema busca sustituir la ciudadanía individual —sujeto de derecho universal— por la pertenencia obligatoria a grupos colectivos y corporativos, los cuales quedan bajo la tutela de un Estado centralizado y omnipotente que administra artificiales identidades colectivas en lugar de proteger libertades individuales. El Art. 1 de la CPE consagra esta ruptura al definir a Bolivia como un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”.

Es importante notar que, aunque el texto constitucional menciona ocho veces la palabra “República”, lo hace de forma meramente nominal o como coartada. La arquitectura jurídica del documento antepone sistemáticamente lo colectivo a lo individual, alterando la esencia republicana y subordinando la libertad del ciudadano a la voluntad de la “comunidad” controlada por el poder político.

3. El Modelo del ayllu y el socialismo comunitario

El Estado Plurinacional fue diseñado con un solo objetivo: edificar el “socialismo comunitario”, usando el ayllu como “modelo” y arquitectura política. No es una curiosidad cultural, sino un sistema donde la propiedad es colectiva y la decisión individual no existe fuera de la comunidad.

El Ayllu Planetario: La expansión del colectivismo total. Este concepto, desarrollado por ideólogos como Álvaro García Linera, no es una metáfora romántica sobre la cultura andina, sino una propuesta de reingeniería social totalitaria. Su objetivo es la absorción definitiva de la sociedad civil (la autonomía de las personas para organizarse) y del mercado (la libertad de intercambio) por parte de la lógica comunitaria estatal. Veamos:

• El mecanismo jurídico (Art. 8, I y II): Bajo la apariencia de principios ético-morales como el ama qhilla, ama llulla, ama suwa y el suma qamaña (Vivir Bien), la CPE otorga al Estado la potestad de calificar y dirigir la conducta privada. Al constitucionalizar estos preceptos, el Estado deja de ser un árbitro neutral para convertirse en el dueño absoluto de la vida social, dictando qué es “ético” o “moral” según los intereses del poder colectivo.
• La disolución del individuo: Según esta visión, el individuo no tiene derechos fuera de su grupo. Busca “comunitarizar” toda forma de vida, lo que en términos políticos significa que el derecho a la propiedad privada y la libre iniciativa desaparecen frente a la decisión del colectivo/Estado.
• El horizonte totalitario: Lo delirante del término radica en su ambición expansionista. El proyecto plurinacional no se limita a Bolivia; se concibe como un primer paso de un modelo de socialismo comunitario que debe ser exportado para reemplazar a la civilización occidental y liberal, hasta constituir el llamado “ayllu planetario”. Es, en esencia, la sustitución del derecho universal por una red de tribus estatales bajo un mando central omnipotente. Eso es el Estado Plurinacional.

Esta lógica convierte al Estado no solo en administrador de recursos, sino en el arquitecto de la conciencia, destruyendo la frontera entre lo público y lo privado: totalitarismo.

4. Sustento normativo en la CPE: La negación de la esencia republicana

La Constitución de 2009 no es una evolución del constitucionalismo boliviano, sino su ruptura. Derriba los cimientos republicanos mediante tres ejes estratégicos de fragmentación:

• A. La fractura del Sujeto de Derecho (Art. 30, II): La República se sostiene sobre la premisa de que todos somos iguales ante la ley. El Estado Plurinacional destruye esta igualdad universal al constitucionalizar privilegios étnicos/tribales. Al otorgar derechos exclusivos a naciones indígenas, crea una ciudadanía estratificada en distintos niveles. Esto anula el principio de ciudadanía única, base indispensable de cualquier democracia liberal.
• B. La Concentración del Poder bajo el disfraz de pluralismo (Arts. 178, 179, 182 y 198): En la República, el poder se fragmenta y se contrapone para autolimitarse. En el modelo plurinacional, el poder se centraliza políticamente mientras se atomiza judicialmente. La creación de la Jurisdicción Indígena con igual jerarquía que la ordinaria (Art. 179) y la elección de jueces mediante voto popular —previa preselección partidaria en la Asamblea (Art. 182)— eliminan la independencia judicial y la idoneidad técnica. El juez deja de ser el guardián de la ley para convertirse en un operador político.
• C. La Soberanía “balcanizada” (Art. 2 y 190): Mientras la soberanía republicana es una, indivisible y reside en la Nación cívica, la CPE del Estado Plurinacional la fragmenta en 36 “naciones” —inexistentes— con derecho a la “libre determinación”, autogobierno y justicia propia. Esta división rompe artificialmente la unidad territorial y la universalidad del imperio de la ley, convirtiendo al país en un archipiélago de jurisdicciones en conflicto donde no existe una regla común para todos.

5. La muerte de la inversión y la seguridad jurídica

Bolivia requiere con urgencia la atracción de capitales externos para revertir su actual catástrofe económica. Además, no hay prosperidad posible sin libertad, y la libertad exige, por definición, mercados libres. Sin embargo, existe una contradicción insalvable: mientras el gobierno anuncia —es lo que mejor hace: anunciar— la atracción de inversiones, la CPE de 2009 establece un blindaje de soberanía jurisdiccional absoluta que, en la práctica, actúa como un mecanismo de expulsión del capital productivo. Y el gobierno lo sabe.

• La trampa de ser “Juez y Parte” (Art. 320, II): Este artículo es el certificado de defunción de la seguridad jurídica para el inversor. Al someter toda inversión extranjera exclusivamente a las leyes y tribunales bolivianos, prohíbe explícitamente cualquier protección internacional o acudir a instancias de arbitraje neutral (como el CIADI). Esto obliga al inversor a litigar contra el Estado ante jueces que son dependientes del poder político (Arts. 182 y 198). Bajo estas reglas, el capital no se atrae, se ahuyenta.
• Indefensión ante la vulnerabilidad comunitaria (Arts. 179 y 190): La CPE introduce un factor de riesgo sistémico al otorgar igual jerarquía a la justicia indígena sobre la ordinaria. Las inversiones —especialmente en minería, hidrocarburos o infraestructura— quedan expuestas a decisiones locales tomadas bajo “usos y costumbres”. Una comunidad puede decidir la paralización de un proyecto o imponer compensaciones arbitrarias sin que el afectado tenga acceso a un tribunal técnico y neutral de apelación. Así, es poco probable el arribo de inversiones.
• El veto al arbitraje en sectores estratégicos (Art. 366): En el área de hidrocarburos y recursos naturales, la prohibición de tribunales extranjeros es radical. Esto condena al inversor a la indefensión total. Para el mercado global, aceptar estas condiciones equivale a jugar un partido donde el rival es, simultáneamente, el dueño del estadio, el árbitro y quien tiene la facultad de cambiar las reglas durante el juego a su antojo.

En resumen, el modelo plurinacional ha constitucionalizado la arbitrariedad. Al proscribir el arbitraje internacional y fragmentar la justicia en jurisdicciones paralelas, ha convertido a Bolivia en un territorio inviable para el capital serio y productivo. Este vacío legal deja el campo libre únicamente para la economía informal, el extractivismo depredador o capitales paraestatales —mercantilismo— que operan sin estándares de transparencia ni rendición de cuentas.

Por estas razones, los constantes anuncios gubernamentales de atracción de inversiones extranjeras son, en la práctica, meras maniobras de propaganda para el consumo masivo; no tienen sustento en la realidad jurídica del país. Con el actual gobierno, la parálisis continuará, pues la estructura misma del Estado impide cualquier flujo de capital que exija reglas claras. Nada cambiará realmente hasta que no se desmonte el actual andamiaje constitucional totalitario, ya que no se puede construir prosperidad económica sobre una base de indefensión jurídica.

6. Inviabilidad económica, propiedad precaria y asfixia autonómica

El diseño institucional del Estado Plurinacional es el principal obstáculo para el progreso económico y la libertad local. La CPE de 2009 no fomenta el desarrollo, sino que institucionaliza la dependencia del ciudadano y de las regiones respecto al poder central:

• La Propiedad como concesión precaria (Arts. 56 y 349): En la República, la propiedad es un derecho natural e inviolable. En el modelo plurinacional, los recursos naturales son declarados propiedad “indivisible y soberana” del Estado (Art. 349). Simultáneamente, el Art. 56 supedita la propiedad privada al cumplimiento de una “función social” o “interés colectivo”, conceptos ambiguos que el político de turno interpreta a discreción. Esto convierte a la propiedad en una concesión precaria que el Estado puede revocar, destruyendo el incentivo básico para la acumulación de capital y la inversión a largo plazo.
• El Estado dirigista y el mercado distorsionado (Arts. 306 y 311): El Estado abandona su rol de árbitro para convertirse en actor, planificador y competidor desleal. Bajo los principios de la “economía plural” (Art. 306), se otorga prioridad a las formas estatales y comunitarias, castigando la libre iniciativa y el éxito individual. La ley económica deja de ser técnica y pasa a ser una herramienta de interpretación política, lo que genera un entorno de absoluta incertidumbre.
• La Falsa descentralización y el sabotaje a las autonomías (Arts. 271, 272 y 289): Aunque la CPE menciona la “Autonomía” (Art. 272), la arquitectura plurinacional está diseñada para anularla. El nivel central retiene el control de las competencias estratégicas y los recursos económicos (Art. 305), mientras que la creación de la “autonomía indígena” (Art. 289) se utiliza como una herramienta de fragmentación territorial. Al superponer jurisdicciones indígenas sobre departamentos y municipios, el Estado central debilita la cohesión de las regiones, impidiendo que gobernaciones y alcaldías operen con verdadera libertad y autogestión financiera.

Esta estructura asegura que ninguna región o individuo pueda prosperar sin la venia del poder central, transformando la autonomía real en un simple simulacro administrativo bajo el mando de un Estado omnipotente.

7. Otros aspectos que niegan la República: La hegemonía del colectivo sobre el ciudadano

La Constitución de 2009 no se limita a reformar las instituciones; busca refundar la identidad boliviana eliminando el concepto de nación cívica universal:

• Simbología de facción y la derrota de la identidad única (Art. 6, II): La elevación de la Wiphala al rango de símbolo patrio obligatorio no constituye un gesto de inclusión democrática, sino un acto de hegemonía política. Representa la imposición de una identidad étnica corporativa prefabricada por encima de la identidad ciudadana universal. En la República, los símbolos nacionales cumplen una función de amalgama: unen a los iguales bajo una misma ley y un mismo destino. En el Estado Plurinacional, por el contrario, los símbolos de facción marcan la supremacía de un proyecto ideológico-identitario particularista sobre el conjunto de la población. El Art. 6, II constitucionaliza así una jerarquía simbólica que divide a los bolivianos entre quienes se reconocen en el proyecto del régimen y quienes quedan relegados a una ciudadanía de segundo orden, fracturando la cohesión social y la neutralidad del Estado.
• La tiranía de los derechos colectivos sobre la libertad individual (Arts. 109 y 190): La arquitectura jurídica plurinacional subvierte el orden liberal al priorizar los “derechos de las naciones y pueblos” por encima de las libertades civiles individuales. Esto permite que, bajo el amparo de los Arts. 190, 191 y 192, el colectivo pueda oprimir al individuo, confiscando su derecho a la disidencia, a la propiedad o al debido proceso bajo el argumento de “usos y costumbres”.
• El Poder paraestatal y la coacción de bloque: El modelo ha institucionalizado a las “organizaciones sociales” como actores políticos con poder de veto y control territorial. Estas actúan como una estructura paraestatal que sustituye la institucionalidad democrática por la coacción de grupo. En este escenario, la ley no se aplica por igual, sino que se negocia o se impone mediante el bloqueo y la presión corporativa, convirtiendo al ciudadano libre en un rehén de la disciplina de bloque.

Este diseño asegura que el individuo nunca sea lo suficientemente fuerte para desafiar al Estado o a la corporación, consolidando un sistema de castas políticas donde la lealtad al grupo vale más que la ley universal.

8. Síntesis final: La antítesis de la República

El Estado Plurinacional no es una alternativa democrática; es la negación absoluta y deliberada de la República. La contradicción entre ambos modelos es total e insalvable, pues representan dos formas opuestas de entender la existencia humana y la organización del poder:

• La República se erige sobre la primacía de la libertad individual, la soberanía del ciudadano y la imposición de límites estrictos al ejercicio del poder para evitar la tiranía.
• El Estado Plurinacional, por el contrario, se sustenta en el colectivismo dogmático, la regresión hacia la estructura de la tribu y la expansión ilimitada de un aparato estatal que busca controlarlo todo.

En última instancia, el modelo plurinacional representa el reemplazo del Estado de Derecho por la voluntad arbitraria del caudillo y la sustitución de la Nación cívica por un archipiélago de grupos en conflicto permanente. Es un dispositivo de ingeniería social diseñado para convertir una sociedad de ciudadanos libres en un sistema de vasallaje estatal-comunitario, donde la ley no es una norma de justicia universal, sino una herramienta de dominación política.

9. El carácter fallido: De la anomia a la restitución republicana

El Estado Plurinacional (EP) ha fracasado de manera terminal: no existe el anunciado “socialismo comunitario” ni el espejismo del “Estado fuerte”; hoy solo quedan ruinas institucionales y una casta de dirigencias políticas y sociales prebendarias que operan en la más absoluta anomia. No enfrentamos solo una crisis económica o una crisis de gobierno; asistimos al colapso general de la estructura estatal en todos sus escenarios. De hecho, no queda nada. El preocupante enanismo de una clase política fragmentada en miles de candidaturas es la prueba irrefutable del desastre actual y de la incapacidad de gestión bajo este modelo.

La contradicción es ahora nítida y definitiva:

• República: Libertad individual, ciudadanía única, igualdad universal ante la ley y la propiedad privada como un derecho natural inviolable.
• Estado Plurinacional: Control político total, adscripción étnica obligatoria, jurisdicciones fragmentadas, propiedad condicionada y ausencia de ley.

El gobierno actual y la mayoría de la clase política carecen del coraje y la claridad intelectual necesarios para restituir la República y la igualdad ante la ley. Lejos de buscar una apertura o una reforma estructural, la administración vigente ha reafirmado su lealtad absoluta al Estado Plurinacional, asumiendo su defensa pública como el único orden posible.

Este inmovilismo no es azaroso; nace de una profunda ignorancia política y de una complicidad estratégica: gran parte de la oposición y el oficialismo conviven funcionalmente con la estructura del Estado Plurinacional. Ambos bandos lo preservan por afinidad ideológica —son socialistas en distintos grados— y porque el modelo les permite administrar cuotas de poder corporativo y privilegios de grupo que serían imposibles bajo un sistema de igualdad ciudadana y libertad individual (eso es la República).

El dilema ha dejado de ser una mera decisión ideológica para convertirse en una cuestión de supervivencia nacional. Hoy convergen tres fenómenos que forman una combinación explosiva y terminal: primero, una crisis de Estado (la ruptura irreversible entre ciudadanía y Estado) que se gestó tras el desconocimiento del voto popular en 2016, alcanzó su clímax en 2019 y se mantiene latente; segundo, el colapso del Estado, manifestado en el derrumbe absoluto de su institucionalidad; y tercero, el carácter fallido de un sistema que fue incapaz de alcanzar sus propios objetivos. El Estado Plurinacional, como entorno jurídico e institucional, ha muerto.

Por ello, su persistencia artificial solo alimenta un vacío de poder que traslada la política a las calles, donde el conflicto se resuelve mediante la imposición y no mediante el Derecho. Bajo la sombra de este monstruo estatista, colectivista y totalitario, no habrá estabilidad, no habrá paz y, mucho menos, habrá inversiones que permitan el progreso de los bolivianos.

Si el gobierno y la clase política se empecinan en mantener este cadáver institucional, la ciudadanía terminará por resolver esta contradicción mediante vías de hecho, con un saldo imprevisible: o la caída definitiva en la barbarie o una dolorosa e incierta restitución de la República. De la voluntad de los políticos para romper con el modelo estatal plurinacional depende que Bolivia no tenga que enfrentar un proceso cruento para volver a la civilización.

El autor es Escritor Educativo.

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