Un mundo sin ONU: más libertad, menos burocracia

Ayer terminó la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).  Alrededor de 73 jefes de nación tomaron el podio para dar discursos, siguiendo el lema “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.  Además de celebrar sus 80 años de vida, la ONU organizó paneles para evaluar las metas de desarrollo sostenible y discutir sobre el calentamiento global, la tecnología, las armas nucleares, la mujer, la juventud, los derechos de las minorías y la salud. 

Ningún guatemalteco se desvela por lo que hace o deja de hacer la ONU, pese a que la organización nos ha afectado, sobre todo a través de ciertos programas asistencialistas (de la UNICEF, OMS, ACNUR, PNUD, entre otros) y los doce años de operación de la CICIG.  Imagino que muchos calculan que recibimos más beneficios de lo que nos ha costado ser miembros desde 1945.  En febrero de este año, Guatemala pagó un total de U.S. $1,565,497, un monto pequeñísimo en comparación con lo aportado por China, Alemania o Japón.  El principal financista de la ONU, Estados Unidos, suspendió pagos desde que Donald Trump asumió la presidencia, y se dice que su deuda asciende a más de U.S.$3 mil millones.

Opino que la ONU nos ha hecho más daño que bien.  El asistencialismo crea dependencia y desalienta iniciativas locales de emprendimiento que traerían el progreso sostenido.  Dudo que la mediación de la ONU en los acuerdos de paz fuera decisiva.  La CICIG no fortaleció nuestro sistema de justicia; contribuyó a la politización de la justicia e introdujo el lawfare en el país.  La ONU tiende a promover la legalización del aborto y la destrucción de la familia tradicional, y algunos de sus programas atentan contra nuestras costumbres.  Más significativamente, la mentalidad globalista es centralizante, estatista y colectivista, y por ende contraria a la libertad individual.  Finalmente, Guatemala juega un rol tan marginal que ni cuenta se darían si nos retiramos.

Si muchas naciones siguieran esta lógica, y conjuntamente provocaran la implosión de la ONU, ¿qué pasaría?  En el corto plazo, quedarían sin empleo aproximadamente 150,000 empleados civiles y 90,000 militares y policías que sirven bajo órdenes de la ONU, aunque éstos podrían regresar a los ejércitos y cuerpos policiales de sus países.

Si cerraran todas las agencias de la ONU, se liberarían arriba de U.S.$31 mil millones anuales.  Estos fondos podrían destinarse a usos más productivos.

Los gobiernos se adaptarían rápidamente a un retorno a la diplomacia entre naciones.  Probablemente, se fortalecerían algunas entidades regionales, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos.  Tendría ventajas sustituir una burocracia costosa, centralizadora e ineficaz con una red de cooperación internacional basada en la libertad, dentro de la cual fundaciones privadas, ONGs internacionales y hasta universidades coordinarían una gran diversidad de acuerdos ambientales, humanitarios y más.

Surgirían tribunales de arbitraje independiente para solucionar conflictos, tal y como existen para asuntos comerciales.  En vez de un parlamento mundial, varias instancias competirían unas con otras para resolver disputas.

También nacerían iniciativas descentralizadas y acuerdos de libre comercio para lograr la cooperación económica entre naciones.  Los países podrían elegir en qué red participar.  Recordemos que el comercio libre internacional es la mejor garantía de paz: nadie quiere ir a la guerra con un importante socio económico.  Si las naciones se vuelven cada vez más interdependientes, los incentivos para la violencia decrecerán.

La autora es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), presidente del Instituto Fe y Libertad (IFYL). y catedrática de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

@RiosCrios