Guatemala: Fracasó la clasificación forzada de desechos

Ni 200 días duró el experimento que obligaba a los guatemaltecos a clasificar sus desechos en orgánicos, reciclables y no reciclables.  El 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad (CC) sacó los Acuerdos 164-2021 y 184-2023 del ordenamiento jurídico.  Suspiramos alivio.  Además de ser inconstitucionales, los acuerdos convirtieron a toda la población en infractora, susceptible de ser multada.  La Gremial de Recolectores estimó que únicamente el 5% de los pobladores cumplió con separar la basura.  En nuestro vecindario, el mismo recolector recomendó que ignoráramos las regulaciones, puesto que mezclaban nuestras bolsas en el camión. Nos aseguró que la basura sería reclasificada por recicladores informales que viven de eso.

Según los noticieros, el recurso ante la Corte de Constitucionalidad fue promovido desde finales del 2024 por el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero.  Los magistrados de la CC resolvieron unánimemente que los acuerdos en cuestión contravienen los principios de autonomía municipal y de seguridad jurídica garantizados por el artículo 253 de la Constitución Política de la República.  Los municipios son entidades autónomas responsables de proveer servicios públicos locales a la población. El Organismo Ejecutivo “excedió su potestad reglamentaria” pues pretendió imponer una solución centralizada que violaba el modelo de descentralización.

No se hicieron esperar las protestas fatalistas.  Debido al fallo de la CC, el Gobierno Central ya no podrá evitar terribles impactos ambientales, y aumentará la contaminación de los ríos, lagos y calles.  La población se enfermará más.  Los guatemaltecos vemos tales argumentos como claras exageraciones.  Este experimento fallido nos enseñó que el Organismo Ejecutivo no tiene por qué ser el salvador o protagonista.  Cosecharemos mejores resultados si coexisten múltiples soluciones descentralizadas y privadas.

Los guatemaltecos no somos indiferentes ante la contaminación y el mal manejo de la basura, pero necesitamos un cambio de mentalidad: debemos valorar el aporte de los mercados privados. Yo sería partidaria de un marco regulatorio que garantice los mercados abiertos, donde no existan restricciones respecto de quienes pueden proveer servicios para el manejo de los desechos.  Cualquier empresa debe poder incursionar y competir en el mercado, sin que existan contratos exclusivos ni arreglos especiales con las municipalidades.  De esta forma, los precios serían variables, y los clientes podrían elegir la compañía recolectora y recicladora que más les gusta.  La competencia tiende a bajar el precio del servicio, para bien de los consumidores, y también a estimular la innovación.

Surgirán demandantes formales, no solo informales, de los diversos materiales desechados.  Veremos inversiones en la recolección, procesamiento y reciclaje, así como en tecnologías que convierten la basura en energía.  Estos mismos emprendimientos se encargarán de enseñar a los hogares a separar los desechos de valor, e incluso los recompensarán por sus esfuerzos.

El mercado del aluminio, un metal altamente reciclable, es un buen ejemplo.  Es raro encontrar una lata tirada después de un evento público, una fiesta patronal o una celebración familiar, pues éstas son recolectadas por individuos que conocen su valor.  El aluminio se vende por libra a compradores privados, quienes se encargan de empaquetarlo, reciclarlo o exportarlo.

La situación puede mejorar notablemente si abrimos nuestra imaginación y las puertas legales a una variedad de iniciativas privadas y municipales.

La autora es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), presidente del Instituto Fe y Libertad (IFYL). y catedrática de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

@RiosCrios