El peso: una ficción costosa que limita nuestro potencial

En la Argentina coexisten dos monedas: el peso y el dólar. El Estado insiste en imponer el peso como única moneda de curso legal como si se tratara de un bastión simbólico de la soberanía nacional. Pero la sociedad hace años que ahorra en dólares, piensa en dólares, fija precios en dólares, transacciona en dólares y —si es que puede— se endeuda en dólares. En las decisiones económicas importantes del sector privado, el peso brilla por su ausencia. Eso si los impuestos se pagan en pesos.

El último informe de Posición de Inversión Internacional publicado por el INDEC nos da una idea aproximada de la magnitud de esta incongruencia. Al 31 de marzo de 2025, los activos líquidos en dólares del sector privado ascendían a US$ 242.978 millones. Esta cifra incluye billetes bajo el colchón o en cajas de seguridad y depósitos bancarios en el exterior. Si le sumamos aproximadamente 30.000 millones de dólares depositados en bancos argentinos, el total asciende a US$ 272.333 millones. En contraste, la circulación monetaria y todos los depósitos bancarios del sector privado en pesos, convertidos al tipo de cambio informal, equivalían a aproximadamente US$ 81.000 millones. Es decir, por el equivalente de cada dólar de liquidez que los argentinos mantienen en pesos, tienen más del triple en dólares (sin contar los dólares no declarados).

Esta incongruencia (¿o más bien esquizofrenia?) monetaria condena al país a la inestabilidad y el estancamiento. Una pieza central del andamiaje legal que la sostiene es la Ley Penal Cambiaria, aprobada en 1971 bajo el gobierno de Lanusse. Esta ley, que habría que derogar cuanto antes, criminaliza las operaciones de compra y venta de divisas realizadas fuera del mercado oficial, imponiendo sanciones a quienes intenten dolarizar sus transacciones por fuera del control del Estado. En la práctica, funciona como una herramienta coercitiva para desalentar el uso del dólar, aun cuando la sociedad ya lo ha adoptado espontáneamente como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago. Esta ley refuerza la contradicción estructural del régimen monetario argentino: el Estado obliga a la gente utilizar una moneda que rechaza, y penaliza el uso de aquella en la que confía y que mejor le permite desarrollar su actividad económica.

Los únicos que se han beneficiado con esta incongruencia monetaria son los especuladores y falsos financistas, que, con o sin información privilegiada, se dedican a arbitrar el balance del BCRA y la liquidez de incautos y “encepados”.

Uno de los argumentos típicos en contra de la dolarización es que el Estado perdería el ingreso por señoreaje. Pero en una economía donde la dolarización de facto es tan alta el argumento es irrelevante. Incluso con supuestos conservadores, los costos de transacción que impone esa dolarización espontánea superan largamente los ingresos potenciales por señoreaje (si los argentinos deciden elegir el peso, o sea, en la Argentina año verde).

Además, hay que sumar los costos que han tenido los infructuosos intentos del Banco Central por sostener el peso vía cepo y manipulación de tasas de interés y tipo de cambio. En lugar de darnos una moneda estable, estas intervenciones de la autoridad monetaria le generaron un déficit cuasi-fiscal que solo pudo financiarse con más inflación y devaluación, destruyendo de paso el crédito al sector privado.

Mientras la gente prefiera el dólar, sostener artificialmente el peso requerirá que el Estado desembolse dólares que no tiene. Es decir, pedirlos prestados o confiscárselos al sector privado. Para peor, incluso con controles de capitales, luego inevitablemente los pierde alimentando la fuga de capitales. Desde diciembre de 2010 a diciembre de 2023, los activos externos netos del BCRA cayeron en más de US$50.000 millones. La degradación de situación patrimonial contribuyó a la desvalorización del peso.

La experiencia entre mediados de 2018 y mediados de 2019 demuestra que, bajo un régimen de flotación con libre movilidad de capitales y con cierta disciplina fiscal, los intentos del BCRA de sostener artificialmente la paridad del peso terminaron financiando fuga de capitales. Y si en cambio —como ocurrió entre 2020 y 2023— se aplican estrictos controles y se sobrevalúa el peso en un contexto de indisciplina fiscal, además de una mayor inflación, se agrava la escasez de divisas, se desalienta al sector exportador y se crean oportunidades de corrupción.

A la luz de esta evidencia, resulta claro que el intento de sostener artificialmente el valor del peso con o sin controles no solo fracasó, sino que nos costó carísimo agravando el problema fiscal. Este problema es estructural y tiene una causa profunda: la falta de credibilidad. Y esta falta de credibilidad esta asociada al riesgo argentino, que no es más ni menos que el riesgo de que tarde o temprano llegue a la Casa Rosada otro gobierno dispendioso que financie su estrafalario exceso de gasto emitiendo pesos.

Todo esto refuerza una conclusión importante: dados estos antecedentes de inestabilidad y la desconfianza casi congénita —y justificada— de los argentinos respecto al valor del peso, los costos de mantener una “soberanía monetaria” ficticia superan con creces sus beneficios. En política económica, la flexibilidad con inconsistencia temporal crónica no es creíble y lleva a malos resultados.

Los beneficiarios de nuestra incongruencia monetaria han popularizado el mito de que una dolarización oficial es inviable porque requiere dólares que el Estado no tiene y, por lo tanto, que su implementación provocaría una devastadora corrida de depósitos. La realidad demuestra lo contrario.

Ecuador adoptó el dólar como su moneda cuando estaba en cesación de pagos, con déficit fiscal y reservas netas negativas en el banco central. La dolarización ha sido la reforma institucional más duradera de la historia ecuatoriana, ha durado más que cualquiera de las constituciones aprobadas desde 1830. Más importante aún: ha eliminado la inflación de la vida de los ecuatorianos.

Hoy a pesar de que su PBI es menos del 20% del de la Argentina, su sistema financiero tiene dimensiones parecidas al nuestro. El Banco Central de Ecuador (BCE) estima que circulan US$20.000 millones en billetes de dólar y que los depósitos bancarios totales ascienden a US$73.000 millones (en la Argentina los depósitos en pesos tanto del sector público como el privado suman US$97.000 millones). Esta masa de liquidez en dólares en los bancos se sostiene, sin cepo y sin corridas de depósitos, sobre activos externos netos para el sistema financiero consolidado que suman US$18.900 millones (que incluyen reservas internacionales brutas de US$8.300 millones en el BCE y encajes por US$6.500 millones).^[1] Es decir, que 1 de cada 5 dólares de pasivos en el sistema financiero tiene respaldo.

Pero no hace falta irse a Ecuador para refutar el mito de que la dolarización es inviable. En la Argentina, los depósitos en dólares ascienden hoy a casi US$30.000 millones que, dado que las reservas netas del BCRA son negativas, en caso de una corrida estarían respaldados únicamente por los dólares físicos que los bancos mantienen en sus bóvedas (unos US$6.159 millones a fines de mayo, según el propio BCRA). Es decir, solo uno de cada cinco dólares tiene respaldo líquido inmediato. Aun así, la corrida de depósitos, el “cuco” preferido de los anti-dolarizadores, no aparece.

La falacia de que la dolarización es inviable porque requiere una masa de dólares inasequible también presupone un escenario poco realista de liquidación inmediata de todos los pasivos de la economía. La economía es un flujo circular y la mayor parte de los depósitos en pesos constituye dinero transaccional. Si salieran dólares del sistema bancario necesariamente debería volver para pagar sueldos, proveedores, impuestos, etc.

Dolarizar no solo es viable, sino que tiene más sentido que seguir sosteniendo la ficción del peso como símbolo de la soberanía nacional. Otorgarle curso legal al dólar y permitir libre circulación de cualquier moneda convertible, incluyendo a las criptomonedas, implicaría el reconocimiento de una realidad dolorosa pero ineludible: a lo largo de ochenta años nuestro sistema político ha demostrado su incapacidad de dotar a la economía del ingrediente fundamental para que crezca: una moneda estable.

Una dolarización oficial o de jure acompañada de una profunda reforma bancaria no sólo eliminaría la incertidumbre y los costos de transacción que genera nuestra incongruencia monetaria, sino que también permitiría recuperar el crédito a largo plazo y repatriar parte de los dólares que hoy están fuera del sistema financiero.

La dolarización oficial, primer paso hacia la plena libertad monetaria, no resolverá todos los problemas de la Argentina. Pero resolverá uno muy importante: la inflación. Con estabilidad monetaria el país tiene un potencial ilimitado. Es hora de terminar con la ficción del peso y abrir la puerta a la posibilidad concreta de un país mejor para las próximas generaciones.

^[1] La diferencia tampoco se explica por el nivel de reservas o deuda externa. El ratio de reservas brutas a PBI en Ecuador es 6,9% vs. 6% en la Argentina, mientras que el ratio de deuda pública externa a PBI es de 38%, mientras que en la de la Argentina no excede 25% (incluyendo al swap con China).