El ideal director de competencia

Ayer, 23 de junio, se venció el plazo para integrar el directorio de la Superintendencia de Competencia, una nueva entidad descentralizada y autónoma.  Hace ya 120 días que se invitó públicamente a profesionales guatemaltecos, colegiados activos, de reconocida honorabilidad y capacidad, a postularse para los puestos de directores titulares y suplentes.  El Congreso de la República, el Ejecutivo en Consejo de Ministros y la Junta Monetaria debían elegir, cada uno, a un titular y a un suplente para conformar el directorio de seis. 

Si cerramos los ojos y hacemos a un lado los expedientes de las personas nominadas para ocupar esos cargos, podemos hacer una reflexión en abstracto sobre el perfil ideal.  Parecería esencial que alguien encargado de promover la competencia tenga experiencia compitiendo en el mercado abierto.  Todos competimos unos con otros cuando actuamos como consumidores, pero un director tendría también que conocer de primera mano lo que vive un productor o comerciante. De lo contrario, ¿cómo distinguirá un mercado abierto de uno monopólico?

Lo que es más, los superintendentes deben valorar la libertad de mercado y estudiar a fondo cómo funciona el maravilloso ecosistema en el cual las personas colaboramos unas con otras voluntariamente, obtenemos ganancias mutuas y creamos riqueza.  Deben comprender cómo ese dinámico ecosistema forma los precios libres, y cómo dichos precios revelan la relativa escasez de los bienes y servicios. Deben saber que los partícipes en el mercado utilizan la información que les brindan los precios para tomar decisiones de ahorro, inversión, producción y consumo.  Deben captar cómo la libertad de entrada y de salida de los mercados incentiva a los oferentes a priorizar la calidad y la excelencia, porque, de lo contrario, serán desplazados por otros oferentes.  Deben apreciar que cuando el gobierno interviene en este delicado entramado, sobre todo cuando crea monopolios artificiales mediante la regulación, provoca desajustes y pobreza.

Lamentablemente, las declaraciones de algunos de los electores dan a entender que preferirían nombrar directores superintendentes desconfiados de la actividad empresarial.  Quizás algunos electores depositan su fe en el gobierno y muestran aversión al libre mercado.  Equivocadamente sostienen que el capitalismo permite a un puñado de empresarios acumular capital, en detrimento de los trabajadores.  Ven la competencia como causante de la explotación laboral.  Están convencidos de que los mercados, dejados a sus anchas, concentran la riqueza, crean élites monopolistas, y ocasionan la desigualdad.  Conciben al gobierno como un necesario corrector de las fallas económicas y protector de las víctimas del capitalismo.  Y por ello concluyen que solamente un funcionario gubernamental que jamás ha laborado en una empresa puede ser un fiscalizador imparcial.

Según ciertas corrientes socialistas, la competencia siembra una odiosa rivalidad.  La teoría socialista conmina a la cúpula política a abolir la propiedad privada de los medios de producción, dirigir todas las actividades productivas y distribuir los bienes producidos de forma equitativa para la satisfacción de las necesidades de cada uno.  Presumiblemente, así termina con la competencia. En la práctica, sin embargo, simplemente desplaza la competencia de la arena económica a la arena política.

Si la Superintendencia de Competencia se integra con directores sospechosos del mercado y de la sana competencia, entonces la nueva entidad orientará sus esfuerzos a obstaculizar las actividades productivas de los ciudadanos, en vez de garantizar los mercados abiertos.

La autora es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), presidente del Instituto Fe y Libertad (IFYL). y catedrática de la Universidad Francisco Marroquín (UFM).

@RiosCrios