Colombia: TLC con Estados Unidos
La República, Bogotá
El tratado de libre comercio con Estados Unidos constituye un elemento central de la política económica internacional del país. Desde el inicio de las negociaciones hasta la entrada en vigencia del tratado pasaron nueve años, durante los cuales transcurrieron dos períodos presidenciales en Estados Unidos y dos períodos presidenciales en Colombia. El tratado recibió la aprobación del Congreso estadounidense, así como la del Congreso y la Corte Constitucional de Colombia. Es, por lo tanto, una política de Estado más bien que la política de determinado gobierno.
La negociación del tratado contó con la participación del sector empresarial y de la sociedad civil. Recibió la atención prioritaria de los medios de comunicación. Su conclusión fue percibida como un logro de la política exterior colombiana.
La decisión de iniciar las negociaciones con Estados Unidos en el año 2003 no se tomó a la ligera, por falta de alternativas. En ese momento, existía la posibilidad de adherir a Mercosur, como recomendaban algunos. Los dirigentes colombianos decidieron que el interés nacional recomendaba descartar esa opción. Los acontecimientos han demostrado que lograr el acceso al mercado de Estados Unidos supera con creces las eventuales ventajas que se podrían derivar de hacer parte de Mercosur.
Sirvan estas reflexiones para respaldar la afirmación de que el TLC con Estados Unidos es un tema que debe tratarse con mesura y con rigor conceptual. Una cosa es ofrecer, al calor de una campaña electoral, que, en el caso de llegar al poder, se renegociaría el TLC para imponerles aranceles a los cereales que se importan de Estados Unidos. Otra cosa es anunciarlo, cuando se tiene la responsabilidad de gobierno, en un discurso improvisado ante cafeteros en Pitalito. Ese pronunciamiento presidencial fue desafortunado. Se evitaron males mayores, gracias a las intervenciones del embajador de Colombia en Washington y del ministro de Comercio para explicar que el tratado no se iba a renegociar.
Este episodio caracteriza a un estilo impulsivo de gobierno que combina la improvisación y lo que Alfonso López denominaba la chambonería. Si bien el anuncio presidencial fue desautorizado, no puede atribuirse a un lapsus. Estuvo precedido por unas afirmaciones sin respaldo verificable, de cuestionable honestidad intelectual.
Es falso que el TLC con Estados Unidos le prohíba al gobierno sustituir la importación de cereales por producción nacional. La razón por la cual gobiernos anteriores se abstuvieron de decretar la autosuficiencia en productos tales como maíz amarillo, torta de soya y trigo es porque esa medida arruinaría la competitividad de la avicultura, la porcicultura, la industria piscícola y la de los derivados de la harina de trigo, con el consiguiente perjuicio a la canasta familiar y al nivel de empleo. Es desconcertante que el cambio que propone un gobierno supuestamente progresista consista en encarecer los alimentos para favorecer a los terratenientes; la política agrícola regresiva y reaccionaria del Antiguo Régimen en Europa.
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