Dos países, una misma historia, ¿un mismo futuro?
El pasado 5 de septiembre el Washington Post publicó una nota referida a los resultados de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo, hechos públicos el 1 de septiembre. La misma fue realizada entre enero y marzo a niños de 9 años en todos los Estados Unidos, y los comparó con los puntajes de la evaluación realizada justo antes de comenzar la pandemia en 2020. “Estos resultados son aleccionadores”, dijo Peggy Carr comisionada del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, a lo cual agregó: “Los puntajes de matemáticas cayeron siete puntos, la primera disminución desde que comenzó la prueba a principios de la década de 1970; los puntajes de lectura cayeron cinco puntos, la mayor disminución en 30 años. Dos décadas de progreso académico han sido borradas”. Por cierto, como señala la nota, a los estudiantes de familias de bajo nivel socioeconómico les fue mucho peor, lo cual no fue una sorpresa para aquellos que habían advertido que las dificultades de la pandemia habían exacerbado las inequidades que ya existían en el sistema educativo.
Es claro que este hecho en nada difiere de lo acontecido en nuestro país, donde los resultados de las pruebas Aprender, realizada a los estudiantes de sexto grado de todo el país y conocidos el pasado 21de junio, testimonian el fuerte impacto que generó el cierre de las escuelas. Al igual que en USA, el peor efecto se produjo en los alumnos de familias de bajo nivel socioeconómico. A modo de ilustración, 7 de cada 10 estudiantes de hogares vulnerables no comprenden un texto acorde a su edad y casi la misma proporción no puede resolver operaciones matemáticas sencillas.
Retornemos a los Estados Unidos. Una nota editorial del Wall Street Journal del 1 de septiembre responsabiliza explícitamente del tremendo daño generado al accionar del poderoso sindicato docente. Señala el editorial que frente a la tremenda evidencia proporcionada por la evaluación “los titulares de los medios culparon a la pandemia, como si el Covid-19 hubiese dirigido los distritos escolares de Estados Unidos y obligado a los estudiantes a sentarse en casa frente a las pantallas durante más de un año. Los educadores, como se llaman a sí mismos, hicieron eso”, explicitando que la jefa de la Federación Americana de Maestros, Randi Weingarten, “impulsó los cierres todo el tiempo que pudo antes de que los padres se rebelasen”.
¡Parece calcado de nuestra realidad! Nuestra memoria es frágil frente a los múltiples eventos que nos bombardean cotidianamente, por ello es útil refrescarla con algunos ejemplos. En agosto de 2020, el titular de Suteba, Roberto Baradel, aseguró que no era momento de pensar en un retorno a las aulas y consideró que “hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus van a ser una complicación las clases presenciales”. En octubre, el inicio de las actividades de revinculación presencial en la CABA generó la inmediata reacción de Ademys, la Asociación Docente de la CABA. Su secretario adjunto, Jorge Adaro, anunció un paro en rechazo a la apertura de las escuelas y señaló que “nuestra postura es de rechazo absoluto al regreso a las aulas que plantea Larreta”. Por su parte, en octubre, el plenario de secretarios generales de CTERA, presidido por Sonia Alesso, había resuelto por unanimidad que “sobre la vuelta a la presencialidad, expresamos que dependerá de las condiciones sanitarias y epidemiológicas adecuadas, esto implica nula o baja circulación del virus”. Nula o baja circulación de virus, es claro que no hace falta ningún ejemplo adicional.
Como señala el Wall Street Journal, los colegios comenzaron a reabrirse en USA en virtud de la reacción de los padres; un hecho en un todo similar a lo sucedido en nuestro país. Sin el incansable accionar de organizaciones como Padres Organizados es difícil imaginarse cuando hubiese comenzado a retornar la presencialidad a las aulas argentinas.
Retornemos una vez más a los Estados Unidos. Las consecuencias del mayor poder de los padres, como contrapeso del sindicato docente, no se hicieron esperar. El caso más extremo lo constituye el estado de Arizona, cuyo gobernador, Doug Ducey, promulgó el 7 de julio la ley que amplía la elegibilidad para el programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento a todos los estudiantes, independientemente de los ingresos de sus familias. Más de un millón de estudiantes serán elegibles para más de $6,000 anuales que se pueden utilizar para cubrir cualquier tipo de gasto relacionado con la educación, incluida la matrícula de una escuela privada, los gastos de material escolar y la tutoría privada. En palabras del gobernador Ducey: “Con esta legislación, Arizona se consolida como el primer estado de la nación en ofrecer a todas las familias la opción de elegir el entorno escolar que funcione mejor para ellos. Cada familia en Arizona debe tener acceso a una educación de alta calidad”. Arizona ha sido el primero, otros lo seguirán. Probablemente Florida, en un plazo relativamente breve.
Dos países, una misma historia, me atrevo a predecir que no hay razón alguna para que en la Argentina no se repliquen episodios similares, las condiciones están dadas. La pandemia ha despertado a muchos padres, los sindicatos docentes ya no son dueños del futuro de la educación. Es sólo cuestión de tiempo para que un gobernador descubra el rédito político de liderar, con el apoyo de organizaciones de padres, un cambio de paradigma educativo similar al que se está gestando en los Estados Unidos, un cambio de paradigma que privilegie el derecho de los padres de decidir cuál es la escuela que mejor se adecúa a las necesidades y/o aptitudes des sus hijos, o a sus valores familiares, independientemente de sus posibilidades económicas. Un cambio de paradigma que sin duda beneficiaría, principalmente, a los niños de las familias de menor nivel socioeconómico, las víctimas silenciosas de la política de cierre de escuelas llevada a cabo durante casi dos años. ¡Qué mejor ejemplo de justicia social!
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