Pactos destructivos en Guatemala

República

A pocos días de haber asumido la presidencia del Legislativo, Mario Taracena ordenó publicar en la página del Congreso la información del personal contratado de forma permanente, temporal o por contrato con el propósito de transparentar el funcionamiento del Legislativo tal como lo había ofrecido en su discurso de posesión del cargo.

Esta publicación fue noticia en todo el país ya que por muchos años se mantuvo en secreto. Los anteriores presidentes del Congreso se negaron a publicarla aduciendo diferentes excusas como que se protegía la seguridad de los empleados; incluso alguno tuvo el cinismo de responder a los periodistas que no lo haría y si querían que lo demandaran.

La información revelada confirmó la sobrecontratación de personal; casi tres mil empleados en el 2015, entre permanentes y temporales, para 158 diputados. Además que la mayoría de estas contrataciones, que hace el presidente del Congreso, son por “recomendaciones” de los propios diputados y no por idoneidad.

Desafortunadamente los pactos “destructivos” en el Congreso no son la excepción sino la norma. En el Ministerio de Salud hay 68 agrupaciones sindicales, los asociados al Sindicato de Nacional de Trabajadores de Salud gozan de 30 días hábiles de vacaciones, más descansos obligatorios y los adicionales negociados como el aniversario del sindicato que en total suman 45 días de asueto. Los dirigentes sindicales cuentan con la asignación de vehículos con combustible y mantenimiento, telefonía celular y un inmueble para sus oficinas. Esto sin mencionar los bonos como en el caso del Registro de la Propiedad donde se “inventaron” el bono anti-estrés.

Los pactos colectivos tienen un objetivo claro en el ámbito privado, el poner de acuerdo a un grupo de trabajadores con los dueños de la empresa en cuáles serán las condiciones de contratación. En un ambiente de libertad, ambas partes pueden decidir si desean asociarse con las condiciones negociadas o no. Los incentivos son claros, el trabajador sabe que la única manera de ganar más es siendo más productivo y el empresario sabe que debe retener al mejor talento para ser más rentable. Si no lo consiguen la empresa quiebra, se termina el pacto y cada quien asume su pérdida.

Mientras que en el ámbito público o burocrático estos incentivos se pierden ya que el gobierno tiene el monopolio del uso de la fuerza para quitarnos recursos, a través de los impuestos, y utilizarlos en lo que considere importante, en este caso en el pago de burócratas. No hay riesgo de quiebra para financiar el despilfarro, malversación o robo descarado, ya que los recursos de los tributarios siempre están disponibles, so pena de cárcel si se negara a pagarlos.

Es por eso que en la mayoría, si no es que en todas las dependencias gubernamentales tienen firmados pactos “destructivos” con condiciones similares a los casos anteriores. Las casi nulas consecuencias adversas económicas, civiles o penales, son un incentivo para seguir firmándolos. ¿Cuántos ministros, directores, presidentes o procuradores han sido demandados por negligencia, abuso de autoridad o incumplimiento de funciones por la firma de estos pactos? ¿Cuántas denuncias en contra de burócratas que han negado el acceso a la información les han dado seguimiento y llevado a juicio?

Casi todos los pactos se han negociado y firmado por intereses políticos, por alianzas entre sindicalistas y autoridades de turno para impulsar leyes, reformas, ampliaciones presupuestarias o cualquier cosa que convenga a los intereses cortoplacistas de los politiquillos. La productividad y la viabilidad financiera de los mismos no son parte esencial de esas negociaciones.

Los pactos colectivos en el gobierno se han convertido en pactos “destructivos”. Destruyen la riqueza creada, destruyen la poca institucionalidad al violar varias leyes como la del servicio civil, la del presupuesto y hasta la misma Constitución.

Las compras, contrataciones, fideicomisos, fondos y el listado geográfico de obras conforman una gran parte de la destrucción de riqueza ya que fomentan la corrupción, el despilfarro y el robo de los recursos del tributario. Si bien es cierto los pactos colectivos se han vuelto pactos destructivos, éstos últimos sólo son un árbol en el bosque de la corrupción que nos envuelve.

@Md30