Argentina: Las sombras del plan económico

Ámbito Financiero

No se conoce el detalle de cómo el Gobierno espera cumplir con sus objetivos de reducción del déficit fiscal más allá de que el recorte de subsidios a la energía aportaría 1,5% del PBI en 2016 y 1% en 2017, y una disminución de gasto considerado superfluo aportaría 0,8% adicional del PBI este año. Sin embargo, en una economía en crecimiento mantener el gasto en términos reales permite un ahorro medido como porcentaje del PBI. Dado un gasto nacional neto de transferencias automáticas a las provincias del orden de 27% del PBI, un crecimiento de 4,5% real al año aportaría un "ahorro" de 1,1% del PBI por año. De todas maneras, subsisten varios interrogantes:

La reducción del déficit desde 2017 en adelante proyectada es de 1,5% del PBI, mayor al 1,1% mencionado. Además ese ahorro no daría espacio alguno para reducir la elevada presión tributaria.

El peso de salarios y jubilaciones del orden del 50% del gasto nacional neto de transferencias automáticas implica que o bien no puede haber aumentos importantes de sueldos estatales y jubilaciones en términos reales durante cuatro años, o que habrá que realizar recortes en la otra mitad del gasto nacional por encima de la reducción anunciada de subsidios a la energía.

El Gobierno no ha explicitado su programa de inversión pública, pero ha sugerido que piensa aumentarla. Ello pone más peso a los recortes en el gasto corriente.

El objetivo de recortar el déficit en 1,5% del PBI en el año 2017 cuando tienen lugar las elecciones de medio término luce optimista. De todas maneras, se podría avanzar si las quitas de subsidios a la energía previstas para ese año se adelantan para el primer trimestre del año, lejos de la fecha de la elección.

En resumen, sin un programa de reformas estructurales que permita reducir el elevado gasto corriente el Gobierno enfrentará algunas dificultades para cumplir con su programa fiscal, aun si la economía crece a tasas elevadas. Obviamente, el desafío es todavía mayor si se crece menos de lo esperado, lo cual es posible dado el escenario regional e internacional adverso para la Argentina. Además, la estrategia de financiar un alto déficit en parte con endeudamiento externo es riesgosa y condena al sector transable de la economía a convivir con un tipo de cambio real atrasado.

Respecto de reformas que mejoren la competitividad de la economía, los avances se limitan a la eliminación/reducción de impuestos a las exportaciones y de las restricciones cuantitativas a exportar y a la eliminación del cepo cambiario. Los avances han sido escasos (incluso hubo algunos retrocesos) en otros campos.

Tras años de economía cerrada por la coexistencia de aranceles a las importaciones elevados y restricciones cuantitativas que no significaron una mejora de la producción industrial luego que se desvaneciera el tipo de cambio depreciado del período 2002-2007 (de hecho el nivel de producción industrial es hoy similar al de ocho años atrás), la administración actual avanzó muy lentamente en eliminar las restricciones más groseras. Se mantienen licencias para alrededor de 7% de las posiciones arancelarias que se suman a la presencia de aranceles altos. La negociación de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Europa podría avanzar hacia un mercado más abierto pero ello no tendrá efecto inmediato.

Otros sectores siguen favorecidos por subsidios. Por ejemplo, no se modificó la protección a las armadurías instaladas en Tierra del Fuego que fue aumentada en 2007 para algunos productos en forma grotesca al agregar impuestos internos que se pagan en el resto del país a los beneficios en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias. Eso genera un subsidio al capital que es varias veces superior a la inversión que realizan las empresas que se favorecen con la exoneración impositiva.

Se redujo el precio en dólares del llamado barril "criollo" de petróleo pero aún sigue muy por encima del precio internacional, y en el caso de los biocombustibles se amplió el porcentaje obligatorio que debe mezclarse en las naftas y gasoil, lo cual se traduce en un subsidio a los productores de azúcar.

Proteger sectores como instrumento de desarrollo es una estrategia condenada al fracaso. Y si la elección pasa por mercados más abiertos y desregulados es necesario que los actores tengan claro el objetivo de mediano plazo y cómo se caminará hasta alcanzarlo. Por ahora, la señal que emite la política oficial es que se mantendrán protecciones y subsidios encubiertos elevados, sin que haya señales de mayor competencia y precios que se acercan a los internacionales.