Crimen organizado – La mentira de la legislación anti-monopolio
Este artículo fue extraído del libro Crimen Organizado.
Cuando el gobierno estadounidense persiguió a Microsoft Corporation durante los años 90 (tras una década de “investigaciones” que no descubrieron nada ilegal) el jefe de la División Anti-Monopolio [1] de Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Joe Klein, justificó el pleito diciendo que formaba parte de la larga tradición norteamericana de normas dedicadas a la protección de los consumidores, que se inició con la Ley anti-monopolio de 1890 -llamada Ley Sherman en honor a su promotor- (Sherman Antitrust Act de 1890). En realidad, la historia de las regulaciones anti-monopolio ha sido una historia de campañas de caza de brujas contra las mejores y más innovadoras empresas de América, por lo general inspiradas políticamente e instigadas por amargados competidores de las mismas.
En el ejemplar del mes de junio de 1985 de la revista especializada “International Review of Law and Economics” demostré que durante la década previa a la Ley Sherman de 1890 las industrias acusadas de “monopolio” por el senador John Sherman y sus colegas estaban expandiendo su producción, en promedio, cuatro veces más deprisa que la economía en su conjunto (algunas de ellas lo hicieron hasta diez veces más aprisa). También estaban bajando sus precios más deprisa de lo que lo hizo el nivel de precios durante ese período de diez años de deflación de precios. Los acusados de prácticas monopolísticas estaban siendo atacados políticamente porque habían estado fabricando productos cada vez más baratos, para consternación de sus menos eficientes, pero políticamente influyentes, rivales. La legislación anti-monopolio fue una trama proteccionista desde el principio.
El juez del caso anti-monopolio contra Microsoft, un tal Thomas Penfield Jackson, tenía una actitud tan sesgada que el órgano colegiado que le designó, formado por tres jueces federales, le quitó el caso. Un ejemplo de lo tendencioso que era fue una entrevista que concedió a una revista en la que comparaba al fundador de Microsoft Bill Gates con John D. Rockefeller (y con Al Capone). El juez Jackson se extralimitó cuando comparó Gates a Capone pero no mucho cuando le comparó con Rockefeller. Como Dominick Armentano demonstró en su libro, “Antitrust and Monopoly: Anatomy of a Policy Failure” (“Antitrust y Monopolio: Anatomía de un Fallo Político“, la empresa Standard Oil Company de Rockefeller desencadenó una bajada de precios del petróleo que de costar más de 30 centavos el galón en 1869 pasó a costar 5,9 centavos en 1897, a la par que creó miles de nuevos productos y estimuló la innovación en toda la industria. Por ello, Rockefeller fue perseguido y obligado a escindir su empresa a pesar del hecho de que tenía más de 300 competidores cuando supuestamente “monopolizó” la industria petrolera.
En su clásico, “Antitrust and Monopoly“, Dominick Armentano examinó cuidadosamente 55 de los más famosos casos anti-monopolio de la Historia de los Estados Unidos y concluyó que en cada uno de ellos las empresas acusadas estaban bajando los precios, expandiendo la producción, innovando, creando nuevos productos y, por lo general, beneficiando a los consumidores. No era a los consumidores a quienes estaban perjudicando, sino a sus competidores menos eficientes y amargados. Por ejemplo, en 1911, la American Tobacco Company fue hallada culpable de prácticas monopolísticas aún cuando el precio de los cigarrillos (por miles) había bajado de 2,77 $ en 1895 a 2,20 $ y todo ello aún a pesar de que la empresa sufrió un aumento del 40 % en el coste de las materias primas.
En lo que es quizás el mejor ejemplo de doble lenguaje en la Historia de la legislación anti-trust de los Estados Unidos, en 1944 el juez Learned Hand declaró a la empresa Alcoa culpable de monopolizar el mercado de lingotes de aluminio virgen por emplear “habilidades superiores y tener una mayor capacidad de previsión” que según el juez eran superiores a las de las empresas de la competencia que tenían habilidades inferiores y una menor capacidad de previsión. Condenó a Alcoa por ser extremadamente hábil a la hora de anticipar correctamente la demanda del mercado de sus productos y a la hora de atender esa demanda, con “exclusión” de los competidores cuyos precios eran más altos.
Alcoa “abrazó cada nueva oportunidad con una gran organización”, declaró el juez Hand, y asignó a la organización una plantilla empresarial de élite. Este “pecado” debe hacerse público, dijo.
En 1962 el gobierno prohibió que la Brown Shoe Company, que poseía un 1 % del mercado de calzado, adquiriese a la empresa Kinney Shoes, que también tenía una impresionante participación del 1 % del mercado en aquellos tiempos. La ridícula pretensión del gobierno era que una compañía que tenía el 2 % del mercado supuestamente amenazaba a la competencia en esa industria.
En 1969, IBM, que tenía una cuota del mercado de equipos informáticos del 65 %, fue demandada por el gobierno de los Estados Unidos bajo la acusación de que monopolizaba la industria de los ordenadores. IBM se vio envuelta en un litigio que duró 13 años antes de que finalmente el gobierno abandonara el caso. Mientras tanto, la compañía se vio eclipsada en el mercado por Intel, Microsoft y otras compañías. Este asalto gubernamental a IBM innegablemente debilitó a la compañía.
En 1962 el gobierno forzó a la Schwinn Bicycle Company a que se separase de su red comercial. La competencia extranjera llevó entonces a Schwinn a la bancarrota. General Motors nunca fue perseguida por infringir las leyes anti-monopolio, pero el temor que tenía la compañía a verse envuelta en un conflicto de ese tipo la llevó a adoptar de 1937 a 1956 una política dirigida a no permitir nunca que su participación excediera el 45 % de la que tuviesen los tres grandes fabricantes en conjunto (Ford Motor Company, General Motors y Chrysler). Esto contribuyó a la caída de la competitividad de la empresa frente a los fabricantes extranjeros, especialmente frente a los de Japón.
A RCA los reguladores anti-monopolio le prohibieron cargar royalties a los licenciatarios norteamericanos, por lo que la compañía licenció sus productos a empresas japonesas. Esto llevó directamente al abrumador dominio de las empresas de electrónica japonesas en el mercado norteamericano.
La regulación anti-monopolio acabó con la Pan American World Airways al prohibirle adquirir rutas domésticas. Sin esas rutas de “aprovisionamiento” de sus rutas internacionales la compañía quebró.
El monopolio es imposible en un mercado libre. El Estado es el auténtico origen de los monopolios con sus monopolios legales, con sus tarifas proteccionistas, con su legislación sobre autorizaciones o licencias administrativas de actividad, “certificados de necesidad” y otras prácticas regulatorias de finalidad monopolística como la legislación anti-monopolio.
[1] Anti-Trust: o sea anti-monopolio. Es éste un término inglés que ya hace largo tiempo fue importado a los textos de Derecho Mercantil y de Economía escritos en español.
Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres
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