Maduro apunta al control y la represión para sostener su régimen

El Nuevo Herald

Acosado por una feroz crisis económica y alarmante impopularidad, Nicolás Maduro pretende hacer uso de la Ley Habilitante para instaurar un régimen de corte castrista en Venezuela, apostando a que la represión y mayores controles sobre la economía y la sociedad garanticen la estabilidad de su régimen, afirmaron analistas.

La Ley Habilitante, que probablemente será aprobada el martes, le otorgará al mandatario la capacidad de emitir leyes directamente sin la aprobación de la Asamblea Nacional, en una medida que Maduro describe como necesaria para luchar contra la corrupción.

Los expertos, no obstante, alegan que ése no es su verdadero propósito.

“La Ley Habilitante es un látigo para la oposición y un grillo para la sociedad”, comentó en Miami el consultor político venezolano Esteban Gerbasi.

“No es una ley que pretende ser usada para generar bienestar a la gente, o para resolver la grave crisis económica, ni mucho menos para luchar contra la corrupción. Es una iniciativa represiva totalmente. Es una ley coercitiva, que va a ser usada para tratar de dominar toda expresión de disensión”, explicó Gerbasi.

Maduro se vuelca sobre la ley habilitante en medio de una grave crisis económica que extingue aceleradamente el capital político que heredo del fallecido Hugo Chávez.

Según las últimas encuestas, más de un 67 por ciento de los venezolanos califica la situación general del país como mala o muy mala, y un 64 por ciento dice sentir desconfianza hacia Maduro.

Y los prospectos de que la popularidad de Maduro mejore lucen poco alentadores, ante pronósticos de un mayor deterioro económico en vista de la incapacidad del chavismo de tomar las medidas necesarias para corregir los desequilibrios provocados por la propia Revolución Bolivariana.

Ante este escenario, Maduro sólo se ha propuesto incrementar el control del Estado sobre la sociedad, y en primera instancia doblegar a los empresarios y a los dirigentes de la oposición.

Precisamente son los empresarios quienes en este momento están siendo blanco de la última arremetida del régimen que pretende obligarles a bajar los precios de la mercancía que venden, amenazándoles con cárcel, la intervención de sus negocios y el riesgo de que sus locales sean saqueados.

Pero la estrategia poca ortodoxa para combatir la inflación, implementada con fines electorales de cara a las elecciones municipales del próximo mes, podría terminar siendo contraproducente a la vuelta de la esquina, al acrecentar los ya agudos problemas de escasez que afligen a los venezolanos, avirtió Orlando Viera-Blanco, asesor político y columnista del diaro El Universal de Caracas.

“Con la estrategia, estás terminando de matar el último vestigio productivo que quedaba en el país y quien va a terminar realmente asfixiado por tus propias medidas va a ser quien tradicionalmente te ha respaldado”, dijo Viera-Blanco.

“El [Maduro] puede estar creyendo que va a contener dentro de cercas a todos los demás, que se puede efectivamente cercar a todo aquel que llama enemigo, pero al final, terminará dándose cuenta que por poner tantas cercas terminó cercándose a él y a su propio gobierno, que va a quedar absolutamente asfixiado en su torpeza de los controles”, afirmó.

La introducción de nuevos y mayores controles es precisamente lo que Maduro aspira introducir a través de la Ley Habilitante, que le brindaría la facultad de terminar de ejecutar una serie de leyes que cambiarían la actual arquitectura política y económica del país.

La nueva fase de la revolución bolivariana parece colocar el concepto de la comuna como la piedra angular del nuevo ordenamiento económico, político y social del país, contemplando la instauración de una “economía comunal”, que el propio Chávez describió alguna vez como un modelo que “comprende nuevas relaciones de trabajo y producción”.

Pero la manera en que la Ley Habilitante está siendo conseguida brinda una nueva señal de que el régimen, al no contar ya con zanahorias que repartir dada la insuficiencia de recursos que padece el país, se va a volcar cada vez más al uso del garrote para seguir adelante con su proyecto político.

El diputado opositor William Barrientos dijo que el régimen de Maduro va a conseguir la aprobación de la ley de manera fraudulenta, al conseguir el voto clave que necesitaba sancionando injustamente a la diputada de la oposición María Aranguren por presuntos casos de corrupción.

Aranguren, una chavista disidente, fue sustituida por su suplente, abriendo el camino para que el oficialismo obtuviese los 99 diputados exigidos para aprobar los poderes especiales.

No obstante, la destitución de Aranguren fue inconstitucional porque su remoción no contó con el número de votos que exige la Constitución, señalan los expertos.

Barrientos dijo que la destitución de Aranguren es sólo el comienzo de lo que está por venir.

“Vienen con un la radicalización del proceso. Ese fue el mensaje castrista”, dijo Barrientos, acusando a Maduro de actuar bajo órdenes de La Habana.

“Ahora van ir por Miguel Cocchiola y Juan Carlos Caldera [ambos diputados de la oposición]. También viene por Pablo Pérez [ex gobernador del Zulia] y Henry Falcón [gobernador de Lara]”, dijo.

Pero no tienen que venir por todos para terminar de silenciar las voces adversas presentes en la Asamblea Nacional.

Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la empresa de asesoría Inter American Trends, advirtió que al contar con facultades de emitir leyes desde el ejecutivo y al amedrentar a los diputados de la oposición con la posibilidad de ser sometidos a juicios, el régimen está de hecho cerrando la Asamblea Nacional.

“El poder legislativo se convertiría de esta manera en un poder eunuco, donde las voces no se escucharán, donde no habrán debates, donde habrá miedo entre cada uno de los miembros que integran esa asamblea”, comentó De La Cruz desde Washington.

“Habrá miedo por varias razones. Primero porque ya se hizo costumbre de que, bajo cualquier excusa y por cualquier cálculo político, a cualquier voz disonante se le puede quitar la inmunidad. Y están castrados también porque las funciones y deberes de la asamblea serán transferidas al Poder Ejecutivo. Con esto, la asamblea pasa a ser un jarrón chino”, advirtió.