Ecuador: ¿Petróleo, Yasuní o derechos?

Instituto Ecuatoriano de Economía Política – IEEP, Guayaquil

Yasuní-ITT
fue un proyecto que lanzó el gobierno ecuatoriano hace 6 años, este
consistía en evitar explotar el petróleo que se encuentra debajo de los
campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) a cambio de la donación de
$3.600 millones, en un plazo de 13 años, por parte de la comunidad
internacional. El proyecto no tuvo el éxito esperado, apenas recaudando
0,37% del monto establecido, por lo que ahora se planea llevar a cabo el
plan de explotar el 1 por mil de Yasuní, de forma responsable.

Gran
mayoría de los ecuatorianos estaban de acuerdo con el proyecto inicial,
pues, ¿qué mejor que no contaminar el ambiente? Sin embargo, el bloque
ITT no es Yasuní, sino una parte del parque nacional, y una parte
pequeña. Resulta que, como lo demostró el periodista y cineasta
ecuatoriano, Carlos Andrés Vera (La Hora, 2013), Yasuní hace mucho que
es explotado. Incluso entre estas zonas ya explotadas se encontraban
comunidades aisladas.

Ahora,
existen muchas opiniones y posiciones acerca del tema, pero las
principales parecen ser dos: un lado afirma que explotar el 1 por mil
del parque nacional (nótese que nunca se dijo de ITT, sino el 1 por mil
del Yasuní) es necesario por el bien del país, para combatir la pobreza,
recaudando un total esperado de $18.296 millones. Esta es la posición
oficial del gobierno. Por otro lado, están aquellos que consideran que
debe haber una consulta popular, de manera que el pueblo ecuatoriano se
pronuncie aprobando o condenando la explotación. Esta es la posición
mayoritariamente de grupos ambientalistas.

Sobre
la primera posición, el gasto público no es la solución ni es
sostenible a largo plazo, la solución está claramente evidenciada por la
historia: el método más eficiente, y moralmente correcto, es lo
contrario de incrementar el gasto del Estado. En vez de desarrollar más
este tema, por cuestiones de espacio y conveniencia, considero una mejor
opción referirlos al artículo de Gabriela Calderón titulado "Los
señores de la pobreza" (2013), donde hace unos puntos muy pertinentes.

La
otra postura, que está ganando cada vez más fuerza, es la iniciativa
popular de llamar a consulta. Los activistas han propuesto la siguiente
pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano
mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo
el subsuelo?” Cosa que es, en cierta forma admirable, de no ser porque
Yasuní ya se está explotando. Ahora, no es mi intención criticar, de
todas formas es válido querer salvar, al menos, el bloque ITT. Pero hay
cosas más trascendentales que las consideraciones sobre la naturaleza:
el ser humano.

El
hecho de que en las zonas explotadas y en el ITT existan pueblos en
aislamiento debería invalidar las dos posiciones anteriormente
mencionadas, independientemente de nuestras opiniones ambientales o
políticas.

En
primer lugar, nuestra Constitución claramente prohíbe interferir con
dichas comunidades y su autodeterminación, con el llamado delito de
etnocidio. Ni si quiera estoy diciendo que estoy de acuerdo con la
Constitución, ello no tiene importancia, y por eso mismo debería ser
irrelevante la consulta y la opinión de nuestros gobernantes: no hay
voluntad que debería poder ignorar los derechos de un ser humano; los
derechos del hombre no están sujetos a votación.

Siguiendo
la misma línea, pero ahora independizándome de la Constitución, los
territorios en cuestión deberían ser considerados propiedad privada de
los pueblos en aislamiento. El Estado no tiene razón por la cual
sacrificar la propiedad y libertad de seres humanos por la mera idea de
"interés nacional," término que no significa más de lo que el gobernante
decida, ya que la nación no puede poseer intereses—sólo los seres
vivos, individuales, tienen intereses. Entonces, atribuir
a la nación intereses superiores a los de los individuos quiere decir
que, en efecto, no hay igualdad ante la ley y que los intereses de unos
están por encima de otros—y en este caso, por encima de los
derechos de otros. Por esto es que me sorprendió el razonamiento de uno
de los defensores del plan de explotación:

"Dejar
el 99,9% del Yasuní intacto permitirá obtener $18000 millones. ¿Quién
no estaría dispuesto a ceder una pequeña parte de la sala de su casa
para generar recursos que permitirán arreglar el resto de la casa y
garantizar la educación y salud de toda la familia?" (Méndez, 2013)

Puede
que en el contexto de un hogar dicho razonamiento sea válido, pero,
suponiendo que es aplicable a este: ¿el bloque ITT, o el mismo Parque
Nacional Yasuní, es la sala de la casa de quién?
Según las posiciones antes discutidas, tan sólo hay dos posibles
dueños: los que dicen que le pertenece al Estado y los que dicen que le
pertenece al pueblo ecuatoriano como colectivo. Por eso llamo la
atención a una tercera opción: las regiones en cuestión deberían ser
propiedad de los individuos que, además de haberla heredado, viven de esa tierra, de forma pacífica, mediante su propio esfuerzo.

Referencias:

El Universo. (2013). ¿Dónde están los pueblos no contactados?. 2 de octubre de 2013.

El Telégrafo. (2013). "Se afectará menos del 1 por mil del Yasuní". 2 de octubre de 2013.

Constante, S. (2013). Los grupos ambientalistas de Ecuador miden su fuerza ante el
gobierno. 2 de octubre de
2013.

La
Hora. (2013). Vera: Se cometería el delito de etnocidio en el Yasuní-ITT. 2 de octubre
de 2013.

Calderón, G. (2013). Los señores de la pobreza.  2 de octubre de
2013.

Méndez, R. (2013). ¿Es posible extraer petróleo sin destruir Yasuní?. 
7 de octubre de 2013.

El autor es estudiante de Ciencias Políticas de la
Universidad Casa Grande y pasante del IEEP.