Argentina: La cara presencia del Estado

El Cronista Comercial

(Puede verse también La herencia de Cristina por Tomás Bulat)

Estar o no estar. Esa parece ser la cuestión cuando se abordan temas en
que se evalúa el rol del Estado. Casi como una marca registrada, la
muletilla de que en los ’90 el Estado se hizo ausente y en la
recientemente ‘ganada’, mutó en una presencia activa, se repite cuando
se debaten los más numerosos costados de la política económica.

En las
últimas votaciones legislativas con densidad en este campo, se refirió a
este supuesto dilema hamletiano, por ejemplo en:

– 1. Estatización
de Aerolíneas Argentinas (agosto 2008). El Estado como prestador directo
del servicio aéreo de pasajeros suplantó al engendro de Marsans como
continuador de Iberia. Una privatización que nació torcida y murió de
inanición. Promesas de buen servicio y el argumento de palanca
estratégica de comunicación federal. Aún no presentó balances públicos.

– 2. Eliminación del sistema de las AFJP (octubre 2008): luego de invitar
a los afiliados al sistema a pasarse, con poco éxito, se decidió
unificar el sistema jubilatorio y los consecuentes fondos previsionales
en uno sólo, obviamente estatal.

– 3. Programa ‘Fútbol para todos’
(agosto 2009): ante los goles secuestrados y la posición hegemónica que
la AFA había otorgado a sus socios TyC-Clarín con contratos a larguísimo
plazo, el Estado toma ese lugar y augura época de vacas gordas para
todos los clubes, entonces al borde la quiebra. Inicialmente a financiar
con publicidad comercial, inundó la pantalla chica de propaganda
política.

– 4. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(septiembre 2009): luego de arduos y larguísimos debates, se termina
aprobando una norma que cuatro años más tarde todavía sigue sin
desenvolverse en plenitud ante las demandas de inconstitucionalidad y
problemas de factibilidad económica. Reserva un tercio del espectro a
medios del Estado y otro tanto a ONGs de dudosa autonomía económica.

-  5. Declaración de interés público de la producción de papel para diario
(diciembre 2011): el papel de diario, en el siglo XXI todavía es visto
como el arma letal para amordazar y alinear opiniones. ¿La importación
de papel? Sin discusión todavía. Cuotas y racionalización a la vista.

– 6. Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (marzo 2012):
contraviniendo el mandato de cuidar el valor de la moneda, se agregaron
otros más propios de un ministerio de Desarrollo Económico, diluyendo
las metas de inflación a la mínima expresión. Una nueva caja para
financiar un gasto público en expansión y precios en ascenso.

– 7.
Expropiación parcial de YPF S.A. (abril de 2012): curiosa
nacionalización de parte del paquete accionario para cortar con la
‘dependencia energética’. La necesidad de fondos para la reactivación de
la exploración y explotación convencional y de shale-gas llevó a buscar
desesperadamente aliados. Asignatura pendiente.

– 8. Expropiación de
la empresa Ciccone (agosto 2012): ante el escándalo por sospechas de
malversación de fondos, se corta por lo sano: la cuestionada empresa
para al cobijo del Estado argumentando que una empresa privada no puede
imprimir billetes. La Casa de la Moneda es la otra productora (estatal)
que alimenta el deseo expansionista del Central.

– 9. Progresiva
estatización de los servicios ferroviarios de pasajeros en el Gran
Buenos Aires (2011-2013). Las deficiencias en el servicio, puesto de
manifiesto en una serie de accidentes fatales, culminando con el de Once
que causara 52 muertos (febrero 2012), llevó a buscar una solución
conocida: más intervención estatal y mayor presupuesto para salarios en
ascenso, con la ayuda del ejército de reserva de los ‘tercerizados’ no
ferroviarios. Un servicio que todavía no produjo los resultados buscados
y cuesta cada vez más.

– 10. Estatización por parte de la Provincia
de Buenos Aires de la Autopista Buenos Aires-La Plata (julio 2013). Para
no quedar fuera de la ola estatizadora, el gobernador Scioli también
decidió revertir la concesión de esta vía rápida, con muchas
deficiencias de seguridad, asumiendo un gran pasivo antes que un activo
en ascenso.

Se entiende que el Estado se ata las manos al no
intervenir en la actividad económica que despliegan los agentes. Cuando
el mercado ‘falla’, la doctrina de todos los colores sostiene que la
intervención del Gobierno se realiza para poder corregirlas. Pero la
intervención no es sólo por apropiación directa de la oferta, sino
también por intervención. La contratara de esta ola estatizadora es al
menos muy exigente:

a) ingentes fondos para inversiones en
infraestructura; b) planificación profesional y a largo plazo y c)
obsesión por prestar servicios de calidad. Y con la estatización se han
comprado, también, tres riesgos mayores: una exposición política
permanente (caso Once); necesidad permanente de más fondos y un pasivo
contingente de deudas a futuro.

Por lo visto, estos requisitos no
fueron evaluados en su totalidad y podría arriesgar que hemos
socializado muchos de estos costos económicos sin ver, todavía, los
frutos de decisiones que no han sido económicas, sino políticas.