Uruguay: ¿Cruzada liberal?

La Tercera

La legalización de la marihuana, que está por confirmarse en el Senado
tras su aprobación en la Cámara de Diputados, y la legalización del
matrimonio igualitario, que ya está oleada y sacramentada, han
incrustado al Uruguay en el centro del gran debate sobre asuntos
relativos a la conciencia que tiene lugar en América Latina. La
descriminalización del aborto el año pasado, que convirtió a esa pequeña
gran república en el país con la segunda legislación más permisiva en
este asunto después de Cuba, ya había dado aviso de que el Frente Amplio
bajo la presidencia de José Mujica iba a pisar el acelerador a fondo en
esa zona de la discusión pública que algunos países, como Estados
Unidos, llaman “social” y otros, como Chile, llaman “valórica”.

Me apresuro a hacer notar una curiosidad ideológica. Los liberales
uruguayos son críticos de Mujica y el Frente Amplio por su tendencia
intervencionista en temas económicos y políticos, mientras que los
liberales extranjeros tienden a fijarse en la agenda no económica para
valorar el que ese gobierno lleve a cabo ciertas reformas sobre la
relación entre el Estado y el individuo.

En realidad, ambos tienen algo de razón: el gobierno de Mujica, que
ha vivido una permanente tensión entre la línea más bien razonable del
vicepresidente Danilo Astori y la presión del sector radical, incluidos
los herederos políticos de los tupamaros, difícilmente puede llamarse
liberal en asuntos económicos. Ha respetado, sí, una parte de la
herencia, que es la de una sociedad relativamente abierta donde las
instituciones, más sólidas que en otros lugares de América Latina,
permiten una mayor seguridad jurídica que en el resto del continente.
Pero en muchas áreas se ha producido una mayor intervención, para no
hablar del hecho de que todavía hay mercados, como el de la electricidad
y el de los combustibles, en manos estatales. No olvidemos que el
Uruguay fundó el primer Estado del Bienestar del hemisferio a fines del
siglo 19 y lo consolidó bajo el gobierno legendario de Batlle y Ordóñez
en los primeros años del siglo 20.

Pero si nos centramos en las áreas valóricas o morales, no hay duda
de que el Frente Amplio procura afanosamente avanzar hacia una mayor
liberalización y esto hace de la república oriental una referencia, se
esté o no de acuerdo. No hay en ello, sin embargo, gran novedad
histórica: el Uruguay fue tradicionalmente un país de vanguardia en
cuestiones de libertad individual. Recordemos que en el breve período
que va de 1913 a 1927 se convirtió en el primer Estado en admitir el
divorcio por voluntad de la mujer, el primer Estado laico y el primero
en permitir que las mujeres acudieran a las urnas. El horrendo período
que va de los años 60 a los años 80, signado por el terrorismo de
izquierda, primero, y luego la dictadura militar de derecha, sacó al
país de ese escaparate en el que hasta entonces lucía toda clase de
trofeos. No me refiero sólo al fútbol y a su nivel educativo, aunque
también, sino a los distintos hitos que lo colocaban como un país “de
avanzada”, siempre adelantándose a sus vecinos en cuestiones de
“modernidad”.

Hoy, parece recobrar esa vocación aun si, en otros órdenes, se
mantiene como un país que está lejos de haber desestatizado espacios
todavía altamente intervenidos. El año pasado, se aprobó una legislación
sobre el aborto que autoriza esta práctica en las primeras 12 semanas
del embarazo y pone muy pocas restricciones, como consultar con médicos o
especialistas para informarse sobre los riesgos y alternativas. En
ello, la representación parlamentaria del Frente Amplio, a la que apoyó
un diputado del opositor Partido Nacional, sintonizaba con la sociedad,
que es mayoritariamente favorable a la posibilidad de que la mujer
aborte aunque muestra menos claridad en esta opinión cuando se trata de
la simple voluntad de la madre.

En abril de este año, el Congreso votó abrumadoramente a favor del
matrimonio gay o lo que ahora ha dado en llamarse el matrimonio
igualitario. Es interesante constatar que, a diferencia de lo sucedido
con el aborto, en este caso el respaldo de la oposición, aunque con
fisuras, fue contundente. También en esta materia la representación
parlamentaria calzaba con el sentimiento de la calle, esos 3.3 millones
de habitantes que están entre los más politizados y participativos de
América Latina.

Caso algo distinto es el de la legalización de la marihuana, que ha
chocado no sólo con una oposición parlamentaria de “colorados” y
“blancos”, las dos fuerzas tradicionales, sino de la opinión pública.
Más de la mitad de la población se opone a esta medida, que todavía no
está finiquitada pues falta el voto del Senado, donde no prevé ningún
contratiempo dada la cómoda mayoría oficialista. La crítica de buena
parte de la oposición ha sido bastante contundente, aunque cuando el
sentimiento en algunos miembros del Partido Colorado, por ejemplo, es
favorable a la descriminalización (este cronista recuerda una larga
conversación con el ex Presidente Batlle, nieto del líder de principios
de siglo, en el que el político uruguayo se mostró contrario a la
prohibición, algo que también ha dicho en público). Ocurren, sin
embargo, dos cosas. Lo obvio: con una mayoría social en contra, oponerse
entraña potenciales réditos políticos. Lo menos obvio: contra lo que se
están oponiendo esas mayorías que expresan su oposición en las
encuestas no es tanto contra el derecho individual de las personas a
consumir marihuana como contra lo que perciben como un ingrediente de la
violencia delincuencial, hoy convertida para muchos en el problema
número uno del país.

Esa violencia está asociada, en el imaginario uruguayo, con el
tráfico de estupefacientes. El argumento de que la descriminalización
apunta, justamente, a reducir la violencia en vista de que el tráfico de
drogas perderá su razón de ser, no ha bastado para que los uruguayos
venzan una prevención contra la comercialización legal. Piensan que
alimentará la violencia. Por tanto, quienes desde el exterior creen leer
en este rechazo social un inesperado ánimo conservador entre los
uruguayos, que estaría confirmado por la opinión dividida sobre al
aborto en casos en que no hay riesgo para la madre, violación ni
malformación del feto, quizá pierden de vista que la verdadera razón
para oponerse es la psicosis por la delincuencia común, no la fe en el
Estado moralizador.

Y en cuanto al aborto, en muchas sociedades liberales del mundo,
incluidas algunas nórdicas, como Finlandia, la idea de autorizar a una
mujer sin más trámite a abortar cuando no hay riesgos para la madre,
violación ni malformación el feto despierta también ciertas
resistencias. Es perfectamente comprensible.

Uruguay está, hechas las sumas y las restas, a la vanguardia del
continente en materia de legislación sobre temas de conciencia. En lo
referente al aborto, se sitúa al lado de Cuba en una posición única. En
materia de matrimonio igualitario, Argentina se le adelantó por tres
años aunque ya Uruguay había legalizado las uniones civiles. En México,
sólo la capital había llegado tan lejos y, ahora, la justicia brasileña
ha legalizado en la práctica el matrimonio gay (el Parlamento no ha
actuado al respecto). En lo tocante a la legalización de la marihuana
-siempre en el supuesto de que el Senado ratifique la decisión de
Diputados- el Uruguay está en solitario en el continente, aun cuando en
mucho países, como en la propia república oriental, la pequeña posesión
personal ya estaba descriminalizada.

El caso uruguayo ha sido comparado al de países europeos donde la
descriminalización de ciertas drogas lleva ya algún tiempo. Pero se da
en el caso uruguayo un elemento novedoso: el monopolio estatal que
consagra la legislación sobre el cannabis. Aunque falta reglamentar
muchos detalles, se entiende que las empresas privadas podrán participar
a través de licitaciones, pero sin posibilidad de comercializarla
directamente. Según la Junta Nacional de Drogas ya hay empresas de
Estados Unidos, Holanda, España y Alemania interesadas, así como algunos
uruguayos residentes en el extranjero. En principio se otorgarán
licencias para controlar entre 20 y 40 hectáreas y deberán producirse
unas 20 toneladas al año en total.

Sólo podrán obviar al Estado los consumidores que practiquen el
autocultivo en pequeñas cantidades y los clubes de consumidores. Pero
aun así tendrán que formar parte del registro de consumidores, por tanto
el Estado sabrá de quiénes se trata. El Estado pondrá el precio (con
impuestos altos), tendrá la exclusividad de los centros de venta y
establecerá un máximo de cigarrillos por persona.

No sólo en América Latina se está observando de cerca lo que sucede
en el Uruguay. También en ciertos sectores como Estados Unidos, donde el
debate ha cobrado fuerza a medida que la sociedad se ha ido corriendo
hacia el liberalismo en materias “sociales”. Ya hay una mayoría a favor
de descriminalizar la marihuana, del mismo modo que la hay a favor del
matrimonio igualitario. El Presidente Obama se ha decantado por esto
último mas no aun por la descriminalización del cannabis. Sin embargo,
su gobierno y en general el Estado federal no han hecho nada hasta el
momento para interferir, como es su derecho, con la decisión de dos
estados, Washington y Colorado, de legalizar la marihuana. Había estados
donde la planta estaba legalizada por razones medicinales, pero es la
primera vez que se la legaliza para uso recreativo.

Como la ley federal tiene preponderancia sobre la legislación de los
estados en materias en que la Constitución no les otorga el derecho
excluyente a legislar, Obama podría impedir que Washington y Colorado
apliquen la ley permisiva. Sin embargo, ha preferido abstenerse. En un
país exhausto de la guerra contra las drogas, en el que la población
penitenciaria alcanza la espeluznante cifra de casi dos millones y medio
de personas y donde la tendencia hacia la permisividad crece en la
opinión pública, esto es fácil de entender. Pero se está lejos aun de
decretar la legalización a nivel federal. La experiencia del Uruguay
será un factor interesante en el análisis norteamericano sobre una
materia en la que han preferido la cautela.

Dicho todo esto, no es seguro todavía que la decisión del Frente
Amplio y el Presidente Mujica prevalezca en el mediano plazo. Dada la
resistencia que ha enfrentado este proceso, el propio Mujica ha dejado
abierta la posibilidad de revertir la decisión, exhibiendo con ello no
tanto una vacilación de conciencia como una intuición sobre el riesgo
electoral. Después de todo, el Frente Amplio quiere ganar un tercer
mandato, probablemente bajo el liderazgo del ex Presidente Tabaré
Vázquez, quien, por cierto, es favorable a la legalización de la
marihuana desde hace mucho tiempo.

Mientras que gobiernos como el de Colombia y los de Centroamérica se
han animado a coquetear con la idea de la legalización, sólo Uruguay se
ha atrevido a dar el paso. De cómo funcione esta medida dependerá que
más temprano que tarde cunda el ejemplo por el continente o la discusión
quede sepultada por mucho tiempo.